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Realeza

The Guardian sobre el Rey Carlos III: la más difícil de las continuaciones

La confianza pública en la monarquía da legitimidad a la institución. ¿Podrá mantenerla el Príncipe de Gales cuando ascienda al trono?

"A nadie con una perspectiva democrática moderna se le ocurriría poner una monarquía por encima de una democracia". Fotografía: PA

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En los “rankings democráticos” del año pasado de Economist Intelligence Unit, cuatro de los cinco puntos de arriba fueron para países en donde la cabeza de estado usa corona. Nadie con una visión moderna de la democracia podría soñar con colocar a una monarquía por encima de una democracia. En la práctica parece funcionar bastante bien. El razonamiento tal vez es que alguien debe tener el poder final de decisión y por ende poner con un sello sus propias opiniones en un régimen democrático. ¿Por qué no un soberano apolítico, nacido en el poder sin importar sus capacidades y cuyas opiniones se mantienen ocultas? Sólo un monarca constitucional, dice la lógica, podría permitir una administración pública sin impedimentos.

Este es uno de los argumentos en un ensayo muy vivaz y republicano de Tom Clark en la revista Prospect de este mes. Utiliza argumentos persuasivos para encoger la corona al tamaño de una monarquía continental. Mr Clark, anteriormente fue editor y escritor de esta columna, dice que sería poco sabía asumir que la institución “puede, o debe, seguir siendo como ha sido hasta Isabel II”. Dice que la corona podría hundirse con un monarca que divida. La realeza depende de la popularidad. La encuesta de YouGov polling de 2020 presentaba el índice de aprobación de Isabel II en 69%, muy por encima de su hijo y príncipe heredero el príncipe Carlos, con sólo 40%. Sólo 7% aprueban al príncipe Andrés, quien poco sabiamente apareció en TV para defender su relación con Jeffrey Epstein.

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La Reina considera que para mantenerse como símbolo de unidad nacional, tiene que seguir sus propios consejos. Aplica el poder suave en privado, lejos del escrutinio público. La cortina sube suavemente. La investigación de The Guardian de principios de este años encontró cuatro ejemplos entre 1968 y 1982 en las que el palacio realizó su labor de cabildeo para alterar la ley, sobre todo para evitar que el monto de su fortuna personal se hiciera pública. Los tratos más recientes se encuentran rodeados de misterio. Los votantes no saben si la Reina expresó alguna preocupación por la prórroga ilegal del parlamento que hizo Boris Johnson en 2019. Se reportó que la monarca buscó apoyo legal sobre el poder que tenía para despedir a Johnson. Una falta de revisiones serias del gobierno es malo para la democracia.

La sucesión hereditaria no es la respuesta para los que quieren mantener el valor del ejecutivo. Hace una década, los ministros cerraron los ojos cuando salió a relucir brevemente el cabildeo del príncipe Carlos durante el gobierno de Tony Blair. Los tories decidieron que lo que The Guardian  había revelado excedía la visión públicamente aceptada del papel del príncipe. No es secreto que tiene opiniones firmes, y que en algunas ocasiones pueden dar lugar a un debate público. Pero utilizar su posición para buscar un cambio en la opinión ministerial claramente es un rompimiento con sus compromisos constitucionales.

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Hay mucha presión dentro del gobierno “para no poner en vergüenza a la Reina” buscando que actúe en contra de su voluntad o empujándola a un punto en donde ella tenga que rechazar consejos o de alguna manera ejercer sus poderes de reserva. Habrá que ver si su sucesor, el rey Carlos III, conserva el mismo nivel de confidencialidad, y se gana el mismo nivel de protección ministerial.

The Guardian
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