¿Qué significa la inmunidad legal de la reina?

¿Qué es la inmunidad soberana?

La inmunidad soberana es una doctrina centenaria que establece que la monarca no puede ser procesado ni objeto de acciones judiciales civiles según la ley. Su origen radica en la doctrina y en las convenciones, más que en las leyes, e incluso no existe ninguna ley que establezca las normas en las que se basa este concepto

Procede en parte del concepto medieval de que la monarca es la fuente de la justicia y, por lo tanto, no puede hacer nada malo. También está basado en el argumento de que, puesto que los tribunales pertenecen a la reina, esta no puede ser obligada a comparecer ante ellos, ya que, de hecho, se estaría procesando a sí misma

Desde al menos 1800, la figura de la monarca también ha contado con una persona privada jurídicamente distinta, creada para permitirle poseer un patrimonio y unas propiedades independientes que pudieran ser heredadas por sus hijos. No obstante, los límites entre ambas figuras son un tanto imprecisos, y la inmunidad soberana generalmente ha sido interpretada como aplicable tanto a la identidad pública como a la privada de la monarca.

La inmunidad soberana no es algo exclusivo del Reino Unido: varios países cuentan con leyes o convenios que inmunizan al jefe de Estado contra las acciones judiciales.

¿Qué es la aplicación de la corona?

En ocasiones denominada inmunidad de la corona, el concepto de la aplicación de la corona es la idea de que la ley británica no es aplicable a la corona a menos que esté explícitamente escrito que así sea. “Corona” se refiere al gobierno y a la monarquía, así como a varios estados y propiedades reales. El gobierno interpreta que también incluye la identidad privada de la monarca.

La aplicación de la Corona es única en la legislación de Westminster, y ha sido criticada por su falta de claridad y por su tendencia a disuadir al parlamento de considerar adecuadamente la forma en que el gobierno debería verse afectado por las nuevas leyes. En 2017, el tribunal supremo ratificó la norma, señalando que era tan ubicua dentro del derecho británico que el no hacerlo crearía problemas.

Cuando se le preguntó sobre la inmunidad legal de la reina como ciudadana privada, su secretario de comunicaciones, Donal McCabe, reconoció que el gobierno y el palacio mantienen conversaciones sobre la forma y el grado en que un proyecto de ley debe ser aplicable para Isabel Windsor como ciudadana privada durante la redacción de la legislación.

“La casa real puede ser consultada respecto a la precisión técnica del enfoque de los departamentos sobre la cuestión de la aplicación de la corona”, explicó McCabe. “Esto se hace para garantizar la exactitud y destacar cualquier incongruencia, y no para dictar la política”.

¿En qué se diferencian estas exenciones?

Las 160 exenciones identificadas por The Guardian sugieren que se están produciendo dos cambios importantes en la manera en que se están aplicando los conceptos de inmunidad soberana y aplicación de la corona a la reina como ciudadana privada.

El primero consiste en que, si bien anteriormente la inmunidad soberana suponía que la reina no podía ser procesada o demandada, sin necesidad de que esto estuviera establecido en los estatutos, actualmente el principio se está redactando en la ley y se está ampliando con claridad para abarcar sus intereses privados, así como su conducta como monarca.

Además de esclarecer el principio, este avance también lo refuerza, sugiriendo que no solo no es posible procesar a la reina por comportamientos delictivos, sino que, en un plano más profundo, ciertos comportamientos que de otro modo serían ilegales son, en realidad, permisibles si los realiza la reina.

El segundo consiste en que el concepto de inmunidad también se aplica de forma mucho más clara a los bienes e inversiones de la reina como ciudadana privada. Más de 30 de las leyes revisadas por The Guardian otorgan inmunidad legal a “sus propiedades privadas”, como Sandringham y Balmoral.

¿Está esto relacionado con el consentimiento de la reina?

Parcialmente. El año pasado, The Guardian informó sobre cómo el proceso de consentimiento de la reina fue utilizado para permitir que la familia real revisara más de mil leyes durante el reinado de Isabel II antes de que el parlamento pudiera debatirlas.

El Palacio de Buckingham ha afirmado en repetidas ocasiones que el consentimiento de la reina es un proceso puramente formal que no se traduce en cambios sustanciales en la política. Sin embargo, esta afirmación se ha visto socavada por documentos relacionados con diversas leyes aprobadas a lo largo del mandato de la reina, lo que sugiere que ella o sus representantes aprovecharon el proceso para conseguir exenciones personales.

En un caso, se incorporó una cláusula completamente nueva a un proyecto de ley de transparencia empresarial después de que el abogado privado de la reina exigiera que se modificara la ley con el fin de ocultar a la opinión pública su “vergonzoso” patrimonio privado.

Documentos del Ministerio del Interior que datan de la década de 1960 revelan que los ministros y funcionarios públicos creían que no obtendrían su consentimiento para aprobar la ley relativa a la igualdad racial hasta que sus asesores quedaran convencidos de que no podría ser aplicada en su contra.
Recientemente, en 2017, se le concedió a la reina una exención de la ley que permite que la policía registre fincas privadas en busca de artefactos culturales saqueados o robados. Un vocero del Palacio de Buckingham indicó que no había ningún artefacto de este tipo en las propiedades privadas de la reina.