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Derechos Humanos

Los grupos de derechos humanos piden el fin de la vigilancia digital a los migrantes

La administración Biden y la agencia de migración vigila a más de 96 mil migrantes utilizando tácticas que ‘inhiben el progreso’.

La administración Biden está bajo una creciente presión para corregir los errores de las políticas de inmigración de la administración Trump. Foto: Frederic J Brown / AFP / Getty Images

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Los grupos de derechos humanos piden a la administración Biden y al Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés), que pongan fin al programa de vigilancia digital que rastrea a casi 100 mil migrantes.

Un nuevo reporte llamado Ice Digital Prisons, realizado por la organización latina Mijente y por el grupo de derechos legales de migración Just Futures Law, hace énfasis en que el ICE utiliza aplicaciones, monitores con GPS en el tobillo y software de reconocimiento facial para rastrear a la gente y dice que estas tácticas “hacen más daño e inhiben cualquier progreso para proporcionar herramientas sociales y económicas a migrantes para que prosperen en sus comunidades”.

El reporte dice que el uso de esas tecnologías hace ver como criminales a los migrantes y afecta su bienestar social y económico.

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La administración Biden está bajo presión para enmendar los daños que las políticas de migración de la administración Trump y dejar a las familias fuera de los centros de detención. Una de sus soluciones es la de enfatizar la importancia de financiar métodos digitales para rastrear a los migrantes en lugar de mantenerlos físicamente en prisión. El programa de alternativas digitales ha crecido en años recientes, y los fondos han aumentado de 28 millones en 2006 a 440 millones en 2021.

Las “alternativas para la detención” rastrean a 96,574 individuos, pero el presupuesto de la administración Biden solicita que se aumente esa cantidad entre 45 mil y 140 mil pesos.

Estas alternativas “dan apoyo a los migrantes mientras navegan por sus obligaciones legales”, dijo la administración Biden, y se supone que son alternativas menos dañinas que la detención física. Pero Julie Mao, abogada de migración de Just Futures Law y editora del reporte, dice que no es así.

“Hay muchas formas en las que los monitores de tobilleras lastiman física y emocionalmente a las personas”, señaló. “Es un estigma traer un monitor en el tobillo, provoca heridas, y tiene que cambiarse con frecuencia. Tener eso puesto las 24 horas del día provoca tensión en la gente”.

Además de los monitores de tobillo, los migrantes tienen que aceptar visitas no programadas a sus casas y visitas a las oficinas, pasar lista con los funcionarios de migración por medio de una aplicación del teléfono móvil o alguna combinación de estas tres como parte del programa.

Una de las aplicaciones, SmartLINK, tiene como requisito que los migrantes pasen lista subiendo una selfie para reconocimiento facial mientras confirman su ubicación. La aplicación “genera una serie de preocupaciones en cuanto a privacidad y vigilancia”, dice el estudio, ya que tiene la capacidad de monitorear la ubicación del usuario en tiempo real.

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A pesar de ser una alternativa, el reporte indica que en muchos casos, la supervisión digital pueden dar lugar a una detención real debido a equivocaciones menores al manejar la aplicación o por temas de tecnología por el registro que se pide del migrante.

EL ICE, en algunos casos, utiliza la información de las alternativas a los centros de detención para rastrear a los migrantes para arrestarlos. En 2019, la información histórica de los monitores de tobillo se usó para realizar una redada en Koch Foods en Mississippi, que resultó en el arresto de más de 600 personas.

“Los legisladores y los abogados tienen que rechazar el llamado para invertir en alternativas carcelarias a los centros de detención y enfocarse en soluciones que le pongan fin a todas las formas de vigilancia de migrantes y su detención”, indica el reporte.

The Guardian
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