¿La pobreza o la crisis sanitaria llevan a los canadienses al suicidio asistido?

Tras solicitar sin éxito una vivienda asequible para ayudar a aliviar su estado de salud crónico, una mujer canadiense puso fin a su vida en febrero en virtud de las leyes de suicidio asistido del país. Otra mujer, que padece la misma enfermedad y que también vive de los subsidios por discapacidad, está a punto de conseguir la autorización definitiva para poner fin a su vida.

Estos dos casos de gran repercusión han provocado incredulidad e indignación, y pusieron de manifiesto las leyes canadienses sobre el derecho a morir, que, según argumentan los críticos, son utilizadas de forma indebida para castigar a los pobres y enfermos. A finales de abril, el periódico The Spectator publicó un artículo con el provocativo titular: ¿Por qué Canadá aplica la eutanasia a los pobres?

Sin embargo, los expertos médicos y jurídicos advierten que la cobertura mediática excesivamente simplificada de los casos no logra reflejar la realidad del sistema, y advierten que la cobertura sensacionalista de un número de casos “extremos” ignora una crisis más grande en los sistemas de atención médica del país.

En febrero, una mujer de 51 años de Ontario conocida como Sophia obtuvo autorización para la muerte asistida por un médico después de que su enfermedad crónica se volviera intolerable y su escaso subsidio por discapacidad le dejara poco para sobrevivir, según informó CTV News.

“El gobierno me considera una basura prescindible, una quejosa, una inútil y un dolor de cabeza”, dijo en un video obtenido por la cadena. Durante dos años, ella y sus amigos imploraron sin éxito mejores condiciones de vida, explicó.

Ahora surge un segundo caso con varias similitudes: otra mujer, conocida como Denise, también solicitó acabar con su vida tras no poder encontrar una vivienda adecuada y luchar por sobrevivir con los subsidios por discapacidad.

A ambas les diagnosticaron sensibilidad química múltiple (SQM), una enfermedad en la que sustancias químicas comunes, como las que contiene el humo de los cigarros y los detergentes para la ropa, pueden provocar náuseas, dolores de cabeza fulminantes y, en casos extremos, un choque anafiláctico.

Ambas argumentaron que un hogar especializado –donde el flujo de aire está más controlado– aliviaría sus síntomas debilitantes.

Dado que no podían trabajar, cada una de ellas recibía mil 169 dólares al mes, lo que las situaba muy por debajo del umbral de la pobreza en la provincia más poblada y costosa de Canadá.

Para los activistas, los casos han llegado a representar la incapacidad de Canadá para atender a sus ciudadanos más vulnerables, y han planteado preguntas sobre cómo se aplican las leyes en materia de suicidio asistido.

No obstante, los expertos advierten que los casos también son utilizados por los grupos que se oponen a la asistencia médica en el proceso de muerte (MAiD) en un intento de hacer retroceder la legislación, en lugar de analizar la forma en que los gobiernos pueden ayudar a las personas que viven con discapacidades.

“La vivienda inadecuada no es uno de los criterios de elegibilidad para la asistencia médica en el proceso de muerte. Aunque las circunstancias de vida de una persona pueden contribuir a su sufrimiento, no constituyen la condición médica grave e irremediable, que debe existir”, señaló Chantal Perrot, doctora y proveedora de MAiD.

Perrot comentó que, aunque la vivienda pudo haber ayudado, solo fue una parte de una lucha más amplia contra la enfermedad crónica.

“El único y verdadero tratamiento para eso es evitar todos los desencadenantes. Eso es prácticamente imposible de hacer en la vida cotidiana. Por eso, una mejor vivienda puede crear una burbuja temporal para una persona, pero no existe una cura para esto”, explicó. “Hacemos este trabajo porque creemos en el derecho de las personas a una muerte asistida. No siempre es fácil hacerlo. Pero sabemos que los pacientes la necesitan y la valoran. Vivimos con el reto del trabajo, en parte porque es importante aliviar ese sufrimiento“.

Cuando Canadá introdujo la ley sobre el suicidio asistido en 2016, los grupos de defensa manifestaron el temor de que las poblaciones vulnerables pudieran ser el objetivo de la ley, o que los médicos se vieran obligados a anular los juramentos que hicieron para proteger a los pacientes.

“Muchos de los argumentos inevitables presentados en un principio nunca llegaron a ocurrir”, dijo Hillary Ferguson, especialista en bioética de la Universidad de Dalhousie. “Se temía que se crearan las condiciones para que todas estas personas accedieran a la MAiD o incluso se vieran obligadas a hacerlo. Pero no ha sido el caso”.

El año pasado, los legisladores revisaron los criterios de la MAiD después de que la Corte Suprema del país sentenciara que la versión anterior de la ley, que excluía a las personas con discapacidad, era inconstitucional.

La cuestión vuelve a estar en manos de un comité parlamentario conjunto especial encargado de decidir si se puede ampliar el acceso a los niños con consentimiento y a los enfermos mentales.

Jocelyn Downie, profesora de Derecho en Dalhousie y experta en políticas sobre el final de la vida, señaló que existen amplias barreras en el sistema para proteger a los canadienses.

“Tienes que cumplir rigurosos criterios de elegibilidad. Y el ser pobre y no tener una casa, o una casa que sea adecuada para ti, no te hace elegible”, señaló Downie. Los casos que implican una enfermedad crónica con frecuencia requieren mucho tiempo porque los médicos trabajan para agotar todas las demás opciones existentes para aliviar el sufrimiento de sus pacientes, explicó.

Downie dijo que los casos sí evidencian los fallos de la sociedad, pero no con las leyes de muerte asistida del país.

“Escuchen lo que las personas que viven con discapacidades han estado pidiendo durante años”, comentó, destacando las inversiones en vivienda y transporte accesibles.

En lugar de luchar por la ley, que es poco probable que los legisladores deroguen dada la serie de casos de la Corte Suprema que defienden el derecho a la muerte asistida por un médico, Downie señaló que se debería hacer mayor hincapié en los apoyos y servicios para discapacitados y en los apoyos para la salud mental.

“La realidad es que se trata de un pequeño número de personas que cumplen los requisitos para recibir la MAiD. Sin embargo, las inversiones en recursos para la salud mental y la discapacidad ayudarían en gran medida a muchas más personas a vivir su vida”.