Regular la medicina tradicional en México ‘podría violar los derechos’

La propuesta de ley que otorgaría al Estado mexicano la autoridad para regular y controlar la práctica de la medicina tradicional podría violar la Constitución y los convenios internacionales sobre los derechos de las comunidades ancestrales, advirtieron académicos y grupos de médicos tradicionales.

El proyecto de ley, presentado por Morena y aprobado por unanimidad en la Cámara baja en abril, pretende regular y normalizar la atención médica tradicional y complementaria. Pero existe una gran preocupación por el hecho de que el control estatal centralizado tenga efectos culturales, sociales y económicos negativos en las comunidades indígenas de México.

El objetivo de la nueva ley es “incorporar e integrar las aportaciones de la medicina tradicional indígena y la medicina complementaria” en el sistema de salud del país.

El diputado de Morena Armando Contreras Castillo, quien respaldó el proyecto de ley, escribió que la reforma abordaría las desigualdades en materia de salud entre las comunidades indígenas y el resto de la población.
Pero los académicos que han estudiado la medicina tradicional no están de acuerdo.

“El fortalecimiento y avance del sector de la salud pública no debería realizarse a costa de la medicina tradicional indígena“, comentó Amparo Sevilla, antropóloga social e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en un foro en línea realizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Mientras que la reforma promete “reconocer, conservar y proteger” la medicina tradicional en México, la propuesta también emplea términos como “utilizar, usar y aprovechar” en referencia a las prácticas médicas tradicionales. En el foro, Sevilla argumentó que estos términos son contradictorios y permitirían la explotación de la medicina.

Rafael Alarcón Lavín, representante de la Red Mexicana Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales, comentó: “El objetivo de este proyecto de ley básicamente es controlar todos los elementos que conforman la medicina tradicional: los médicos tradicionales y las parteras, sus prácticas, el uso de plantas medicinales y otros procesos terapéuticos”.

Lavín afirmó que los intereses farmacéuticos nacionales y transnacionales estaban influyendo en las reformas propuestas, con el objetivo de explotar los recursos y conocimientos tradicionales para el beneficio de las empresas.

“También hay universidades, escuelas y corporaciones dedicadas a la capacitación y certificación del uso de la medicina tradicional indígena, y principalmente de la herbolaria. Estas entidades están luchando para que se apruebe esta ley para que puedan monetizar la formación y certificación de médicos y parteras y lucrar con ello”, señaló.

Uno de los objetivos de la legislación es regular la creciente aparición de personas que afirman falsamente ser curanderos o médicos tradicionales.

Pero Cilintli Griselda Soriano, una doctora tradicional que vive en la Ciudad de México, comentó que los médicos tradicionales desempeñan un papel importante en el tejido cultural de las comunidades indígenas y no deberían estar sujetos a una regulación externa.

“¿Quién es un médico tradicional? La gente crea las tradiciones, no las instituciones. Entonces, ¿quién debería reconocer a los médicos tradicionales? Los pueblos y las comunidades“, comentó a Radio Totlahtol. “El patrimonio y los conocimientos culturales pertenecen a las comunidades, no a las empresas privadas, no a las escuelas, no a las instituciones”.

Soriano destacó la diversidad de las prácticas médicas de los 68 grupos indígenas de México y las distintas relaciones entre cultura, espiritualidad y ecosistemas circundantes. Señaló que la estandarización era incompatible con la naturaleza multicultural del Estado mexicano y demostraba una falta de comprensión y respeto por las culturas indígenas.

“Si aceptan esta ley, imagínense cuánto conocimiento se va a perder”, advirtió Soriano. “Nosotros (los médicos tradicionales) vamos a desaparecer“.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas señaló que no se consultó a la organización durante la formación de la propuesta de ley.

“Tampoco se consultó a las comunidades indígenas, que es el problema grave. Ellos (los legisladores) no hablaron con las comunidades ni las consultaron”, afirmó la directora de comunicación Maritza Licona. “No están tomando en cuenta sus costumbres, tradiciones o prácticas… eso es lo preocupante”.

De acuerdo con los académicos del foro de la UACM, la supervisión constituye una violación a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es fundamentalmente inconstitucional, ya que viola el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas para preservar sus conocimientos e identidad cultural.

Se espera que el Senado vote al respecto en el próximo mes.