EU propone medidas drásticas contra los ‘facilitadores’ financieros a raíz de los Pandora papers
Los Pandora papers revelan que un grupo de estados de Estados Unidos, encabezados por Dakota del Sur, constituyen una competencia cada vez mayor para otros paraísos fiscales más tradicionales, como las Bahamas. Foto: Loïc Venance/AFP/Getty Images

Los legisladores estadounidenses proponen una legislación que obligaría a las instituciones fiduciarias, a los abogados y a otros intermediarios financieros a investigar a los clientes extranjeros que deseen trasladar dinero y activos al sistema financiero estadounidense.

El proyecto de ley bipartidista se propuso a raíz de los Pandora Papers, una filtración de 11.9 millones de archivos de 14 distintos proveedores de servicios offshore de todo el mundo que revelaron cómo la élite mundial utiliza los paraísos fiscales para evitar legalmente el pago de miles de millones en impuestos, y cómo se aprovechan cada vez más de las leyes liberales sobre fideicomisos de Estados Unidos.

Los Pandora papers revelan cómo un grupo de estados de Estados Unidos, encabezados por Dakota del Sur, constituyen ahora una competencia cada vez mayor para otros paraísos fiscales más tradicionales, como las Bahamas, las Islas Caimán y Suiza.

Un análisis de la filtración realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el Washington Post reveló que en Dakota del Sur se habían creado aproximadamente 30 fideicomisos que poseían activos relacionados con personas o empresas acusadas de corrupción, abusos de los derechos humanos u otras infracciones.

Tras una serie de liberalizaciones, los fideicomisos de Dakota del Sur gozan de algunas de las protecciones legales más poderosas del mundo contra impuestos, acreedores y otros demandantes, y poseen 367 mil 000 millones de dólares en activos, en comparación con los 75 mil 500 millones de dólares de 2011.

La legislación propuesta, la Establishing New Authorities for Business Laundering and Enabling Risks to Security (Enablers) Act (Ley de Establecimiento de Nuevas Autoridades para el Lavado de Empresas y la Habilitación de Riesgos para la Seguridad) exigiría al Departamento del Tesoro la creación de nuevas normativas de diligencia debida para los intermediarios estadounidenses que faciliten el flujo de activos extranjeros hacia Estados Unidos.

La ley actualizaría la Ley de Secreto Bancario, de 51 años de antigüedad, que obliga a los bancos a investigar a sus clientes y el origen de su riqueza, pero que había excluido a las instituciones fiduciarias, contadores, abogados y otros profesionistas.

En una inusual muestra de bipartidismo, la legislación está respaldada por los congresistas demócratas Tom Malinowski, de Nueva Jersey, y Steve Cohen, de Tennessee, así como por los congresistas republicanos María Elvira Salazar, de Florida, y Joe Wilson, de Carolina del Sur.

“Si obligamos a los bancos a informar sobre el dinero sucio, pero permitimos que las firmas de abogados, inmobiliarias y contables lo ignoren, se crea un vacío legal por el que los delincuentes y cleptócratas pueden navegar en un yate”, dijo Malinowski en un comunicado. “Nuestro proyecto de ley elimina ese vacío legal y exhorta a la administración a avanzar en la misma dirección”.

“Los adversarios estadounidenses, desde China hasta Irán y Rusia, se han aprovechado de los facilitadores estadounidenses de la cleptocracia, abogados y contadores sin escrúpulos, entre otros, para introducir su dinero sucio en nuestro sistema, intentando socavar nuestra república desde dentro”, comentó Wilson.

“Si tomamos con seriedad la lucha contra la dictadura, necesitamos que los profesionistas estadounidenses realicen la más elemental diligencia debida”, dijo.

La medida de Estados Unidos es la más reciente de una serie de medidas enérgicas emprendidas a raíz de las revelaciones de los Pandora papers. Las autoridades en al menos ocho países han anunciado investigaciones tras la publicación de los artículos.

El viernes, los miembros del Parlamento Europeo votaron a favor de endurecer las normas que permiten que los súper ricos trasladen su riqueza a otros países.