El cártel Clan del Golfo en Colombia toma represalias por la detención del capo Otoniel

Jorge, un activista comunitario de la conflictiva provincia colombiana del Chocó, ya se dirigía a la ciudad de Medellín cuando escuchó una noticia que lo hizo regresar a su casa.

Milicianos paramilitares con pasamontañas y trajes militares habían levantado una serie de barricadas y declarado un “paro armado”, incendiando vehículos, obligando a los negocios a cerrar y deteniendo todo el tránsito.

“No hay absolutamente nadie alrededor, porque cualquier vehículo que encuentran en las carreteras lo incendian”, explicó Jorge, utilizando un nombre falso para evitar cualquier represalia. “Es un terror total”.

Desde el jueves, ciudades, pueblos y aldeas de todo el norte de Colombia se encuentran cerrados por el temido cártel de la droga del Clan del Golfo, en represalia por la extradición a Estados Unidos de su exlíder, Dairo Antonio Úsuga, mejor conocido como Otoniel.

Otoniel se enfrenta a una letanía de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, así como a más de 120 cargos en Colombia, entre los que figuran acusaciones de asesinato, reclutamiento ilegal, secuestro extorsivo, abuso sexual de menores, terrorismo, posesión ilegal de armas y tráfico de drogas.

Sin embargo, mientras los fiscales de Nueva York presumían de que el presunto capo finalmente se enfrentaría a la justicia, los colombianos de toda una zona del país seguían siendo rehenes del terror desencadenado por sus miles de secuaces.

Los milicianos bloquearon las principales carreteras y les prohibieron a todas las personas aventurarse a salir, incluso para comprar comida.

“Todo está cerrado desde el mediodía del jueves, prácticamente todos los negocios están cerrados”, comentó un residente de Apartadó, una ciudad de 200 mil habitantes ubicada en la región de Urabá, donde el Clan del Golfo todavía tiene territorio.

“No sabemos cuánto tiempo durará esto. El agua y la electricidad siguen siendo interrumpidas, no hay transporte y la comida se está agotando. Solo tenemos que esperar y ver qué pasa”.

Los videos que los residentes compartieron con The Guardian muestran que las calles que normalmente rebosan de actividad comercial ahora estaban completamente desiertas.

“El Estado no tiene ningún control aquí, de modo que en cualquier momento los grupos armados pueden crear problemas y desestabilizar toda la región”, dijo un líder comunitario de Montería, la capital de la provincia de Córdoba.

“Municipios completos están cerrados, quemaron autobuses y nadie puede salir de sus casas”.
Un folleto amenazante en nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –nombre que el cártel utiliza para sí mismo– fue distribuido en varias ciudades, afirmando que el paro armado durará cuatro días, y que el cártel no se hará responsable de las “consecuencias que pudieran ser desfavorables”.

Tiendas, escuelas y edificios gubernamentales fueron pintados con la insignia de la AGC.

“Nosotros somos los prisioneros, no Otoniel”, señaló otro habitante de un pueblo de la región. “Todos están confinados en sus casas, y nada –ni siquiera una ambulancia– se mueve. Esto es un caos silencioso”.

La captura de Otoniel fue aclamada por las autoridades estadounidenses y colombianas como un gran golpe contra los narcotraficantes, sin embargo, la policía señala que dos de sus lugartenientes, conocidos como Gonzalito y Chiquito Malo, asumieron el mando de la milicia, que se cree cuenta con hasta 2 mil combatientes y que, además del narcotráfico, también está involucrada en el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro extorsivo y el reclutamiento forzado de niños.

Las autoridades colombianas respondieron a la violencia con el lanzamiento de una “política antiterrorista”, cuyo objetivo principal es el levantamiento de las barricadas. “La instrucción para los comandantes es desplegar todas sus capacidades, y sobre todo estar a la ofensiva contra estos delincuentes”, indicó un vocero de la policía en la mañana del viernes.

Los analistas señalan que el terrorismo en el norte de Colombia es una consecuencia previsible de las tácticas de línea dura del país en la “guerra contra las drogas”, que suelen ignorar a las poblaciones civiles que viven entre los traficantes.

“Esta es una demostración perfecta de cuál es el problema con el enfoque de Colombia respecto a grupos como el Clan del Golfo, en el sentido de que decapitarlos con estas detenciones de gran escala y de alto perfil como la de Otoniel no ha hecho nada para afectar la estructura de la organización”, señaló Elizabeth Dickinson, analista para Colombia del centro de estudios International Crisis Group.

“La realidad cotidiana en las regiones que controlan o que se disputan sigue implicando altos niveles de control social, un reclutamiento forzoso, coerción, extorsión”.

“Todo eso es invisible, pero en un momento como este, se vuelve imposible para el Estado ignorar la profundidad de la presencia de un grupo como el Clan del Golfo en esta región”, explicó Dickinson. “De hecho, es bastante impactante”.