La Cámara de Representantes de EU investigará si Trump violó la ley en el manejo de documentos

El comité de supervisión de la Cámara de Representantes abrió el jueves pasado una investigación sobre posibles violaciones a la Presidential Records Act (Ley de Registros Presidenciales) por parte de Donald Trump, después de que retuvo y destruyó algunos registros pertinentes a la investigación del ataque al Capitolio.

El panel pidió a los Archivos Nacionales que entreguen los registros de las comunicaciones con el expresidente sobre los registros perdidos y destruidos, así como una descripción de los materiales que se encontraban en las cajas recuperadas de la residencia de Trump en Mar-a-Lago el mes pasado.

El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio podría haber encontrado también lagunas respecto a las horas clave del día en que ocurrieron los disturbios en los registros telefónicos de la Casa Blanca, según informó The New York Times. Aunque los investigadores saben que Trump estuvo realizando llamadas en esos momentos, solo hay escasos registros de llamadas en los registros oficiales. Se sabe que Trump habitualmente utilizaba celulares para comunicarse, y los investigadores indican que no tienen pruebas de que se hayan alterado los registros telefónicos oficiales.

Las cajas recuperadas de Trump contenían documentos que solicitó el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio y que los Archivos consideraban material clasificado, indicó una fuente familiarizada con el asunto.

Los Archivos Nacionales también descubrieron otros artículos de la Casa Blanca en las cajas, incluyendo “cartas de amor” de Kim Jong-un, una carta que le dejó Barack Obama, y un modelo de Air Force One con los colores rojo, blanco y azul que eligió para el avión.

Al parecer, Trump también se deshizo de los documentos tirándolos por un inodoro de la Casa Blanca, que posteriormente el personal tuvo que destapar, según relata la reportera Maggie Haberman en su próximo libro Confidence Man.

De acuerdo con The New York Times, las cajas contenían lo que la Administración Nacional de Archivos y Registros consideraba información clasificada en algunos documentos.

“Eliminar u ocultar registros del gobierno es un delito“, dijo Carolyn Maloney, la presidenta del poderoso comité de supervisión, en una carta a los Archivos Nacionales. “Trump y sus principales asistentes también deben ser responsables de cualquier violación a la ley”.

Trump organizó la devolución de los materiales, indicaron los Archivos Nacionales. Sin embargo, la agencia se alarmó por la presencia de material clasificado y pidió al departamento de justicia que examinara si debía abrir una investigación criminal, dijo la fuente.

El departamento de justicia indicó a los Archivos Nacionales que enviaran los documentos a la oficina del inspector general, la cual está obligada a alertar al departamento si se encuentra material clasificado fuera de los canales autorizados, explicó la fuente confirmando un informe de The New York Times.

Se desconocía si el Departamento de Justicia seguiría adelante con la remisión, informado por primera vez por The Washington Post. Sin embargo, se espera que la investigación del comité de supervisión de la Cámara de Representantes siga adelante independientemente de que los fiscales consideren acusar a Trump.

“Los republicanos en el Congreso investigaron de forma obsesiva a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por su uso de un servidor de correo electrónico privado”, escribió Maloney. “La conducta de Trump, en cambio, implica a un expresidente que potencialmente violó un derecho penal al eliminar intencionalmente registros”.

Trump dijo en un comunicado que la “descripción que hacen los medios de comunicación de mi relación con Nara es una noticia falsa. Fue exactamente lo contrario. Fue un gran honor trabajar con Nara para ayudar a preservar formalmente el legado Trump.”

El expresidente no respondió a las afirmaciones de que el personal de la Casa Blanca regularmente encontraba montones de papel impreso que atascaba el inodoro Athena.

Una parte de la dificultad de abrir una investigación criminal por violaciones a la Presidential Records Act –que ordena la conservación de los documentos de la Casa Blanca– radica en que la ley carece de pautas claras de aplicación, y cada administración comete algunas violaciones.

La Presidential Records Act tipifica como delito la destrucción o el incumplimiento de la entrega de los documentos de la Casa Blanca a los Archivos Nacionales. Existen varios métodos para que un documento se convierta en un registro de la Casa Blanca, aunque es algo automático en el caso de los documentos vistos por un presidente. Sin embargo, también requiere que la persona que viola la ley lo haga con conocimiento de causa. El abogado de la Casa Blanca le dijo a Trump que romper los registros que revisaba constituía una violación, pero también lo hacía como parte de un viejo hábito, según un exasistente de Trump.

La naturaleza caótica de los últimos días de la administración de Trump también puede suponer un problema: no hubo un secretario de personal formal de la Casa Blanca designado para supervisar y archivar los documentos revisados por Trump tras la salida del anterior secretario de personal Derek Lyons el 18 de diciembre de 2020.
La oficina del secretario de personal de la Casa Blanca es parcialmente responsable de conservar los documentos confidenciales y presidenciales, sin embargo, después de la salida de Lyons, y con nada más que un personal mínimo empleado, es posible que no se hayan archivado correctamente algunos documentos, dijo el asistente de Trump.

Trump también salió de la Casa Blanca horas antes de la toma de posesión de Joe Biden con varias “cajas” que contenían material personal y oficial, otro hábito que desarrolló durante su presidencia cada vez que viajaba, indicó el asistente de Trump.

Las cajas contenían todo tipo de material, desde recortes de periódicos de citas que le gustaban, que firmaba y enviaba por correo a la persona en cuestión, hasta borradores impresos de tuits, pasando por documentos confidenciales de las sesiones informativas presidenciales, explicó el asistente de Trump.

Cuando Trump se aburría en los vuelos de larga distancia en el Air Force One –como le sucedía con frecuencia, dijo el asistente de Trump– rebuscaba en sus cajas. Después de revisar los documentos, regularmente los rompía y dejaba caer los pedazos al piso, o en otros casos, los metía en el bolsillo de su saco.

Las cajas que seguían a Trump de un lado a otro se convirtieron en una especie de broma entre los empleados del Ala Oeste, que comentaban “el jefe y sus cajas”, señaló el asistente de Trump. También se convirtió en una fuente de consternación para los asistentes que tenían que recoger las piezas rotas para unirlas con cinta adhesiva.

No obstante, la naturaleza de la indiferencia de Trump respecto a la Presidential Records Act, a pesar de las repetidas advertencias de que su comportamiento equivalía a violaciones, supuso que una serie de artículos y registros fueran retirados de la Casa Blanca y llevados a Mar-a-Lago.

El tema de los registros presidenciales, la administración de Trump y los Archivos Nacionales ha sido central en la investigación de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero que pretendía detener la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. Trump intentó retener documentos de la Casa Blanca en una disputa que llegó al tribunal supremo.

En un fallo de 8 a 1 el mes pasado, el tribunal dejó en suspenso una sentencia de un tribunal inferior que estableció que los archivos podían entregar documentos, que incluyen diarios presidenciales, registros de visitas, borradores de discursos y notas manuscritas relacionadas con el 6 de enero de los archivos del exjefe de personal Mark Meadows. En ese momento, el comité de la Cámara de Representantes aceptó aplazar su intento de recuperar algunos documentos, a petición del gobierno de Biden.

El hecho de que una agencia federal o el Congreso remitan el caso para su enjuiciamiento penal no significa que el Departamento de Justicia vaya a presentar cargos o que vaya a investigar el asunto.