Guacamayaleaks
El hackeo realizado a la Sedena por el colectivo Guacamaya dio de qué hablar toda la semana, pero el presidente AMLO siguió minimizando el tema.
Según la información filtrada, la Sedena tenía conocimiento de la venta de armas a grupos criminales desde el 2019.
En 2017, el Ejército elaboró una lista de “actores adversos” que cuestionaban al gobierno por el caso Ayotzinapa.
El 27 de noviembre se pidió apoyo médico “de urgencia y traslado” para el secretario particular de AMLO, quien fue dado de alta en tres días.
Que el Ejército tenga un equipo de monitoreo (espionaje), incluso si fuera Pegasus, podría ser parte de una actividad de inteligencia legítima pero solo cuando haya orden de un juez y se justifique para combatir delitos.
Los documentos de las filtraciones de los hackers Guacamaya no precisan si el general conservó los regalos, los devolvió o dio cuenta de ellos a la Secretaría de la Función Pública.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha quedado exhibido en un aspecto muy delicado de su operatividad.
El presidente se comprometió a que en su gobierno ni una persona sería espiada, pero el Ejército parece estar anquilosado en las mismas prácticas opacas del pasado al espiar a los movimientos que solo exigen justicia, igualdad y libertad.
Los legisladores enfatizaron en la necesidad de reforzar la ciberseguridad de la Sedena para que no se ponga en riesgo la seguridad del país.
Hay más muertes de militares en operaciones y actos de servicio que las reportadas por arma de fuego, según informes del Ejército.