Denuncian por negligencia a padres que mantuvieron a sus hijos en casa por miedo al covid
Paullette Healy y sus dos hijos. Healy fue investigada por 'negligencia educativa'. Foto: Asher Lehrer-Small

Paullette Healy puede enumerar las formas en que la vida de su familia se ha visto alterada en los últimos tres meses: las pesadillas de su hijo menor, las horas que ha dedicado a recopilar evidencia para demostrar que es una madre apta y un arduo proceso legal que aún se vislumbra para limpiar su nombre.

Desde principios de noviembre hasta el 1 de enero, esta familia de Brooklyn estuvo bajo investigación por parte de la Administración de Servicios para la Infancia (ACS), la agencia de la ciudad de Nueva York encargada de investigar los casos sospechosos de abuso y negligencia infantil. Habían denunciado a Healy por “negligencia educativa” debido a que no enviaba a sus dos hijos a la escuela en medio de los temores relacionados con el Covid-19, aunque ella comenta que sus hijos seguían estudiando de forma remota.

El otoño pasado, el gobierno de la ciudad publicó una guía para disuadir a los docentes de denunciar a los padres que mantenían a sus hijos en casa por miedo a la reapertura de las escuelas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que las familias motivadas por las preocupaciones sobre el Covid-19 queden atrapadas en la red de los servicios de protección infantil, un instrumento burdo que se centra desproporcionadamente en las familias negras con bajos ingresos que ya han sufrido el mayor daño durante la pandemia.

La denuncia que motivó la investigación sobre la familia Healy fue una de las más de 2 mil 400 que el personal educativo de la ciudad de Nueva York presentó al registro central del estado de Nueva York por abuso y maltrato infantil durante los primeros tres meses del ciclo escolar 2021-22, según los datos obtenidos por la página web The 74 a través de una solicitud de acceso a información pública, aproximadamente 45% más de las denunciadas en el mismo lapso un año antes, cuando la mayoría de los casi un millón de estudiantes de la ciudad estudiaban a distancia.

En noviembre de 2021 se registró la cifra mensual más alta, mil 046, el mismo mes en el que la ACS y el departamento de educación publicaron una guía conjunta en la que indicaban a las escuelas que tuvieran paciencia con las familias que mantenían a sus hijos en casa debido a las preocupaciones relacionadas con el Covid-19, y evitar saltar a acusaciones de negligencia educativa cuando no van los estudiantes.

Muchas de las familias atrapadas en las investigaciones de este ciclo escolar, incluyendo la familia Healys, comentan que considerando la guía, nunca se debieron presentar sus denuncias a la ACS.

Las investigaciones sobre el bienestar infantil pueden tener efectos devastadores. Los cargos pueden permanecer en los registros de los padres durante años, incluso en casos como el de Healy, en el que la agencia al final no encontró pruebas de negligencia. Además, es posible que desaparezcan las posibilidades de empleo en campos como el cuidado de los niños y la educación. Y lo que resulta más grave, los niños pueden quedar separados de sus padres, un trauma que, según indican los estudios, está asociado a un mayor riesgo de problemas de salud mental, encarcelamiento e incluso muerte prematura.

Un vocero comentó a The 74 que la agencia estaba brindando capacitación a los profesionales que trabajan con niños sobre las formas en que pueden apoyar a las familias sin denunciarlas por negligencia.

Cuando la ciudad de Nueva York anunció el otoño pasado que las escuelas comenzarían a funcionar de forma presencial, sin opción de aprendizaje a distancia, Healy se sintió aterrorizada. Durante la pandemia sufrió numerosas pérdidas personales, ya que más de una decena de sus parientes murieron a causa del virus, explicó. Rápidamente presentó solicitudes de educación en casa para sus dos hijos.

Justo antes de que las aulas volvieran a estar abiertas, el distrito escolar más grande del país hizo una promesa a los padres: “La única ocasión en que la ACS intervendrá será en caso de que exista una clara intención de impedir que un niño reciba educación, punto”, dijo la entonces canciller escolar, Meisha Porter. “Queremos colaborar con nuestras familias porque reconocemos por lo que han pasado las familias”.

Incluso cuando estaban a distancia, los hijos de Healy seguían aprendiendo, comentó. Ambos accedían y entregaban los trabajos de las asignaturas y ella se reunía con el personal de la escuela para desarrollar planes educativos para ellos.

Sin embargo, a principios de noviembre, una trabajadora social de la ACS tocó su puerta. La agencia había recibido una denuncia de presunta negligencia educativa por parte de un miembro del personal de la escuela de su hijo menor.

Healy sabía que era posible que la ACS los visitara. Como miembro del grupo de defensa Parents for Responsive Equitable Safe Schools, conocía a otros padres que mantuvieron a sus hijos en casa durante la pandemia y que fueron investigados. Incluso reunió recursos para darles a conocer a los padres sus derechos cuando se presentara la ACS. Sin embargo, su propia investigación la agarró por sorpresa. En todo caso, pensó que se había involucrado demasiado en la educación de sus hijos, pero no que había sido negligente.

“Siempre me he involucrado en las escuelas, tanto si querían que estuviera ahí como si no”, bromeó Healy.

Conocedora de sus derechos como madre, Healy no dejó que la trabajadora social entrara a su casa. Sin embargo, la visita resultó muy extraña para toda la familia. Después de que se marchó la trabajadora social, su hijo de 14 años, que tiene autismo, se paseó de un lado a otro durante una hora, preocupado por la posibilidad de que la mujer desconocida regresara con la policía, dijo Healy. Su hijo de 13 años tuvo pesadillas, ya que temía que se los llevaran. Ni siquiera Healy pudo evitar los insidiosos pensamientos sobre el peor de los casos.

“Automáticamente piensas: alguien está aquí para llevarse a mis hijos“, dijo a The 74.

‘La ACS es como la policía’

Al igual que los médicos y las enfermeras, la ley del estado de Nueva York obliga al personal educativo a reportar los casos sospechosos de abuso y negligencia infantil a una línea telefónica de atención central. Sin embargo, tanto los expertos como los padres llevan tiempo criticando esta práctica por considerarla potencialmente perjudicial para las familias y propensa a los sesgos raciales.

En la ciudad de Nueva York, aproximadamente el 90% de los niños nombrados en las investigaciones de la ACS son negros o hispanos, mientras que, en conjunto, esos grupos raciales representan el 60% de los jóvenes de la ciudad. En 2019, según la información de la ciudad, el barrio de East Harlem, de bajos ingresos y mayoritariamente negro y latino, fue objeto de más de seis veces más investigaciones en comparación con el cercano Upper East Side, que es mayoritariamente blanco y acaudalado. Incluso entre los barrios con tasas de pobreza similares, aquellos con mayor proporción de residentes negros e hispanos se enfrentan a tasas más altas de investigaciones de bienestar infantil, según muestran las investigaciones.

“La ACS ha sido utilizada durante mucho tiempo para criminalizar a nuestras familias“, dijo Tanesha Grant, una líder de padres de Nueva York que formó el grupo Parents Supporting Parents para ayudarse mutuamente durante la pandemia. Muchos padres negros, dijo a The 74, consideran que los servicios de protección infantil son una forma de vigilancia y castigo racializados.

“La ACS es una palabra de maldición en nuestra comunidad. La ACS es como la policía”, dijo.

Un vocero de la ACS señaló que la agencia estaba legalmente obligada a investigar todas las denuncias que recibía el registro central del estado, pero añadió que las dramáticas diferencias raciales y étnicas en esas denuncias año tras año eran “profundamente preocupantes“.

En virtud de una ley estatal de 2021, actualmente los informantes obligatorios deben recibir capacitación sobre sesgos implícitos, con el fin de evitar que sus suposiciones influyan en sus evaluaciones sobre la aptitud de los padres.

En muchos casos, dijo Gabriel Freiman, jefe de prácticas de educación en la organización jurídica sin fines de lucro Brooklyn Defenders, se produjo un desajuste entre los impactos típicos de las investigaciones de los servicios de protección infantil y el propósito que debían cumplir.

Los padres que mantienen a sus hijos fuera de los salones de clase este ciclo escolar, por lo que ha visto, suelen estar muy involucrados y atentos, como Healy. Incluso algunos son exjefes de la Asociación de Padres y Maestros de las escuelas de sus hijos.

No son personas que intentan hacer daño a sus hijos. Están intentando proteger a sus hijos“, dijo a The 74. “La ACS simplemente es la herramienta equivocada que debemos emplear”.

‘Está buscando un problema’

Cuando, sin previo aviso, se presentó la ACS en la puerta del departamento de Melissa Keaton en Flatbush, Brooklyn, a fines de octubre, la madre quedó sorprendida. Después de haber perdido a su padre, que era el adulto que cuidaba a su hija de nueve años, a causa del Covid-19 en abril de 2020, Keaton decidió no enviar de nuevo a su traumatizada hija a su escuela bilingüe en el Lower East Side de Manhattan cuando se reabrieron las escuelas. La familia no estaba lista para un viaje de dos trenes de ida y vuelta a la escuela cada día, decidió Keaton. A diferencia de Healy, ella no sabía cómo manejar la situación con su trabajador social.

“No hay papeleo. No hay forma de, ya sabes, averiguar: ¿qué es este proceso? ¿Cómo funciona? ¿Qué esperan de mí?”, dijo Keaton.

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La hija de Melissa Keaton y el padre de Keaton observan a través de cajas de zapatos un eclipse solar de 2017. Foto: Cortesía de Melissa Keaton

La ley no obliga a los padres a permitir que los investigadores sin orden judicial entren a sus hogares. Pero muchos padres lo aprueban sin ser conscientes de que tienen otra opción. Si los trabajadores sociales encuentran pruebas de consumo de drogas o de otras prácticas prohibidas, esto puede conducir a que se agraven los cargos y a que aumente la probabilidad de separación de los hijos.

“En ocasiones, nuestras familias se encuentran en un agujero más profundo, no porque hayan hecho algo malo, sino porque la ACS entra en la casa buscando un problema”, dijo Taj Sutton, organizadora de Press. “Revisan tu refrigerador, tus alacenas… haciendo estas preguntas realmente invasivas e inapropiadas a tus hijos”.

El senador estatal Jabari Brisport, exdocente de Brooklyn, está promoviendo un proyecto de ley que exigiría la lectura de los derechos de los padres al inicio de cada investigación sobre bienestar infantil.

En el caso de Healy, la trabajadora social aceleró las solicitudes de sus hijos para recibir educación en casa, lo que ayudó a que su hijo menor recientemente recibiera la aprobación del programa. Healy espera que también aprueben pronto a su hijo mayor.

Pero no todos son tan afortunados.

En diciembre, el trabajador social de Keaton le informó que la agencia encontró evidencia de negligencia, basada en las acusaciones de la escuela de asistencia irregular a la escuela de verano en 2019, acusaciones que, dice Keaton, son “completamente falsas“. La noticia la impactó por completo, comentó Keaton, despertando el temor de lo que los hallazgos podrían significar para su futuro trabajo y, sobre todo, si abría la posibilidad de que le quitaran a su hija.

El personal de la escuela primaria no respondió a las solicitudes para conocer sus comentarios y la ACS indicó que no podía revelar los detalles de los casos individuales. Keaton se encuentra en espera de recibir por correo los documentos que le permitirán conocer las razones exactas por las que la ACS corroboró la acusación de negligencia educativa. Tiene planeado apelar.

Keaton comenta que estaba intentando mantener a su hija a salvo y que estuvo organizando tareas educativas para ella a pesar de que su escuela no le había proporcionado materiales. Ella también estaba solicitando la educación en casa necesaria por motivos médicos, un proceso a través del cual la guía conjunta de noviembre de la ACS y el departamento de educación instruye a las escuelas para apoyar a los padres recelosos sobre el Covid-19 en lugar de reportarlos a los servicios infantiles.

“Con base en la guía”, dijo Keaton, “no deberían haber llamado a la ACS”.

Este artículo fue publicado por primera vez por The 74, una página web de noticias sin fines de lucro y no partidista que cubre temas de educación en Estados Unidos.