Pegasus: la filtración del software espía sugiere que abogados y activistas están en riesgo en todo el mundo
Desde la izquierda, activista Loujain al-Hathloul, abogado francés Joseph Breham y el activista indio Umar Khalid, cuyos números aparecen en los datos filtrados. Foto compuesta: Reuters/EPA/Alamy

Una filtración de datos telefónicos señala que abogados de derechos humanos, activistas y disidentes de todo el mundo fueron seleccionados como posibles blancos de vigilancia invasiva a través de sus celulares.

Sus números telefónicos aparecieron en los registros filtrados, lo que indica que fueron elegidos antes de una posible vigilancia de clientes gubernamentales de la empresa israelí NSO Group, que desarrolló el software espía Pegasus.

Los registros fueron obtenidos por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories y compartidos con un consorcio de medios informativos, incluido The Guardian.

NSO ha dicho repetidamente que Pegasus, el cual puede acceder a toda la información de un dispositivo, así como activar la grabadora de audio o video, está diseñado solo para ser utilizado contra terroristas y criminales peligrosos.

La selección de activistas, disidentes y periodistas por parte de los clientes de NSO pinta una imagen muy diferente, aunque los activistas dirán que era sombríamente predecible dado que la herramienta se ha vendido a algunos de los regímenes más represivos del mundo.

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Los activistas en riesgo de ser vigilados

En Azerbaiyán, donde el antiguo dictador Ilham Aliyev tolera poca disidencia, numerosos activistas aparecen en la información. Algunos encontraron su correspondencia personal o fotografías íntimas publicadas en línea o en televisión.

Los números telefónicos de seis opositores o activistas en el país, cuya correspondencia privada fue presentada en un escandaloso programa de televisión en 2019, están enlistados en los registros filtrados.

Las activistas mujeres con frecuencia son atacadas con material sexual comprometedor. En un caso particularmente atroz en 2019, las fotografías íntimas de la activista de la sociedad civil y periodista Fatima Movlamli, en ese entonces de 18 años, fueron filtradas en una página falsa de Facebook.

No está claro cómo se obtuvieron las fotografías, y Movlamli cree que la policía accedió a su información personal cuando le confiscaron su celular durante un interrogatorio violento y la forzaron a desbloquearlo. Su número también se encontraba en los registros obtenidos por el consorcio.

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La activista azerbaiyana Fatima Movlamli. Foto: c/o Fatima Movlamli

“A una edad en la que aún me di cuenta del todo que era mujer, me avergonzaba tener un cuerpo femenino y que las personas lo vieran desnudo”, comentó Movlamli. Describió la experiencia como “difícil de soportar” y dijo que la llevó a tener pensamientos suicidas. “En este país, las mujeres están condenadas a vivir dentro de los límites de lo que quieren los hombres, y pueden linchar a una mujer solo porque ven su cuerpo”.

Sin el análisis forense del dispositivo, no es posible confirmar un intento exitoso de Pegasus o una infección. Movlamli afirmó que regularmente reinicia su teléfono o cambia de dispositivo, así que no fue posible realizar un análisis.

En India, en la información se encontraron varios números de activistas.

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El activista estudiantil de India Umar Khalid, quien fue arrestado el año pasado y está en la cárcel a la espera de un juicio. Foto: Rajat Gupta/EPA.

Umar Khalid, estudiante activista de la Universidad Jawaharlal Nehru en Delhi y líder de la Unión de Estudiantes Democráticos, fue seleccionado antes de un posible ataque a finales de 2018, poco antes de que se presentaran cargos de sedición en su contra. Fue arrestado en septiembre de 2020 acusado de organizar disturbios, y la policía afirmó que la evidencia en su contra incluía más de un millón de páginas de información obtenida de su celular, sin dejar en claro cómo obtuvieron la información. Está en la cárcel esperando su juicio.

Los números de celulares de escritores, abogados y artistas que defienden los derechos de las comunidades indígenas y de las castas indias también se encontraban en la información. Los integrantes de la red han sido arrestados durante los últimos tres años y les han presentado cargos de delitos terroristas, incluyendo la conspiración del asesinato del primer ministro de India, Narendra Modi. En la red se incluyó a un sacerdote jesuita de 84 años, Stan Swamy, quien murió este mes después de contagiarse de Covid-19 en la prisión.

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Los registros muestran a varias personas acusadas de ser cómplices de Swamy, incluyendo a Hany Babu, Shoma Sen y Rona Wilson, quienes fueron elegidos como posibles blancos en los meses anteriores y años posteriores a sus arrestos.

Los registros muestran que varias personas acusadas de ser cómplices de Swamy, incluidos Hany Babu, Shoma Sen y Rona Wilson, fueron seleccionadas como posibles objetivos en los meses anteriores y años posteriores a sus arrestos.

Loujain al-Hathloul, una de las activistas por los derechos de las mujeres más destacada en Arabia Saudita, fue elegida como posible blanco solo semanas antes de su secuestro en 2018 en los Emiratos Árabes Unidos y forzada a regresar a Arabia Saudita, donde la encarcelaron por tres años y presuntamente la torturaron. Se cree que Hathloul fue elegida por los Emiratos Árabes Unidos, un cliente conocido de NSO y aliado cercano de Arabia Saudita.

A pesar de ser liberada de la cárcel en febrero de 2021, la activista saudita no tiene permitido hablar con los periodistas o desplazarse con libertad dentro de Arabia Saudita y todavía está sujeta a una restricción de viaje. No se pudo obtener o analizar su celular para tener evidencia sobre si lo habían infectado o habían accedido a él.

Hathloul había revelado con anterioridad que habían accedido a sus correos electrónicos. “Mi suposición es que la atacaron para conocer las redes de personas con las que se estaba organizando”, dijo Hala al-Dosari, una activista saudita ubicada en Estados Unidos quien se comunicó con Hathloul antes de su arresto en2018.

Dosari dijo que las autoridades sauditas habían obtenido información no pública a través de pagos diarios de aproximadamente 50 euros (unos mil 200 pesos) por día que se le habían hecho a Hathloul en relación con su defensa, posiblemente a través de su teléfono móvil.

En México, los datos muestran una amplia selección de activistas, abogados y defensores de derechos como posibles blancos, incluyendo a Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, un juez que fue el presidente de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, y Alejandro Solalinde, sacerdote católico y defensor de los derechos de los migrantes.

Solalinde dijo que creía que el anterior gobierno mexicano estaba “buscando algo que dañara mi reputación y pudiera usar para chantajearme” debido su apoyo a un rival político, y dijo un exagente de la Agencia Nacional de Inteligencia (Cisen) le había advertido que estaba bajo vigilancia.

Solalinde dijo que creía que el gobierno mexicano anterior estaba “buscando algo para dañar mi reputación y usarlo como chantaje” debido a su apoyo a un rival político, y dijo que un exagente del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) le había advertido que era bajo vigilancia .

John Scott-Railton, de Citizen Lab, que publicó un reporte sobre el ataque al activista emiratí Ahmed Mansoor con Pegasus en 2016, dijo: “Los ataques contra los disidentes (deberían) estar en la misma caja mental que los ataques contra los jefes de Estado, embajadores, así como grandes corporaciones y contratistas de defensa”.

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Los abogados en riesgo de vigilancia

Los abogados también aparecen en gran medida en los datos filtrados.

Rodney Dixon, un destacado abogado ubicado en Londres, quien ha tomado numerosos casos de derechos humanos de gran repercusión mediática, fue elegido como objetivo para atacar en 2019. El análisis forense de su dispositivo mostró actividad relacionada con Pegasus, pero no una infiltración exitosa.

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Rodney Dixon fue elegido como objetivo en 2019. Foto: Jekesai Njikizana/AFP/Getty imágenes

Entre sus clientes se encuentran Matthew Hedges, estudiante británico encarcelado en los Emiratos Árabes Unidos, y Hatice Cengiz, la prometida del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi. Ella también fue atacada con Pegasus, con el análisis forense mostrando evidencia de una infiltración exitosa.

Dixon comentó: “Nadie debería ser atacado de esta manera. Para los abogados es particularmente preocupante, ya que viola los principios fundamentales de privilegio y confidencialidad entre abogado-cliente, los cuales son fundamentales para procedimientos justos y equitativos”.

El análisis forense en el celular del abogado francés de derechos humanos Joseph Breham muestra que fue atacado en múltiples ocasiones con Pegasus en 2019, y los registros filtrados señalan que había sido elegido previamente como blanco potencial por parte de Marruecos.

“No hay justificación posible para que un Estado extranjero escuche a un abogado francés. No hay justificación a nivel legal, ético o moral”, declaró.

También aparecieron en la información filtrada los números de dos abogados que están presentado una demanda contra NSO en representación de Omar Abdulaziz, un exiliado saudí que vive en Canadá. Abdulaziz fue un colaborador cercano y amigo de Khashoggi.

El análisis de los celulares de los dos abogados no encontró evidencia de algún intento de uso del programa Pegasus en contra de ellos.

“No solo atacan a personas por sus actividades políticas, sino que estas (víctimas) buscan algún tipo de rendición de cuentas, irán tras las personas que las ayudan”, dijo uno de los abogados, quien pidió permanecer en anonimato.

Un vocero del gobierno de India dijo: “Las acusaciones sobre la vigilancia del gobierno de personas especificas no tiene bases concretas o veracidad asociada con ello de ninguna manera”. Los gobiernos de Marruecos, Azerbaiyán y México no respondieron a la petición de comentarios al momento de la publicación.

NSO Group ha declarado que terminará contratos con los clientes que hagan mal uso de Pegasus. En una respuesta al consorcio, negó que los registros filtrados fueran evidencia de ataques hechos con Pegasus y afirmó que: “continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función del resultado de estas investigaciones”.

El uso de programas de espionaje y piratería informática en un país como Azerbaiyán, donde poner en peligro a los activistas parece ser una política del gobierno, puede tener un efecto aterrador no solo en aquellos que son blancos, sino en toda la sociedad.

Samed Rahimli, un abogado de derechos humanos de Azerbaiyán, cuyo número apareció en la información, comentó que el uso de material comprometedor había dificultado la vida para los activistas del país, especialmente de las mujeres activistas. “Muchas personas tienen miedo de vivir sus vidas personales de una forma normal. Muchos también enfrentan problemas psicológicos y han buscado apoyo profesional.

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