La Corte Penal Internacional inicia una investigación por crímenes de guerra sobre la invasión rusa a Ucrania
Un hombre camina delante de un edificio dañado por la guerra en Kiev. Foto: Emilio Morenatti/AP

Se inició una investigación por crímenes de guerra sobre la invasión rusa a Ucrania, después de que un número sin precedentes de países apoyó la medida y el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson calificó la intervención militar como “abominable”.

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo que comenzaría a trabajar “lo más rápido posible” para buscar los posibles crímenes contra la humanidad o el genocidio cometidos en Ucrania.

Esta remisión para la investigación por parte de 39 países reducirá en varios meses el proceso, ya que permite que Khan evite la necesidad de solicitar la aprobación del tribunal de La Haya.

La decisión fue tomada mientras la capital ucraniana, Kiev, se preparaba para un asedio y el Ministerio de Defensa ruso afirmaba que tenía el “control total” de Kherson, una ciudad portuaria del sur cerca de la península de Crimea.

Khan indicó que un “equipo avanzado” de investigadores ya estaba viajando a Ucrania.

El abogado británico comentó en el programa Today de Radio 4 de la BBC que la presión ejercida por tantos países “nos permite iniciar las investigaciones” y se suma a la “evidencia de la preocupación internacional sobre los acontecimientos en el terreno en Ucrania”.

Los individuos tienen derecho a que se reivindiquen sus intereses y a que prevalezca la justicia“, dijo Khan.

“Eso solo puede ocurrir si se recopilan y valoran las pruebas de forma independiente e imparcial y después, a su debido tiempo, se pueden tomar decisiones respecto a si existe o no responsabilidad penal, y entonces los jueces decidirán en última instancia”.

Cuando se le preguntó por los informes sobre el uso de bombas en racimo por parte de Rusia en zonas civiles, Khan respondió que “está claro… que dirigir ataques contra civiles y objetos civiles equivale a un crimen de guerra“.

La investigación de la CPI abarcará desde el 21 de noviembre de 2013, cuando el entonces presidente de Ucrania rechazó una mayor integración a la Unión Europea, lo que provocó enormes protestas que precipitaron la anexión de Crimea por parte de Rusia.

Liz Truss, la ministra de Relaciones Exteriores de Reino Unido, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de “atacar indiscriminadamente a los civiles” y de ordenar a sus tropas que arrasen con las ciudades de toda Ucrania. “Reino Unido trabajará estrechamente con sus aliados para garantizar que se haga justicia”, afirmó.

El secretario de Justicia de Reino Unido, Dominic Raab, comentó al Daily Telegraph que Gran Bretaña podría albergar en sus prisiones a los comandantes rusos sospechosos de crímenes de guerra, y actuar como refugio para los testigos que declaren en su contra. Señaló que “pocos países del mundo” contaban con la “información principal” de Reino Unido, la cual probablemente resultaría “absolutamente crucial” para la CPI.

Mientras la invasión rusa cumplía su octavo día, la agencia de la ONU para los refugiados calculó que un millón de personas ya habían huido de Ucrania, convirtiéndose en el éxodo más rápido de refugiados de este siglo.

Más de 2 mil civiles han muerto desde el inicio de la invasión, según informó el servicio estatal de emergencias de Ucrania.

El aislamiento internacional de Moscú aumentó cuando la Asamblea General de la ONU votó con una abrumadora mayoría para exigir a Putin la retirada inmediata de las tropas rusas: 141 países respaldaron la moción y solo cinco, entre ellos el supuesto co-agresor Bielorrusia, se opusieron.

El gobierno británico fue criticado por el ritmo con el que se están aplicando las sanciones a los rusos cercanos a Putin y a sus intereses empresariales. El líder laborista, Keir Starmer, cuestionó el miércoles la razón por la que se necesitarían 18 meses para aplicar un nuevo registro de propiedades a los actuales propietarios.

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, comentó que creía que Reino Unido estaba “siguiendo nuestro ejemplo”.

Después de que se reveló que los conservadores aceptaron una donación de 80 mil libras de la exesposa de uno de los ministros de Putin en los últimos seis meses, Timmermans añadió: “Creo que incluso los partidos que aceptaron financiamiento proveniente de oligarcas deberían entender que tienen que cambiar de dirección. Porque, si no malinterpreto el sentir de Reino Unido, eso es lo que quieren los ciudadanos británicos”.

Damian Hinds, ministro de Seguridad de Reino Unido, comentó en la radio LBC: “No acepto que mi partido político acepte dinero de fuentes ilegítimas“.

Hinds también aplaudió la investigación de la CPI y señaló que todos los indicios sugerían que Putin “es culpable” de crímenes de guerra.

Los funcionarios británicos indicaron que se avecinan más sanciones, contra oligarcas, miembros del consejo de seguridad nacional ruso y bancos, y que creen que el impacto económico de las medidas ha sido más importante de lo que Putin preveía.

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