La policía brasileña identifica a cinco personas más relacionadas con los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira

La policía que investiga el asesinato del periodista británico Dom Phillips y del defensor de los pueblos indígenas Bruno Pereira ha identificado a otras cinco personas relacionadas con los asesinatos, con lo que asciende a ocho el número de sospechosos de un crimen que ha conmocionado a Brasil.

La policía ya había detenido a dos hermanos, de los cuales uno confesó el crimen, y un tercer hombre se entregó a las autoridades el sábado.

La policía estatal de Atalaia do Norte –la ciudad ribereña en la que Phillips y Pereira emprendieron su último viaje– indicó a The Guardian que los cinco sospechosos estaban siendo investigados por su presunta implicación brindando ayuda a los hombres involucrados en el traslado de los restos de Phillips y Pereira 24 horas después del asesinato con arma de fuego.

El investigador David Da Rocha describió la investigación como “completada en un 90%”, señalando que las detenciones previstas probablemente serían las últimas del proceso. Indicó que los cinco hombres que esperaba detener eran familiares de los dos hermanos detenidos. La policía esperaba obtener una orden judicial para iniciar las detenciones y también esperaba acusar a cada uno de ellos de homicidio.

Da Rocha mantuvo su convicción de que los sospechosos de los asesinatos no actuaron por orden de terceros y afirmó que el crimen no formaba parte de una conspiración criminal más amplia. Esta descripción, compartida por la policía federal de Brasil, ha contado con la enérgica oposición de los activistas indígenas de la región, quienes han argumentado que los asesinatos estaban vinculados a grupos del crimen organizado.

Phillips era un periodista británico que estaba realizando una investigación para un libro sobre el desarrollo sustentable en la región del Amazonas y Pereira lo ayudaba a transitar por zonas remotas de la selva donde realizaba las entrevistas.

Ambos fueron asesinados con arma de fuego el 5 de junio y fueron enterrados en lo más profundo de la selva. Sus cuerpos fueron descubiertos la semana pasada, cuando uno de los dos hermanos detenidos confesó el crimen.

La policía indicó que Phillips fue asesinado con un disparo en el cuerpo, mientras que a Pereira le dispararon tres veces, dos en la zona del pecho y el abdomen y una en la cabeza. Las armas utilizadas en el asesinato eran del tipo que utilizan los cazadores, informó la policía.

El anuncio se realizó mientras los sindicatos que trabajan en el organismo indígena nacional de Brasil, FUNAI, convocaron una huelga de cinco días para esta semana con el objetivo de destituir al presidente de la organización, quien, según indican, trabaja en contra de los intereses de los pueblos indígenas de Brasil.

Los funcionarios de tres sindicatos deberán votar sobre la huelga el lunes, aunque confían en que los miembros de la mayoría de los 27 estados de Brasil se unirán al paro, el cual también pretende obligar a las autoridades a profundizar en la investigación del crimen.

“El objetivo de la huelga es expulsar a (el presidente de la FUNAI) Marcelo Xavier”, comentó Priscila Colotetti, directora ejecutiva de Indigenistas Asociados, una asociación de empleados de la FUNAI. “Con Xavier, no es que sea difícil promulgar las políticas indígenas, sino que no hay políticas indígenas. Por eso necesitamos una huelga de mayor duración para presionar”.

“También estamos presionando para que se realice una investigación adecuada sobre el asesinato de Dom y Bruno para que se sepa quién ordenó el crimen”.

Las autoridades aseguraron la semana pasada que los sospechosos actuaron por su cuenta, no obstante, esta conclusión fue cuestionada, sobre todo por los grupos indígenas locales, que anteriormente habían denunciado la presencia de grupos de narcotraficantes y mafias del crimen organizado en la región.

El anuncio contribuyó a la desconfianza generalizada que la población local tiene en los órganos del Estado, como la policía y, cada vez más, la FUNAI.

La fundación indígena se ha visto socavada y poco financiada por el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, dijeron funcionarios actuales y exfuncionarios de la misma. Bolsonaro desea ceder las tierras indígenas a empresas de tala de árboles y a mineros, amenazando aún más a las comunidades que han vivido en la zona durante miles de años.

El puesto de Xavier al frente de una organización encargada de cuidar y proteger a aproximadamente 235 tribus indígenas también ha sido cuestionado, incluso por Pereira, un exempleado de la FUNAI.

Xavier indicó que, durante los días posteriores a la desaparición de los dos hombres, no habían conseguido los permisos necesarios para entrar al territorio indígena, requisito que se exige en Brasil.

Sin embargo, los grupos indígenas señalaron que no necesitaban los permisos porque no se habían aventurado en territorio indígena. El juez les dio la razón y pidió a Xavier que retirara su comunicado de la página web de la FUNAI y se abstuviera de denigrar a los dos hombres desaparecidos. La FUNAI cumplió la orden.

El 16 de junio, la FUNAI publicó un comunicado tardío, en el que decía: “Pereira deja un inmenso legado” y elogió lo que denominó su “extrema dedicación… a los pueblos indígenas, por los que trabajó incansablemente”.

Pereira, de 41 años, en su momento se enfrentó a Xavier, un exjefe de policía designado por Bolsonaro en julio de 2019. Pereira trabajó con la FUNAI hasta finales de ese año, cuando Xavier lo destituyó de su cargo. Pereira comentó que creía que la decisión había sido tomada debido a que había liderado una exitosa operación contra las minas ilegales que se encontraban en tierras indígenas.

Después de dejar la FUNAI, el padre de tres hijos comenzó a trabajar con las comunidades indígenas presentes en el Valle del Yavarí, una región remota y densamente boscosa ubicada a lo largo de la frontera occidental de Brasil con Perú. Fue ahí, en un tranquilo tramo del río Itaguaí, donde él y Phillips fueron vistos con vida por última vez.

La convocatoria de la huelga del domingo surge cinco días después de que, a los miembros del sindicato de la sede de la FUNAI en la capital, Brasilia, se les unieran colegas de otros dos estados en un paro relámpago de un día.

Colotetti indicó que el personal estaba recibiendo amenazas de despido en caso de que siguiera adelante con la huelga, pero que no se dejaría intimidar.

“Perderemos el dinero de los días que estemos de huelga y también hay otras amenazas, que proceden de fuentes secundarias”, señaló. “A las personas que ocupan altos cargos les están advirtiendo que serán destituidas, y a las que están aquí como transferidas les están advirtiendo que serán enviadas de vuelta. Los directores están intentando detenerla”.