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Uruguay, a la alza en número de muertes por Covid-19 a pesar de un buen manejo inicial de la pandemia

El país alcanzó el índice más alto de muertes en América Latina después de que el gobierno de centro derecha abandonó las restricciones sociales.

Enfermeras y doctores observan a los trabajadores de la morgue mientras retiran los cuerpos de tres pacientes que murieron por Covid-19 el mismo día en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado en Montevideo. Foto: Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images

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Enrique Soto, un experto cardiólogo de 65 años en Uruguay sabía que corría un gran riesgo de contraer Covid-19. Su hijo Marco de 40 años se lo advirtió también, pero Soto dijo que no podía abandonar a sus pacientes.

Cuando Soto murió, al principio de la segunda ola de Covid-19 de Uruguay, su muerte se convirtió en un símbolo del desastre que se desató en los últimos meses en el pequeño país de América del Sur.

En un principio se elogió a Uruguay por la respuesta modelo a la pandemia, pero sus políticas más recientes han dado lugar a uno de los peores índices de infecciones debido al empeño del gobierno de evitar restricciones.

Todo esto dejó al país de 3.5 millones de habitantes que en junio del año pasado jugaba con la idea de declararse libre de Covid-19 preguntándose qué salió mal y sirviendo de ejemplo para otros países.

Según los expertos, la situación es fruto de una decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de abandonar una exitosa política de restricciones sociales en favor de un régimen mucho más permisivo que depende exclusivamente de la vacunación.

La consecuencia fue el brote que hizo que el país alcanzara cifras récord de 1 contagiado en cada 100 habitantes, y un índice de muertes de 50 diarias, que se mantienen en números altos.

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Eso representa el quinto índice de mortalidad más alto del mundo con 20.64 por cada 100 mil personas en dos semanas, y el más alto de América Latina.

El motivo, dicen los expertos, es una combinación de factores, desde el exceso de confianza y los errores políticos en torno a la vacunación, así como la cercanía a Brasil, en donde se desarrolló una variante más contagiosa.

Lo más impresionante para varios es el contraste en la respuesta del gobierno de centro derecha durante los primeros días de la pandemia y con el actual desastre.

En marzo pasado, después del primer caso de coronavirus detectado, el presidente recién electo anunció el cierre de algunas fronteras.

Lacalle Pou canceló los eventos públicos y cerró el sistema de educación, los bares, los centros comerciales, los encuentros deportivos y los servicios religiosos colectivos. Los uruguayos se quedaron en casa y se inició un sistema de pruebas y rastreo de casos.

Para junio, Uruguay consiguió varios días seguidos sin infecciones.

Durante la reciente ola, sin embargo, el presidente rechazó el llamado a un confinamiento nacional haciendo alusiones a un “estado policial” en un país en donde la dictadura militar terminó en 1985.

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Lacalle Pou, al igual que algunos republicanos en Estados Unidos y los políticos conservadores británicos, insiste en la importancia de la “libertad responsable”. Insistió que la estrategia de vacunación, que apenas comenzó en marzo, sería suficiente y rechazó el llamado del grupo de asesores científicos del país para reintroducir el distanciamiento social.

Todo esto ha sido duramente criticado por los profesionales de la salud que trabajan en primera línea. Después de realizar su turno en un hospital de Montevideo, el doctor de cuidados intensivos Gustavo Grecco resumió el problema: “El gobierno dejó de escuchar a la ciencia, a su grupo de asesores científicos, a sus doctores, a las universidades. Desde febrero el gobierno se divorció totalmente de las recomendaciones de la comunidad científica”.

Sin embargo, el ministro de salud, Daniel Salinas, rechazó este análisis e insistió en que en lugar de ver las terribles cifras del actual brote los observadores deberían enfocarse en la experiencia de Uruguay a lo largo de toda la pandemia.

“Cuando la gente se preocupa sobre el índice de mortalidad en Uruguay”, le dijo a The Guardian, “deberían revisar todo el panorama y no sólo una parte, en la que se dice que somos el peor país del mundo por 14 días”.

Salinas insiste en que la campaña de vacunación funciona bien, ya que el 60% recibió ya una dosis pero otros observadores indican que el objetivo de vacunar totalmente al 80% no se va a conseguir sino hasta octubre, cuando muy pronto.

“Tenemos vacunados al 43% de la población con dos dosis”, resaltó el doctor Álvaro NIggemeyer, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos de Montevideo con pacientes de Covid-19.

“Esos son cerca de 1,490,000 personas de 3.6 millones en momentos en que la variante P1 circula y es muy contagiosa.”

“Tenemos fronteras también por las que puede colarse la variante Delta y nos estamos comportando como si el problema estuviera resuelto porque ya estamos vacunando.”

“Mi mensaje es que tenemos 2,100,000 uruguayos inmunizados. Tenemos una alta circulación viral y tenemos una variante circulando con mayor mortalidad en los jóvenes

Tal vez por esa razón resulta inevitable que el manejo de Lacalle Pou de la crisis despertara las críticas de los rivales políticos.

“El presidente nos dijo en una reunión que no creía en reducir la movilidad social. Comentó que no creía que se respetaran esas medidas”, señaló el senador Mario Bergara, miembro del partido de izquierda Frente Amplio y exministro de finanzas.

“Eso es por el hecho de que según la comunidad científica tres semanas de restricciones significativas hubieran ayudado a reducir las infecciones y las muertes, todo lo cual nos lleva a decir que se pudieron prevenir las muertes en Uruguay”.

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Entre los que parecen haber perdido la confianza en la estrategia del gobierno, están los miembros de GACH, un grupo de asesores científicos que dice que el presidente del país ignoró continuamente sus consejos, lo que provocó que el grupo se retirara.

“La proporción de nuestras recomendaciones que el gobierno toma en cuenta cambió desde el principio de la pandemia”, declaró Arturo Briva, profesor de medicina de pacientes críticos y miembro del grupo.

“Tenemos que asumir que el gobierno está tomando en cuenta otros asuntos cuando toma las decisiones, pero yo digo la verdad cuando veo los resultados clínicos y creo que podemos tener mejores resultados con una reducción de movilidad”.

Para el hijo de Enrique Soto, Marcos, que es académico, el rechazo del gobierno a seguir consejos médicos y científicos es doblemente doloroso debido a la muerte de su padre.

“En mi vida profesional yo creo y confío en los que tienen un conocimiento de especialista para la toma de decisiones. Me cuesta creer que no haya nada más que hacer para evitar más muertes. ¿Estamos seguros de que hemos hecho todo? Estas son las preguntas que deben hacerse”.

The Guardian
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