Renuncia gobierno de Países Bajos por escándalo en ayuda a menores
Foto: Richard van Elferen/ Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

El gobierno holandés renunció en medio de un gran escándalo por el manejo de recursos para el cuidado de los niños en el que más de 20,000 familias fueron acusadas de fraude por parte de las autoridades.

La renuncia en bloque se hizo a menos de un mes de que el parlamento se disolviera para realizar elecciones generales el 17 de marzo.  El gabinete del primer ministro se quedará en su capacidad de guardián hasta que una nueva coalición se forme tras la elección.

“El gobierno no estuvo a la altura durante todo este asunto”, dijo Rutte en conferencia de prensa. “Se cometieron errores en todos los niveles de gobierno y el resultado es una terrible injusticia para miles de padres de familia”.

La responsabilidad política del escándalo recae en el gabinete actual, dijo, que decidió colectivamente que no tenía otra opción que renunciar. “No podemos permitir que algo tan terrible suceda nuevamente”, dijo Rutte.

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El primer ministro, quien ha encabezado tres gobiernos de coalición desde 2010, dijo que el gobierno seguirá a cargo del manejo de la crisis por el coronavirus. Se mantendrá un confinamiento estricto en los Países Bajos al menos hasta el 9 de febrero y se está considerando el toque de queda.

Las encuestas sugieren que el Partido Popular por la Libertad y la Democracia de Rutte ganará un cuarto período ya que la gente sigue apoyándolo. El partido de centro derecha está en camino con menos del 30% de los votos, más del doble de lo que se anuncia para el segundo lugar, el Partido de la Libertad de Geert Wilders que se opone al islam.

“Esto no va a afectar las encuestas del gobierno en el poder”, dijo Rem Kortewer del centro de estudios Clingendael. “El ministro encargado del esquema de subsidios para los niños está en la oposición y ya renunció y se está culpando a los funcionarios públicos de la oficina de impuestos. El gobierno está asumiendo la responsabilidad pero a un bajo costo político.

Cerca de 26 mil padres fueron acusado por las autoridades holandesas de solicitar de manera fraudulenta ayuda para el cuidado de los niños durante varios años a partir de 2012, y casi 10,000 familias tuvieron que pagar decenas de miles de euros, lo que en algunos casos los llevó al desempleo, a la bancarrota o al divorcio.

La oficina de impuestos admitió el año pasado que al menos 11,000 familias fueran sometidas a un escrutinio especial a causa de su origen étnico o por su doble nacionalidad, lo que incrementó las acusaciones de que hay racismo sistémico en los Países Bajos.

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Orlando Kadir, un abogado que representa a 600 familias, dijo que las personas fueron objeto de investigación “como resultado de un perfilado étnico por parte de los burócratas que seleccionaron nombres que parecían extranjeros”. El gobierno se disculpó por los métodos de la oficina de impuestos y destinó más de 500 millones de euros para compensar a las familias con cerca de 30,000 euros para cada uno.

La renuncia del gabinete se da después de un reporte parlamentario que los condena, Justicia sin precedentes, que se publicó el mes pasado y que concluye que “se violaron los principios fundamentales del respeto a la ley”.

El presidente del comité investigador, Chris van Dam, denunció al sistema por “un proceso masivo sin criterio”. Ministros, miembros del parlamento, funcionarios públicos y jueces llevan a cuestas la misma responsabilidad, dice el reporte, que critica severamente al gobierno por la forma en que presentaron la información al parlamento.

El líder opositor del Partido del Trabajo, Lodewijk Asscher, que era ministro de asuntos sociales en el gobierno anterior renunció el jueves tras aceptar que el sistema había fallado y que “había hecho que el gobierno se convirtiera en enemigo de su gente”.

Veinte de las familias tomaron medidas legales en contra de Asscher y de los ministros de tres partidos de la coalición que renunció, alegando negligencia criminal a causa de una falla de gobierno, discriminación racial y violación de los derechos de los niños.

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