El comisionado de la UE solicita medidas urgentes contra el programa espía Pegasus

La Unión Europea (UE) debe legislar rápidamente para proteger mejor los derechos de los activistas, periodistas y políticos a raíz del escándalo del programa espía Pegasus, y se debe procesar a los autores de intervenciones ilegales, declaró el comisionado de Justicia del bloque en el Parlamento Europeo.

Didier Reynders expresó a los eurodiputados que la Comisión Europea “condena completamente” los supuestos intentos de los servicios de seguridad nacionales de acceder de forma ilegal a la información de los opositores políticos a través de sus teléfonos.

Señaló: “Es necesario investigar exhaustivamente cualquier indicio de que se produjo tal intrusión en la privacidad, y llevar ante la justicia a todos los responsables de una posible filtración. Esto es, por supuesto, responsabilidad de todos y cada uno de los Estados miembros de la UE, y confío en que, en el caso de Pegasus, las autoridades competentes examinarán exhaustivamente las acusaciones y restaurarán la confianza“.

Añadió que el poder ejecutivo de la UE continuaba prestando atención a la investigación realizada por la autoridad húngara de protección de datos sobre las afirmaciones de que el gobierno de extrema derecha de Viktor Orbán fue uno de los que atacó a periodistas, propietarios de medios de comunicación y figuras políticas de la oposición mediante el programa espía invasivo Pegasus.

Reynders dijo que, como lo confirmó el tribunal de justicia europeo, los gobiernos no pueden “restringir la confidencialidad e integridad de las comunicaciones”, excepto en escenarios “muy estrictamente limitados”.

Pero añadió que una normativa de privacidad de la UE que está pendiente endurecerá aún más las normas, y pidió a los eurodiputados y a los Estados miembros que acordaran urgentemente los detalles de esa nueva ley en vista del escándalo del programa espía.

Reynders declaró: “Varios informes demostraron que algunos servicios de seguridad nacionales utilizaron el programa espía Pegasus para tener acceso directo a los ciudadanos, a los equipos, incluso a los opositores políticos y los periodistas”.

“Permítanme decir desde el principio que la comisión condena completamente cualquier acceso ilegal a los sistemas o cualquier tipo de intervención o intercepción ilegal de las comunicaciones de los usuarios de la comunidad. Es un delito en toda la Unión Europea“.

Un consorcio de 17 medios de comunicación, entre ellos The Guardian, reveló en julio que clientes mundiales de la empresa israelí de vigilancia NSO Group utilizaron un programa informático de hackeo para atacar a activistas de derechos humanos, periodistas y abogados.

La investigación se basó en el análisis forense de los teléfonos y en el análisis de una base de datos filtrada de 50 mil números, entre ellos el del presidente francés, Emmanuel Macron, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, junto con otros jefes de Estado y altos funcionarios gubernamentales, diplomáticos y militares, en 34 países.

Reynders, exministro de Justicia belga, habló al inicio de un debate en el Parlamento Europeo sobre el escándalo.
Sophie In ‘t Veld, eurodiputada holandesa del partido liberal D66, comentó que la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la que es miembro destacado, iniciará una investigación sobre el uso de Pegasus en la UE.

“Queremos total claridad y honestidad ahora”, afirmó. “La Comisión Europea niega haber tenido cualquier contacto con la empresa, pero me cuesta creerlo. Por iniciativa nuestra, (la comisión) iniciará una rápida investigación sobre las acusaciones”.

El mes pasado, la autoridad húngara de protección de datos, la NAIH, informó que había iniciado una investigación oficial sobre las acusaciones relacionadas con el uso del programa Pegasus por parte del gobierno húngaro.

En una lista filtrada, revisada por el consorcio de periódicos Pegasus, aparecieron al menos cinco periodistas húngaros. En la lista también apareció el número del político de la oposición György Gémesi, alcalde de la ciudad de Gödöllő y jefe de una asociación nacional de alcaldes.

La ley húngara establece que, en los casos en los que la seguridad nacional se encuentra en juego, los servicios de inteligencia pueden ordenar operaciones de vigilancia sin supervisión judicial, solo con la firma del ministro de Justicia.

La ministra de Justicia húngara, Judit Varga, se negó a comentar, pero señaló que “todos los países necesitan estas herramientas“.

In ‘t Veld agregó: “Los periodistas, políticos y activistas deben ser capaces de realizar su trabajo sin que un gobierno cada vez más autoritario los espíe. Si se demuestra lo contrario, esto constituye una violación masiva a las libertades civiles”.

Gwendoline Delbos-Corfield, eurodiputada del partido Europe Ecologie Les Verts, comentó: “Hasta ahora, el gobierno húngaro no ha reaccionado a las revelaciones del proyecto Pegasus. No se ha llevado al debate público ni la transparencia ni la responsabilidad“.

NSO negó que la inclusión de un número en la lista filtrada indicara que fue seleccionado para ser vigilado. “La lista no es una lista de objetivos o posibles objetivos de Pegasus”, señaló la empresa. “Los números en la lista no están relacionados con NSO Group de ninguna forma“.

Varios eurodiputados de Cataluña también destacaron la supuesta selección de políticos locales mediante el programa espía, alegando la implicación del gobierno español.

Líderes actuales y anteriores del gobierno pro-independencia de Cataluña solicitaron una investigación sobre lo que se describió como un “posible caso de espionaje político doméstico” en Europa.

El año pasado, una investigación conjunta de The Guardian y El País determinó que los teléfonos móviles de al menos cinco miembros del movimiento de independencia regional, incluido el presidente del Parlamento catalán, fueron objetivos.

NSO es una empresa de vigilancia israelí regulada por el Ministerio de Defensa del país, el cual aprueba la venta de su tecnología de espionaje a clientes gubernamentales de todo el mundo.

La empresa afirma que solo la vende a las fuerzas militares, policiales y de inteligencia de 40 países no identificados con el fin de investigar el terrorismo y la delincuencia.

Además, afirma que investiga rigurosamente los antecedentes de sus clientes en materia de derechos humanos antes de permitirles utilizar sus herramientas de espionaje. NSO asegura que “no opera los sistemas que le vende a los clientes gubernamentales investigados, y no tiene acceso a la información de los objetivos de sus clientes”.