Niños y niñas ya tienen acceso a la vacuna Covid-19… pero aún es muy dispar

Cuando Maribel Sánchez leyó que una abogada de Oaxaca logró que un menor de edad fuera vacunado contra el Covid-19 a través de un juicio de amparo, no perdió el tiempo y la buscó en redes sociales. En muy poco tiempo la defensora legal le respondió en Twitter y se ofreció a ayudarla para que su hijo Roberto, un adolescente de 15 años, también fuera inmunizado.

Maribel, su papá y su mamá se vacunaron entre marzo y julio de este año. En cambio, Roberto, por no tener 18 años, no fue considerado por el gobierno federal para ser protegido del coronavirus. Las autoridades argumentan que los más jóvenes no serán inmunizados todavía porque tienen menor riesgo en caso de contraer Covid-19 que un adulto; sin embargo, esto ha llevado a que padres y madres de familia acudan a los tribunales para que los jueces obliguen al Estado mexicano a vacunar a sus hijos e hijas sin importar su edad.

La mamá de Roberto siguió este camino y el pasado 13 de agosto un juez le concedió una suspensión de plano para que el menor fuera protegido contra el Covid-19. El adolescente no tiene ninguna comorbilidad, pero Maribel se mantenía en alerta por el hecho de que hasta el 12 de septiembre por lo menos 702 niños, niñas y adolescentes fallecieron por esta enfermedad.

“Mi hijo era mi única preocupación, el único punto vulnerable de mi familia, pensé en muchas posibilidades, como llevarlo a Estados Unidos, pero esa opción es algo que económicamente muy pocas personas pueden hacer”, dice Maribel. “Que mi hijo tenga una primera dosis de Pfizer aminora la preocupación que teníamos”.

Desde el pasado 24 de agosto se dieron a conocer los primeros casos a nivel nacional de menores de edad vacunados contra el Covid-19 en Baja California gracias a este proceso legal. A principios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se tenía el registro de 250 juicios de amparo promovidos para vacunar a menores de edad, aunque acudir al Poder Judicial no ha significado que en automático los niños y niñas accedan al biológico.

Apenas el pasado martes, el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila, informó de la aplicación de mil dosis de vacunas contra Covid-19 donadas por un gobierno local de EU para aplicarse a adolescentes, hijas e hijos de trabajadores de la industria maquiladora mientras que Nuevo León también realizará una medida similar a partir de la siguiente semana.

Maribel cuenta que tuvo que esperar más de un mes, desde que un juez resolvió a su favor, para que los Servicios de Salud de Oaxaca vacunaran a Roberto. Esto ocurrió apenas el viernes 17 de septiembre a las 11:00 horas en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

La madre del adolescente critica que luego de que el juez le concedió una suspensión de plano a mediados de agosto, los Servicios de Salud del estado y la representante de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, no hicieron un posicionamiento oficial al respecto y tampoco informaron si Roberto, junto con otros 17 menores que también ganaron juicios de amparo, serían vacunados.

“Después de la decisión del juez hubo un vacío, no hubo una contestación oficial y había una resistencia a acatar esta orden judicial“, critica Maribel. “Los niños tienen su derecho de acceso a la salud y el gobierno se los debe garantizar, las autoridades dicen que son el futuro de México y la esperanza del mañana, pero no los protegen”.

La postura de las autoridades de Oaxaca contrasta, por ejemplo, con la adoptada por las de Nuevo León, donde el secretario de Salud de la entidad, Manuel de la O Cavazos, ha celebrado que los jueces resuelvan juicios de amparo de este tipo. Incluso el gobierno nuevoleonés ha publicado una pequeña guía sobre qué se necesita para vacunar a niños, niñas y adolescentes.

Eduardo Ánimas, abogado e integrante del colectivo Justicia Covid, ha experimentado esta disparidades en torno a las vacunas para menores de edad. Él ha tramitado siete juicios de amparo en favor de jóvenes de Nuevo León y Veracruz. En el primer estado hay cuatro procesos pendientes de resolver y en la segunda entidad ya consiguió dos suspensiones de plano, pero las autoridades se han negado a proporcionar la vacuna a los quejosos.

“En Veracruz nos concedieron las suspensiones y hemos tenido el problema de que las autoridades estatales se han negado a dar cumplimiento”, expresa el abogado. “Hicimos una invitación por medio de un comunicado para que se diera el cumplimiento, nosotros hacemos esto sin interés y de manera pro bono, pero no tuvimos respuesta positiva de parte de la Secretaría de Salud”.

Pese a estas resistencias, el gobierno veracruzano vacunó la semana pasada a 12 menores de edad que también interpusieron juicios de amparo, por lo que Ánimas, también socio fundador de A. H. Firma Legal, mantiene la confianza en que sus representados accedan a la vacuna pronto.

“Vacunar a menores no es ningún delito, no estamos pidiendo ningún ilícito”, asevera el defensor legal. “Al contrario, sería un acción que beneficie a los propios ciudadanos y más que nada a los niños que son personas vulnerables hablando del coronavirus”.

Tal fue el caso de Paola y su hijo Bruno, de 15 años, quien recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer el pasado viernes en Veracruz, luego de que su madre promoviera un juicio de amparo en la entidad.

“Realmente cada familia tiene sus situaciones particulares. Nosotros estábamos con la preocupación de poder contar con la protección de la vacuna, porque él va a regresar a sus clases presenciales y nos sentíamos con incertidumbre”, dice. A diferencia de los casos de Oaxaca, la resolución para ella tomó apenas unos 17 días, desde el último día de agosto al pasado viernes. Ya con la aprobación, relata Paola, solo tuvo que cumplir con presentar algunos estudios de laboratorio para valorar su estado de salud y descartar que tenga enfermedades, y con ello recibir la primera dosis de Pfizer, la única hasta ahora que cuenta con aprobación para su uso de emergencia en adolescentes de 12 a 17 años por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde junio pasado.

Su abogado, Amílcar Reyes, del despacho Reyes Sarabia & Abogados que ha llevado este y otros 14 casos, destaca que el recurso se basa en dos derechos garantizados en la Constitución: a la no discriminación en el artículo 1 y a la Salud en el artículo 4. En la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 se establece que la razón por la que no se aplicaba la vacuna a menores de 16 años y especialmente a los pacientes oncológicos era precisamente la falta de ensayos clínicos, mismos que ahora ya están disponibles.

“Afortunadamente los jueces de distrito han emitido la suspensión de plano a cada uno del os amparos que hemos promovido nosotros. Los tribunales colegiados han resuelto nuestros recursos de queja fundados, a nuestro favor e infundados los recursos de queja presentados por las autoridades estatales de Salud y Gobierno”, celebra. Desde el pasado martes 14, algunos jóvenes cuyos padres habían tramitado el recurso comenzaron a recibir la vacuna.

Para poder acceder a los biológicos, los abogados que han ayudado a niños, niñas y adolescentes han argumentado que no vacunar a este sector de la población es un acto de discriminación y se viola su derecho de acceso a la salud. De igual forman han apelado al regreso a clases presenciales, una actividad que podría poner en riesgo a los estudiantes que volverán a convivir con sus compañeros luego de 17 meses de tomar cursos en línea.

Sobre la promoción de amparos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mostró rechazo a esta acción el pasado martes 7 de septiembre al señalar: “Por cada dosis que por acción judicial por estas sentencias de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”.

“Nosotros en este caso no se trata de querer pasar sobre los demás niños o mostrar algún grado de prepotencia. Simplemente como te comentaba un niño de tres años y está dentro del espectro autista, a mí por funcionalidad de mi hogar necesito proteger a todos los demás integrantes por si alguna situación se llega a presentar, me pueda enfocar en mi hijo que realmente es el que más me necesita”, defiende Paola.

En tanto, el pasado 3 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue si hay una campaña o una acción concertada en la promoción de amparos de este tipo en la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

Frente a estas acusaciones, Maribel Sánchez, la mamá de un adolescente vacunado e Oaxaca, asegura que el juicio de amparo que ella promovió no fue parte de ninguna campaña, sino que lo hizo para proteger la salud de su hijo.

“A mí no me están pagando ningún beneficio y ni milito en ningún partido político, somos papás que coincidimos en el amor a nuestros hijos y la preocupación por su salud”, enfatiza.