Cómo la nueva política de privacidad de Twitter ayuda a la extrema derecha

¿Cómo puede una política destinada a proteger al usuario contra el doxxing -revelación de información confidencial con el fin de dañar a otra persona- y el acoso salir tan mal de forma tan rápida?

La semana pasada, Twitter anunció que comenzaría a penalizar a los usuarios que tuitearan “multimedia privada“, o imágenes de otros usuarios compartidas sin su consentimiento, “que no está disponible en otro lugar en internet como herramienta para acosar, intimidar y revelar las identidades de las personas”.

La plataforma permitiría que los usuarios denunciaran a otros usuarios que compartieran sus imágenes. Si una revisión concluía que la denuncia tenía fundamento y que la imagen no era utilizada con fines periodísticos o de interés público, esas cuentas serían desactivadas.

Los activistas no tardaron en advertir que la política, tal y como se publicó, sería contraproducente. La política era ambigua y fue elaborada sin gran aportación de las comunidades más vulnerables al acoso y al doxxing, argumentaron los activistas. Tenían poca fe en el proceso de denuncia y apelación de Twitter, que describieron como poco fiable, automatizado y que permitía poco debate sobre la aplicación de las políticas.

Y, de hecho, horas después de que se hizo pública dicha política, los usuarios afiliados a movimientos de extrema derecha como los Proud Boys y otros que defienden las conspiraciones de QAnon publicaron llamados dirigidos a sus seguidores, instándolos a utilizar las nuevas reglas como arma para atacar a los activistas que realizaron publicaciones sobre ellos.

El 1 de diciembre, por ejemplo, un miembro del grupo de extrema derecha National Justice Party publicó una lista de alrededor de 40 cuentas de Twitter de activistas antirracistas y antifascistas que investigan a los grupos de extrema derecha. El miembro pidió a sus más de 4 mil seguidores que denunciaran sus publicaciones: “Debido a la nueva política de privacidad de Twitter, las cosas ahora funcionan inesperadamente más a nuestro favor, ya que podemos derribar las páginas de doxxing de Antifa, [difamación homosexual] con mayor facilidad”, decía la publicación.

“Cuando exponemos a los nacionalistas blancos, los neonazis y otros racistas que desean esconderse detrás de internet, presentamos fuentes que están disponibles públicamente”, señala Anonymous Comrades Collective

El efecto fue casi inmediato. Twitter bloqueó la cuenta Miami Against Fascism, gestionada por un grupo de activistas que trabajan para exponer a los extremistas de extrema derecha, después de que alguien denunció el 14 de julio un retuit de una imagen del líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio. La imagen original de Tarrio, quien actualmente cumple una condena de cinco meses por dos delitos, entre ellos el de prender fuego a un cartel de Black Lives Matter robado de una iglesia históricamente negra, fue tuiteada por un periodista local que cubría una reunión del consejo escolar frente a la que Tarrio se manifestaba.

“Supuestamente, la política es que [las denuncias] solo pueden provenir de personas que se autodenuncien”, señaló Diego, uno de los miembros de Miami Against Fascism al que The Guardian solo identifica por su primer nombre por temor a represalias. “Pero creo que hay gente que lo está haciendo en nombre de otras personas. Y no creo que Twitter lo esté verificando. Por ejemplo, Enrique Tarrio está en este momento en la cárcel. No puede denunciar estos tuits de forma personal”.

Gwen Snyder, una activista de Pittsburgh, fue bloqueada de su cuenta por un hilo de Twitter que identificaba a un candidato a la alcaldía y a los asistentes de los disturbios del Capitolio que participaron en un mitin local de los Proud Boys. Las capturas de pantalla que Snyder compartió con The Guardian muestran que Twitter le dio la opción de borrar los tuits y recuperar su cuenta.

Sin embargo, borrar los tuits significaría que reconocía que habían “violado las normas de Twitter”. Snyder, que ya había lidiado con el proceso de ayuda y apelación de Twitter en el pasado, no confiaba en el proceso y decidió eliminar los tuits para poder acceder a su cuenta.

“Sí ofrecieron la opción de apelar”, dijo Snyder. “No lo hice, porque consideré que era importante publicar sobre [la política] de forma oportuna. También he tenido malas experiencias con el proceso de apelación y denuncia de Twitter”.

“Es muy difícil contactar a Twitter de cualquier manera si no estás presionado”, dijo.
Twitter admitió que cometió un error al bloquear la cuenta de Snyder después de que los periodistas centraron la atención en su caso. En un correo electrónico dirigido a Snyder, la empresa escribió que reconsideró su criterio y que los tuits en cuestión no infringían su nueva política. La empresa no indicó si estaba restableciendo los tuits o cambiando la política.

Twitter no respondió las reiteradas preguntas de The Guardian sobre la política, su aplicación y su ejecución.

Otro grupo de activistas que trabaja para exponer a los extremistas de extrema derecha, Anonymous Comrades Collective, informó que su cuenta fue bloqueada por un tuit que se vinculaba con una entrada de un blog que exponía el nombre legal de “Vic Mackey”, el presentador del podcast Bowlcast, que lideraba un grupo de trolls en internet llamado “Bowl Patrol” y que amenazó a periodistas. “Bowl”, dijo el grupo en un correo electrónico a The Guardian, se refiere al corte de cabello que lucía el tirador neonazi Dylann Roof.

“Cuando exponemos a los nacionalistas blancos, los neonazis y otros racistas que desean esconderse detrás de internet, presentamos fuentes que están disponibles públicamente, como las publicaciones en las redes sociales que están destinadas al consumo público”, escribió el grupo en el correo electrónico. “La forma en que está redactada la política de Twitter… hace que el contenido multimedia de fuente abierta quede sujeto a un criterio arbitrario. Nos obliga a obtener el permiso de un neonazi para utilizar una foto que, de otro modo, está a disposición de cualquiera, lo cual es absurdo”.

“La política de Twitter está redactada de forma tan ambigua que invita al abuso”, dijo Collective en un correo electrónico.

“Es realmente importante reconocer que las personas afectadas por el acoso masivo… son desproporcionadamente mujeres, personas de color, personas trans y otros grupos marginados”. dijo Snyder.

Durante mucho tiempo, las plataformas de las redes sociales se han visto plagadas de problemas como el doxxing y el acoso. Los grupos de extrema derecha utilizan con frecuencia la táctica del doxxing, publicar información privada o identificatoria de una persona en internet, para atacar a activistas y periodistas, e incluso a las familias de las víctimas de tiroteos masivos como el de Sandy Hook. Desde entonces, los activistas antifascistas y antirracistas han adoptado algunos elementos de esa estrategia, revelando las identidades de miembros de grupos e individuos de extrema derecha, especialmente de aquellos acusados de violencia.

Tradicionalmente, la respuesta de Facebook y Twitter consiste en retirar el contenido cuando es denunciado por exponer información privada de una persona. Sin embargo, los activistas señalan que la amplitud de la nueva normativa la vuelve ineficaz y se presta a los abusos contra los grupos más vulnerables.

“Es realmente importante reconocer que las personas afectadas por el acoso masivo y, por tanto, las personas que se verán afectadas por el abuso de políticas como ésta, son desproporcionadamente mujeres, personas de color, personas trans y otros grupos marginados”, dijo Snyder.

También los periodistas y fotógrafos expresaron su preocupación. La nueva política establece explícitamente que Twitter tomará en cuenta si las imágenes están disponibles públicamente, son objeto de cobertura por parte de los periodistas o contribuyen al discurso público (las tres condiciones que Snyder y Diego argumentan son aplicables en sus tuits).

Los periodistas advierten que podría ser problemático dejar a la discreción de Twitter la decisión de si una imagen es de interés periodístico o contribuye al discurso público. Mickey Osterreicher, consejero general de National Press Photographers Association, argumentó que con sus nuevas normas, Twitter no parece contemplar que no existe una expectativa razonable de privacidad en los espacios públicos. Aplicar la política, dijo, socavaría “la capacidad de informar sobre acontecimientos de interés periodístico al crear derechos de privacidad inexistentes”.