Revelación: La extensa inmunidad de la reina a más de 160 leyes

Las exenciones personalizadas para la reina en su calidad de propietaria privada han sido redactadas en más de 160 leyes desde 1967, lo cual le otorga una extensa inmunidad a una serie de leyes británicas, que abarcan desde el bienestar de los animales hasta los derechos de los trabajadores. Hay docenas de leyes que otorgan inmunidad adicional a su cartera de propiedades privadas, concediéndole protecciones únicas como propietaria de latifundios.

Más de 30 leyes diferentes estipulan que la policía tiene prohibido entrar a las fincas privadas de Balmoral y Sandringham sin la autorización de la reina para investigar presuntos delitos, entre ellos los relacionados con la fauna y la contaminación ambiental, una inmunidad legal que no se otorga a ningún otro propietario privado del país.

La policía también está obligada a obtener su consentimiento personal antes de poder investigar presuntos delitos cometidos en su negocio privado de pesca de salmón y trucha en el río Dee, en Balmoral, donde se cobra a los pescadores hasta 630 libras por día de pesca.

En virtud de la doctrina de la inmunidad soberana, que existe desde hace mucho tiempo pero que no está bien definida, no se pueden iniciar procedimientos penales ni civiles contra el monarca como jefe de Estado. No obstante, una investigación de The Guardian, basada en documentos oficiales y en el análisis de la legislación, revela hasta qué punto se han redactado o reformado las leyes para especificar la inmunidad de su conducta como ciudadana privada, junto con sus bienes y propiedades de carácter privado, e incluso un negocio de propiedad privada.

Un experto constitucional advirtió que las exenciones socavan el concepto de que todos son iguales ante la ley, mientras que otro recomendó que la monarquía revisara y simplificara las exenciones por el bien de la transparencia pública.

Como monarca, la reina posee una persona jurídica pública y otra privada. La primera, Isabel II, es la figura pública que actúa como jefa de Estado y posee bienes históricos como el Palacio de Buckingham o la colección de arte real, los cuales no pueden ser vendidos. La segunda, Isabel Windsor, es una persona privada que puede comprar y vender inversiones y bienes como cualquier otro ciudadano. Aunque son famosas por estar vinculadas a la realeza, las fincas de Sandringham y Balmoral son bienes privados de la familia Windsor.

Sin embargo, a diferencia de otras personas privadas, Isabel Windsor también ha hecho que se establezcan excepciones y exenciones específicas en gran parte de la legislación británica, con frecuencia en ámbitos en los que tiene intereses o inversiones privadas.

“Existe un patrón claro, y están relacionados en gran medida con los intereses económicos de la monarca”, señaló Thomas Adams, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Oxford, quien analizó los hallazgos de The Guardian.

El gobierno del Reino Unido y el Palacio de Buckingham se negaron a responder en detalle las preguntas relativas al proceso por el que se obtuvieron las exenciones concedidas a la familia Windsor. Ambos se negaron a indicar si la reina o sus representantes solicitaron que la inmunidad legal privada fuera incluida en las leyes. Una reciente investigación de The Guardian reveló de forma independiente la manera en que la monarca ha influido en la legislación utilizando un procedimiento poco conocido como consentimiento de la reina, en el que sus abogados pueden revisar las leyes que podrían afectarla antes de que el parlamento las apruebe.

“Los principios de aplicación de la corona están establecidos desde hace mucho tiempo y son ampliamente conocidos”, señaló Donal McCabe, secretario de comunicaciones de la reina, en referencia a la doctrina legal según la cual la ley británica no suele ser aplicable al gobierno y a la monarquía.

Declinó explicar la interpretación del palacio respecto a las cláusulas de inmunidad privada. McCabe no discutió la existencia de las exenciones, ni que su efecto consistiera en conceder inmunidad a la reina como propietaria de tierras y negocios privados.

Las exenciones que se han otorgado a la actual reina serán, en la mayoría de los casos, transferidas al príncipe Carlos cuando este se convierta en rey.

Inmunidad a las leyes contra la discriminación

Las exenciones más polémicas prohíben que los empleados de la reina presenten denuncias por discriminación sexual y racial. Incluso el texto más moderno de la legislación contra la discriminación, la Ley de Igualdad de 2010, está diseñado para no proteger a los empleados de la reina.

Existen otras leyes que eximen a la reina, en calidad de empleadora privada, del cumplimiento de diversas leyes en materia de derechos de los trabajadores, salud y seguridad, o pensiones. La reina está total o parcialmente exenta de al menos cuatro leyes diferentes relativas a las pensiones de los trabajadores, y no está obligada a acatar la Ley de Salud y Seguridad laboral de 1974.

La práctica de impedir que los empleados de la reina interpongan demandas por discriminación contra su casa data de finales de la década de 1960, cuando los cortesanos indicaron a los ministros que “no existía, de hecho, la práctica de nombrar a inmigrantes de color o extranjeros” para desempeñar funciones clericales en la casa real.

Quizás debido a la preocupación de que tales exenciones puedan resultar polémicas o inaceptables para la opinión pública británica, la inmunidad de la reina a la legislación antidiscriminatoria ha sido redactada normalmente de manera imprecisa.

Mientras que otras cláusulas establecen abiertamente que la ley “no afecta a Su Majestad en su calidad de persona privada” o no es aplicable para sus propiedades privadas, su exención de la Ley de Igualdad de 2010 es evidente únicamente a través de una declaración de una línea en un documento explicativo adjunto.

Se puede observar este enfoque discreto en leyes que datan de la década de 1970, cuando la reina estaba exenta de la legislación, incluida la Sex Discrimination Act (Ley de Discriminación por Razón de Sexo) de 1975. En aquel momento, un mandarín de Whitehall describió en una carta enviada a Martin Charteris, en ese entonces secretario privado de la reina, cómo la redacción de una exención tenía “el mérito sustancial de no llamar la atención sobre la posición de la soberana”.

Propiedades privadas

Treinta y una leyes contienen cláusulas de inmunidad para la reina que prohíben que la policía o los inspectores medioambientales accedan a las propiedades privadas de la familia Windsor a no ser que obtengan primero su autorización. Dieciséis de ellas están relacionadas con Escocia, país en el que la reina es propietaria de la finca de Balmoral, de 24 mil 800 hectáreas, gestionada en su nombre por un fideicomiso privado.

Tres leyes contienen cláusulas que inmunizan sus propiedades privadas contra la expropiación. En un caso divulgado por primera vez el año pasado, los abogados de la reina ejercieron presión en secreto para que esta quedara inmune a partes de una importante ley escocesa de reducción de las emisiones de carbono.

Su inmunidad legal abarca incluso el negocio privado de pesca de salmón de la familia Windsor en Balmoral. Su propiedad renta al público las zonas de pesca en el río Dee, promocionándolas como “una de las mejores pesquerías de Escocia”.

La pesca ilegal es un problema serio en el río, en 2020-21 se produjeron 51 presuntos incidentes de pesca ilegal investigados por la policía y los oficiales marítimos. No obstante, en 2013, los ministros escoceses utilizaron una cláusula de la Ley de acuacultura y pesca (Escocia) para aclarar que la policía y los oficiales marítimos no podían llevar a cabo inspecciones medioambientales ni efectuar visitas de control a los lagos sin la autorización de la reina.

Los documentos obtenidos a través de la ley de información medioambiental indican: “Se establece una disposición que exige que se solicite el consentimiento antes de que se puedan ejercer determinados poderes de ingreso a las fincas privadas”, y describen la cláusula como “defendible dada la postura de la reina como propietaria de la pesquería de salmón en su calidad como persona privada”.

En virtud del proceso del consentimiento de la reina, los ministros escoceses tenían que proporcionar una copia de la legislación a los abogados privados de la reina para que la revisaran antes de que Holyrood pudiera aprobar la ley. Un memorándum de 2013 redactado para asesorar a los ministros sobre cómo obtener su aprobación, obtenido por The Guardian, destaca los intereses comerciales privados de la reina: “El ejercicio de estos poderes podría afectar la pesquería de salmón de Su Majestad en la finca de Balmoral, aunque el ejercicio de dichos derechos no se llevaría a cabo sin antes obtener el consentimiento de Su Majestad”.

El Dr. Craig Prescott, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Bangor y exdirector del Centre for Parliament and Public Law de la Universidad de Winchester, comentó que algunas de las exenciones amenazaban con exponer a la monarquía a acusaciones de hipocresía.

El príncipe de Gales lleva décadas abogando por la protección del entorno natural, mientras que el duque y la duquesa de Cambridge promueven el premio Earthshot para encontrar soluciones a los retos medioambientales más urgentes del mundo.

“Si realizas una campaña sobre el medio ambiente o la conservación, y resulta que ciertas leyes relacionadas con el medio ambiente o la conservación –el bienestar animal como mínimo– no son aplicables a tus residencias privadas, eso no tiene buena pinta“, señaló Prescott, “sobre todo si eres la única residencia privada del país en la que no es aplicable la ley”.

Exenciones fiscales

Existen otras cláusulas de inmunidad para la reina que la eximen de pagar impuestos o facilitar información a los organismos que los recaudan. A principios de la década de 1990, el Palacio de Buckingham admitió que la reina no pagaba el impuesto sobre la renta o sobre las ganancias de capital, incluyendo sus intereses privados, y después de severas críticas públicas la reina aceptó pagar algunos impuestos “voluntariamente”.

No obstante, desde los acuerdos de descentralización del primer ministerio de Blair, el parlamento escocés y el Senedd galés promulgan su propia legislación fiscal. Los ministros escoceses incluyeron cláusulas que otorgan inmunidad a la reina en las leyes aprobadas entre 2013 y 2017, eximiendo a la reina de una serie de impuestos menores que se aplican a otros ciudadanos británicos. La reina no paga impuestos por la compra de tierras, no paga cuotas por la eliminación de residuos y está parcialmente exenta de impuestos por viajes aéreos.

Las exenciones incluidas en cuatro leyes promulgadas por los parlamentos de Westminster, Escocia y Gales entre 2008 y 2017 establecen que, además de no pagar impuestos, la reina no está obligada a proporcionar información a los inspectores fiscales ni a los funcionarios de estadísticas.

Dos leyes de Westminster de 2008 y 2011 impiden que la agencia tributaria HM Revenue and Customs la obligue a proporcionar información, y no está obligada a cooperar con las autoridades fiscales escocesas y galesas creadas por la legislación descentralizada en 2014 y 2016.

Reforzar la protección

En algunos casos, resulta difícil comprender el propósito de la inmunidad, como su exención de una ley de 2011 que faculta a los ayuntamientos para cobrar a los bares por la venta de alcohol después de medianoche, o una cláusula propuesta en una ley de 1998 que prohíbe que los ciudadanos privados provoquen explosiones nucleares.

“En ocasiones parece estar en el propósito de ‘precaución'”, comentó Prescott, citando su inmunidad a la Ley de Salud y Asistencia Social de 2008. “A no ser que ella haya comenzado a sacarle los dientes a las personas, no estoy completamente seguro de cómo se iba a aplicar en el ámbito privado”.

En 2010, el gobierno escocés adoptó una política diferente a la del gobierno de Westminster, cuando decidió que la monarca debería estar vinculada a una legislación específica a no ser que exista una razón legítima para eximirla.

Sin embargo, los expertos comentan que existe una cuestión más amplia: ¿por qué ha sido necesario incorporar en la legislación tantas exenciones personales, cuando la monarca ya es inmune a las acciones judiciales o civiles en virtud de la centenaria doctrina de la inmunidad soberana?

“Hay que preguntarse: ¿por qué necesitamos estas exenciones?”, señaló Adams, quien especuló que uno de los objetivos de la inclusión de cláusulas de inmunidad en los estatutos podría consistir en reforzar aún más su protección.

Incluso en el marco de la inmunidad soberana, las contravenciones de la ley británica por parte de la monarca seguirían siendo técnicamente ilegales, aunque no pudiera ser procesada por ellas, argumentó. No obstante, las cláusulas de inmunidad de la reina parecen ampliar el principio al hacer que un comportamiento que de otro modo sería ilegal sea permisible en caso de ser realizado por la monarca.

“El único argumento para esto es uno constitucional: que esto mantiene la institución, asegurando que la monarca no sea desprestigiada de una manera u otra”, señaló Adams.

“Pero tiene un gran costo. No solo decimos que la monarca no puede ser procesada según nuestras leyes, sino que decimos que estas ni siquiera son leyes para nuestra monarca. Eso causa grandes problemas para nuestro sentido de la igualdad ante la ley”.