EU pide a Honduras la extradición del expresidente Hernández por cargos de drogas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó y solicitó la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por cargos de tráfico de drogas y armas, culminando una espectacular caída en desgracia para un hombre que alguna vez fue considerado uno de los principales aliados de Washington en Centroamérica.

La acusación, rumorada desde hace tiempo, surge poco más de dos semanas después de que Hernández, de 53 años, dejó el cargo y supone un golpe crítico a la reputación de un expresidente que fue elogiado al principio de su presidencia por la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) por los esfuerzos de su gobierno para extraditar a los narcotraficantes.

A última hora del lunes, alrededor de 100 policías rodearon la casa situada en Tegucigalpa en la que se cree que Hernández se encuentra refugiado, a la espera de que el tribunal supremo decida emitir una orden de detención.

En un mensaje de audio publicado en Twitter en la mañana del martes, Hernández se mostró dispuesto a entregarse si el tribunal emite la orden.

“No es un momento sencillo”, dijo. “La policía nacional recibió el mensaje a través de mis representantes de que estoy dispuesto a cooperar“. A partir de entonces, se enfrentaría a lo que podría ser un largo proceso de extradición.

Anteriormente, Hernández calificó las acusaciones en su contra como mentiras inventadas por violentos narcotraficantes que buscan venganza y reducir sus condenas. “Encontraron la llave mágica para quedar impunes, entregarse y negociar y acusar a las instituciones por ponerlos detrás de las rejas”, dijo Hernández en un discurso de febrero de 2021.

También señaló como evidencia de su inocencia una reforma constitucional que permite la extradición de hondureños a Estados Unidos -aprobada cuando era presidente del Congreso en 2012-. “Una persona que hubiera colaborado con los narcotraficantes nunca aprobaría la extradición”, dijo.

Sin embargo, la evidencia presentada por los fiscales estadounidenses en los recientes juicios contra narcotraficantes hondureños sugiere que Hernández creyó que podía controlar quién era extraditado y, por lo tanto, evitar repercusiones contra él y sus aliados cercanos.

Las acusaciones formales de la presunta participación de Hernández en el narcotráfico salieron a la luz por primera vez en agosto de 2019, cuando fue nombrado en un expediente judicial como cómplice de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue detenido mientras visitaba Estados Unidos. Durante el juicio posterior, los fiscales acusaron a los hermanos de supervisar un plan que describieron como “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.

Tony Hernández fue declarado culpable de conspiración de narcotráfico y de cargos correspondientes en materia de armas. El año pasado fue condenado a cadena perpetua.
En abril de 2020, Hernández fue nombrado nuevamente cómplice cuando los fiscales estadounidenses acusaron al exjefe de la policía nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares de cargos de tráfico de drogas y de cargos correspondientes en materia de armas. De acuerdo con la acusación, Hernández encomendó a Bonilla “tareas especiales, incluyendo el asesinato”.

En un tercer caso, ocurrido menos de un año después, un tribunal escuchó que Hernández supuestamente conspiró con otro narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes, para “meter la droga directamente en las narices de los gringos“. Fuentes fue declarado culpable de conspiración de tráfico de drogas y de cargos correspondientes en materia de armas. Su sentencia está programada para febrero.

Rompiendo la tradición, Hernández no asistió a la toma de posesión de su sucesora, Xiomara Castro, el 27 de enero. Se rumora que podría intentar evadir su detención viajando a Nicaragua, donde el líder autoritario del país, Daniel Ortega, ya le brindó refugio a dos expresidentes de El Salvador que se enfrentaron a acusaciones de corrupción en su país.

Hernández comenzó su carrera política en 1998, cuando ganó un puesto en el Congreso para representar a su departamento natal, Lempira, ubicado en un corredor clave del narcotráfico en el oeste de Honduras. En 2010, se convirtió en presidente del Congreso y, cuatro años después, en presidente de la República. De acuerdo con los fiscales, su ascenso en la política se debe en parte a los millonarios sobornos procedentes de los narcotraficantes.

El cargo de conspiración de narcotráfico implica una condena de 10 años a cadena perpetua.