El testimonio de un mexicano sobre la explotación y la brutalidad en los campos agrícolas de Estados Unidos
Trabajadores recolectan arándanos en una plantación de Florida el 31 de marzo de 2020. Foto: Marco Bello/Reuters

En junio, un trabajador agrícola de México, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, fue trasladado a través de una red de tráfico de personas desde Monterey para trabajar en plantaciones de Georgia.

Les pagó a los traficantes 20 mil pesos, alrededor de 950 dólares, prestados de su madre, haciendo frecuentes viajes de ida y vuelta a Monterey, antes de que le dijeran que era seguro salir. Después, finalmente lo trasladaron al otro lado de la frontera.

En un principio, le dijeron que trabajaría en una plantación de arándanos, pero en su lugar lo enviaron a una plantación de maíz.

“Llegamos a la casa donde íbamos a vivir y tuvimos que limpiar las habitaciones nosotros mismos. Había cucarachas, arañas, mosquitos y los colchones estaban llenos de piojos”, contó el trabajador. “Los baños y las duchas estaban sucios y tapados. La cocina estaba fatal. No teníamos aire acondicionado cuando hacía calor”.

El trabajador empezaba a trabajar todos los días a las 3 o 4 de la mañana y trabajaba hasta las 3 o 4 de la tarde con una sola pausa de 15 minutos para comer, ganando solo 225 dólares por 15 días de trabajo. Escucharon rumores de que habían muerto varios trabajadores. El trabajador afirmó que también llevaron a inmigrantes haitianos a la misma red.

Después de 20 días en la plantación de maíz, el trabajador fue enviado a un almacén de pepinos donde no le pagaban nada por su trabajo, y luego lo trasladaron a Texas antes de escapar de aquella operación y regresar a México en julio.

“Había muchos abusos a cambio de poco dinero”, añadió el trabajador. “Era un fraude total”.
El contratista para el que el trabajador dijo haber trabajado, JC Longoria Castro, fue uno de las dos docenas de personas acusadas de conspiración federal en octubre, basándose en los resultados de una investigación de varios años sobre una operación masiva de tráfico de personas y de mano de obra con sede en el sur de Georgia que se extendía a Florida y Texas.

Las acusaciones calificaron a la operación como “esclavitud moderna“, un problema de muchos años en la industria agrícola estadounidense en la que traficaban a trabajadores de países centroamericanos a Estados Unidos y los recluían como trabajadores agrícolas contratados.

Los trabajadores agrícolas de Estados Unidos, sobre todo los inmigrantes, tienen pocas protecciones. Quedaron excluidos de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, aprobada en 1935, y de la Ley de Normas Justas Laborales de 1938. Los trabajadores de los campos agrícolas de Estados Unidos con frecuencia son objeto de abusos que abarcan desde el elevado número de agresiones sexuales y acoso, el robo de salarios y los problemas de seguridad, incluidas las lesiones, las muertes en el trabajo y la exposición a sustancias químicas peligrosas.

La investigación, denominada operación Blooming Onion, descubrió que los conspiradores obligaban a los trabajadores a pagar cuotas de transporte a Estados Unidos, comida y alojamiento a través del programa de visa de trabajo H2-A, al tiempo que retenían sus documentos de viaje e identificación y los obligaban a trabajar por poco o ningún sueldo en condiciones de vida inhumanas.

Las dos docenas de conspiradores ganaron 200 millones de dólares con su operación, lavando el dinero a través de terrenos, casas, más de una docena de vehículos, la compra de un restaurante y un club nocturno, y a través de un casino, según la investigación. Se liberaron a más de 100 trabajadores de la operación.

El programa de visa H2-A es una vía frecuentemente utilizada para la explotación de los trabajadores migrantes en Estados Unidos, ya que vincula el estatus migratorio al empleo con carácter temporal, sin posibilidad de obtener la ciudadanía permanente. Muchos de estos trabajadores se ven obligados a endeudarse con los reclutadores para acceder al programa de visa H2-A, y se han denunciado varios casos de peonaje por deudas, trabajos forzados y trata de personas a través del programa.

“En realidad, la estructura del programa es lo que facilita que se produzcan este tipo de situaciones, muchas veces con impunidad”, señaló Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y políticas de inmigración del Economic Policy Institute.

Citó la grave falta de cumplimiento de la ley laboral en la industria agrícola como factor impulsor de los abusos generalizados contra los trabajadores, así como la falta de regulación sobre los reclutadores fuera de Estados Unidos que conectan a los trabajadores migrantes con los empleos temporales. Las inspecciones realizadas por la división de salarios y horas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos han disminuido considerablemente en las últimas décadas debido a la falta de financiamiento y al escaso número de inspectores encargados de supervisar a un gran número de empleadores.

“Si eres un empleador agrícola, solo existe alrededor de un 1% de posibilidades de que te investiguen por alguna cuestión en un año determinado, por lo que prácticamente se pueden salir con la suya si no tratan a tus trabajadores como deberían”, añadió Costa.

Los trabajadores de Georgia fueron amenazados con la deportación o la violencia si no acataban las órdenes de los conspiradores. La acusación incluye denuncias de “violación, secuestro y amenaza o intento de asesinato de algunos de los trabajadores o sus familias, y en muchos casos la venta o el intercambio de los trabajadores a otros conspiradores“. Al menos dos trabajadores murieron como consecuencia de las condiciones de vida y de trabajo, y otro fue violado en repetidas ocasiones, según la acusación.

A algunos de los trabajadores les prometieron un sueldo de hasta 12 dólares por hora, pero en cambio los supervisores armados les ordenaron desenterrar cebollas a mano por 0.20 dólares la cubeta.

Un gran jurado acusó a los 24 conspiradores en un tribunal federal de Waycross, Georgia, de cargos como trabajos forzados, fraude postal, manipulación de testigos y conspiración para cometer lavado de dinero. Se programó la lectura de cargos del caso para el 21 de diciembre y el 6 de enero en el tribunal federal del distrito sur de Georgia en Waycross, Georgia.