Ambientalistas confían en que el Poder Judicial actúe con autonomía sobre amparos contra el proyecto el Tren Maya

Ante la posible subordinación de las autoridades ambientales a la Presidencia de la República para apoyar el proyecto del Tren Maya, ambientalistas confían en el Poder Judicial actuará de forma independiente y autónoma.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de forma condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, a pesar de que fue presentada después de haber iniciado las obras y causado el desmonte en cientos de hectáreas.

Con la autorización, las autoridades de Fonatur promovieron el 21 de junio un incidente de modificación de la suspensión definitiva ordenada por el Juez Primero de Distrito en materia de amparo en el estado de Yucatán, el cual había otorgado una suspensión definitiva a finales de mayo debido a que no contaba con la autorización de la MIA y la próxima audiencia constitucional para resolver el amparo se difirió al 28 de julio próximo.

Integrantes del colectivo Sálvame del Tren y organizaciones ambientalistas señalaron que la Semarnat autorizó la MIA en tiempo récord, apenas poco más de 30 días de haber presentado la solicitud y después de haber realizado el desmonte de cientos de hectáreas, cuando por ley debió haberse presentado antes.

Confían en independencia del Poder Judicial

Aarón Siller, director de la oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), confió en que a pesar de que la Semarnat y la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente) y otras instituciones están subordinadas al Poder Ejecutivo existe la separación de poderes y el Poder Judicial es independiente. “Esperemos que se mantenga es autonomía y que actúen basados en derecho”, dijo a La-Lista a inicios de junio.

El abogado de Cemda advirtió que los instrumentos como la MIA y el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales son previos al inicio de los trabajos y que fue por eso que el juez había concedido la suspensión definitiva.

“Lo que se busca y lo que la comunidad que nos ha solicitado el apoyo para promover estos amparos es buscar, en la medida de lo posible, garantizar el derecho a un medioambiente sano y al agua. Es evidente que han iniciado ya obras. Lamentablemente lo han hecho sin contar con las autorizaciones de los instrumentos ambientales como la MIA  (…) un requisito básico para la planeación y para identificar los posibles impactos medioambientales”, comentó en entrevista este mes.

“Hacerlos una vez iniciada la obra ya es inviable porque ya hay impacto, ya no se puede hacer una prevención adecuada porque ya hay obra, ya hay un desmonte. Entonces, esto es ilegal o debería considerarse ilegal, lo que correspondería es que la Profepa sancione las obras, las clausure por haber iniciado sin permiso”, dijo.

El abogado Aarón Siller habló sobre la larga batalla legal que han emprendido a solicitud de varios ciudadanos desde el inicio de la obra en la Selva Maya y las dilaciones que ha habido en el Poder Judicial debido a la falta de claridad sobre quién era competente para resolver los amparos.

Además, extraviaron el legajo de pruebas de uno de los amparos en el traslado de un tribunal a otro y, con ello, se perdió también documentación importante para el juicio.

Cemda es una de las organizaciones ambientales que ha promovido cinco amparos a solicitud de ciudadanos en contra del megaproyecto. Uno de ellos es contra el tramo al tres; dos amparos contra el tramo cinco, y dos más contra toda la obra, de los cuales cuentan con dos suspensiones provisionales, por lo que el amparo promovido por Dmas, el cual obtuvo la suspensión definitiva en mayo pasado, no es el único.