Sarah Palin da positivo a Covid-19 y retrasa el juicio por difamación del <em>New York Times</em>
Sarah Palin en 2016. Rakoff señaló que las normas permitirían que Palin regresara al tribunal el 3 de febrero siempre y cuando no presente síntomas. Foto: Steve Nesius/Reuters

Sarah Palin dio positivo en la prueba de detección de coronavirus, por lo que su juicio por difamación contra el periódico New York Times se retrasará hasta el próximo mes.

Jed Rakoff, el juez federal estadounidense que preside el caso en Manhattan, anunció el lunes el resultado de la prueba de la exgobernadora de Alaska y candidata republicana a la vicepresidencia en 2008.

Ella, por supuesto, no está vacunada“, dijo el juez. Dos años después de una pandemia que ha causado la muerte de más de 865 mil personas en Estados Unidos, en la derecha política es común la resistencia a las vacunas y otras medidas de salud pública.

Palin ha instado a sus seguidores a no vacunarse. En diciembre, le dijo a una audiencia en un evento conservador en Arizona: “Sobre mi cadáver tendré que vacunarme. No lo haré. No lo haré, y más vale que tampoco toquen a mis hijos”.

El pasado mes de marzo dio positivo y aconsejó a sus seguidores que usaran cubrebocas.

Rakoff indicó que el primer resultado positivo que obtuvo antes del juicio de Nueva York fue de una prueba casera. Después de otra prueba positiva, Rakoff anunció que no se retrasaría la selección del jurado.

“Debido a que ella dio positivo tres veces, voy a asumir que es positiva”, dijo Rakoff.

Rakoff señaló que las normas del juzgado permitirían que Palin regrese al juzgado el 3 de febrero, incluso si sigue dando positivo, siempre y cuando no presente síntomas. En caso de que sí tenga síntomas, un médico que presta servicios a los juzgados podrá revisarla el 2 de febrero.

Palin, de 57 años, sostiene que un editorial del Times de 2017 la vinculó falsamente con un tiroteo masivo perpetrado en Tucson, Arizona.

El editorial se publicó tras el tiroteo que ocurrió en Alexandria, Virginia, en el que resultó herido Steve Scalise, miembro del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes.

El periódico señaló que el tiroteo de Tucson, en el que murieron seis personas y una congresista demócrata, Gabby Giffords, resultó gravemente herida, ocurrió después de que el comité de acción política de Palin distribuyera un mapa en el que colocaron a 20 demócratas, incluida Giffords, bajo un “estilizado punto de mira”, y que “el vínculo con la incitación política era evidente”.

Palin objetó el lenguaje que James Bennet, exeditor de la página editorial del Times, añadió a un borrador preparado por un colega. Ella sostiene que el material que añadieron se ajustaba a la “narrativa preconcebida” de Bennet, y que como “editor experimentado” sabía y entendía el significado de sus palabras. La exgobernadora reclama una indemnización por daños y perjuicios no especificada, no obstante, según los documentos del tribunal, se calcula que el daño a su reputación asciende a 421 mil dólares.

El periódico Times corrigió el editorial para eliminar cualquier conexión entre la retórica política y el tiroteo de Arizona. Bennet indicó que no pretendía culpar a Palin.

Un vocero del Times comentó a CNN: “Publicamos un editorial sobre un tema importante que contenía un error. Aclaramos el asunto mediante una corrección. Estamos firmemente comprometidos con la imparcialidad y la precisión en nuestro periodismo, y cuando fallamos, corregimos nuestros errores públicamente, como lo hicimos en este caso“.

Muchas personas sostienen que Palin merece ser criticada por emplear una retórica peligrosa, aunque no esté directamente relacionada con el tiroteo de Tucson.

El domingo, la defensora del control de armas Shannon Watts comentó: “En 2010, Sarah Palin creó una lista de objetivos con puntos de mira de una pistola sobre los distritos de los miembros del Congreso. Aunque es posible que esa campaña no esté directamente relacionada con el tiroteo de Tucson, ella ayudó a crear la cultura actual de amenazas y violencia política”.

Sin embargo, en la derecha, muchos esperan que el caso de Palin conduzca a una revisión de las estrictas normas para probar la difamación de las figuras públicas de Estados Unidos, un objetivo que persigue, entre otros, Donald Trump.

La libertad de prensa está consagrada en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1791. El tribunal supremo adoptó la norma de “real malicia”, que dificulta que las figuras públicas ganen las demandas por difamación, en 1964, en la histórica decisión del caso del New York Times contra Sullivan.

Dos jueces del actual tribunal supremo, dominado por los conservadores, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, sugirieron que se revisara esa norma y Palin indicó que impugnaría el precedente del caso Sullivan en una apelación si perdía el juicio.

La mayoría de los observadores esperan que pierda, sobre todo porque el periódico reconoció rápidamente su error. Sin embargo, el periódico Times se enfrenta a varios días vergonzosos en los tribunales.

Benjamin Zipursky, profesor de Derecho en la Universidad de Fordham, explicó a Reuters que la “especie de modo de emergencia o modo de pánico inmediato” de Bennet cuando se enteró de lo sucedido sugería firmemente que no tenía conocimiento de algún error.

La negligencia o el descuido –incluso la negligencia grave– evidentemente no es suficiente para que Palin gane“, dijo Zipursky.

No obstante, Bill Grueskin, exredactor jefe del Wall Street Journal y de Bloomberg News que ahora enseña en la Universidad de Columbia, dijo a NPR: “Será un gran espectáculo judicial“.

“Tendrás a Sarah Palin ahí arriba en el estrado. Tendrás a algunas de las personas más importantes del Times, al menos de la sección de opinión. No veo cómo esto puede dejar de ser interesante”.

Grueskin también señaló que, en lo que respecta a los ataques de la derecha contra la libertad de prensa, el caso “podría echar más leña al fuego”.

Roy Gutterman, profesor de derecho y comunicación en la Universidad de Syracuse, comentó a Reuters: “Se trata de un área potencialmente peligrosa. Si le damos luz verde a los funcionarios públicos para litigar sobre editoriales con los que no están de acuerdo, ¿dónde está el final?