Un tribunal israelí sienta las bases para el desalojo de mil palestinos de una zona de Cisjordania

Tras una batalla legal de dos décadas, el tribunal supremo de Israel dictaminó que alrededor de mil palestinos pueden ser desalojados de una zona de Cisjordania y que el terreno sea reutilizado para uso militar israelí, en una de las mayores decisiones de expulsión desde que comenzó la ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967.

Aproximadamente 3 mil hectáreas de Masafer Yatta, una zona rural situada en las colinas del sur de Hebrón que se encuentra bajo pleno control israelí y que alberga varias pequeñas aldeas palestinas, fue designada como “zona de tiro” por el Estado israelí en la década de 1980, para ser utilizada en ejercicios militares, en los que está prohibida la presencia de civiles.

De acuerdo con los convenios de Ginebra relativos al trato humanitario en la guerra, es ilegal expropiar tierras ocupadas para fines que no benefician a las personas que viven en ellas, o desplazar forzosamente a la población local.

Sin embargo, Israel ha argumentado que los habitantes de Masafer Yatta que viven en la zona de tiro 918, que realizan actividades agrícolas y de cría de animales en ella, no eran residentes permanentes de la zona cuando se declaró la zona de tiro, y por lo tanto no tienen derechos sobre la tierra.

La decisión del tribunal supremo publicada durante la noche del miércoles –antes del Día de la Independencia de Israel, el jueves, que es un día feriado– aceptó el argumento del Estado de que la comunidad no podía probar que eran residentes de la zona desde antes de la década de 1980, a pesar de los testimonios de expertos y la literatura presentada en el tribunal que demostraba que la zona ha estado habitada durante décadas.

Los jueces también rechazaron la afirmación de que la “prohibición de los traslados forzosos establecida en el derecho internacional es consuetudinaria y vinculante”, calificándola en cambio como una “norma de tratado” que no es aplicable en un tribunal nacional, según indicó el abogado israelí de derechos humanos internacionales Michael Sfard.

El Ministerio de Defensa israelí, uno de los organismos responsables de la política israelí en la zona ocupada de Cisjordania, no respondió de forma inmediata la solicitud para conocer sus comentarios.

Puesto que la decisión de los jueces fue unánime, se desconoce si los residentes de las ocho aldeas de Masafer Yatta disponen de otras vías legales israelíes para apelar la decisión. Aunque la sentencia no ordena desalojos, en caso de que decida hacerlo, Israel podría ahora proceder a la expulsión forzosa de los palestinos en cualquier momento.

“La decisión del tribunal es una decisión racista tomada por un juez colonizador (David Mintz, que vive en un asentamiento ilegal en Cisjordania)”, señaló Nidal Younes, jefe del consejo del pueblo de Masafar Yatta.

“Llevamos 22 años luchando con Israel en los tribunales y a este juez le bastaron cinco minutos para destruir la vida de 12 aldeas y de las personas que dependen de la tierra”.

“Al final, la historia se repite: Nakba tras Nakba”, dijo, utilizando el término árabe para la expulsión de los palestinos que viven en Israel en las guerras que acompañaron la creación del Estado en 1948.

El 18% de la Cisjordania ocupada ha sido declarada “zona de tiro” destinada al entrenamiento militar israelí desde la década de 1970. Según las actas de una reunión ministerial celebrada en 1981, el entonces ministro de Agricultura, Ariel Sharon, posteriormente primer ministro, propuso la creación de la zona de tiro 918 con la intención explícita de obligar a los palestinos locales a abandonar sus hogares.

Las comunidades palestinas que viven dentro de las zonas de tiro han sido amenazadas en repetidas ocasiones con la demolición de sus viviendas y la confiscación de tierras agrícolas debido a que no cuentan con permisos de construcción, los cuales son emitidos por las autoridades israelíes y son casi imposibles de obtener.

Los residentes de Masafer Yatta también se han visto sometidos a la intensificación de los ataques de las comunidades de colonos israelíes ilegales cercanas en los últimos años.

En 1999, 700 residentes de la zona de tiro 918 fueron desalojados, no obstante, tras una apelación de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI), el tribunal supremo emitió una orden que permitía que los residentes regresaran hasta que el tribunal supremo tomara una decisión definitiva. La orden mantuvo el incómodo statu quo hasta la sentencia del miércoles.

Los compromisos propuestos por el Estado israelí, que habrían permitido que los aldeanos palestinos trabajaran dentro de la zona de tiro los fines de semana, los días feriados israelíes y durante dos meses no consecutivos al año, fueron rechazados por la comunidad de Masafer Yatta con el argumento de que no sería posible sustentar sus actividades agrícolas ni ganarse la vida.

Breaking the Silence, una organización israelí, indicó en un comunicado: “El tribunal supremo acaba de dar luz verde al mayor traslado de población en la historia de la ocupación desde principios de la década de 1970”.

“La deportación de más de mil personas en beneficio de la expansión de los asentamientos, los puestos fronterizos y el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel no solo constituye una catástrofe humanitaria que podría sentar un precedente para otras comunidades de Cisjordania, sino también un claro paso hacia la anexión de facto de los territorios palestinos ocupados y la consolidación del gobierno militar de forma indefinida”.