Biden firmará la segunda orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto
Se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, firme la orden en la reunión inicial de un grupo de trabajo interinstitucional sobre derechos reproductivos dirigido por Kamala Harris. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este miércoles una segunda orden ejecutiva que tiene por objeto proteger el acceso a la atención médica reproductiva después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho constitucional al aborto.

De manera más significativa, la orden encomienda al Departamento de Salud y Servicios Humanos que analice la manera en que se puede ampliar la cobertura de las pacientes que viajan fuera de su estado para recibir atención médica reproductiva. La orden de Biden no especifica cómo se podría lograr esto; actualmente, los planes de seguros médicos del programa Medicaid subvencionados por el gobierno solo cubren los abortos médicamente necesarios en 16 estados y no les hacen ningún reembolso a las pacientes que salen de su estado para solicitar un aborto.

Un alto funcionario del gobierno comentó a The Guardian que el Departamento de Salud y Servicios Humanos pronto tendrá más detalles sobre las disposiciones para ayudar a las mujeres beneficiarias de la cobertura médica de Medicaid a cubrir ciertos gastos de viaje para recibir atención reproductiva.

Tras la decisión de junio de la Corte Suprema de anular el caso Roe vs. Wade, la sentencia histórica que codificó el derecho al aborto durante medio siglo, el procedimiento ahora está prohibido en al menos 10 estados y parcialmente prohibido en otros cuatro. En otros estados se están impugnando las prohibiciones y restricciones, mientras que el derecho al aborto está amenazado en casi todo el país. El martes, el derecho al aborto fue sometido a votación en Kansas, donde los votantes valoraron si la legislatura estatal debía restringir el derecho al aborto protegido por la constitución del estado.

Como resultado, las personas que viven en estados donde los abortos están restringidos o las clínicas son escasas se han visto cada vez más forzadas a cruzar las fronteras estatales para buscar tratamiento. Muchas no se lo pueden permitir, o recurren a fondos de aborto sin fines de lucro para ayudar a cubrir los gastos.

Esta última orden, que se espera que Biden firme en la reunión inaugural de un grupo de trabajo interinstitucional sobre derechos reproductivos dirigido por Kamala Harris, también indicará al Departamento de Salud y Servicios Humanos que ayude a los trabajadores del sector salud a hacer frente a las confusas y cambiantes normas sobre la atención médica para el aborto tras la decisión de la Corte Suprema, y que haga un seguimiento de los resultados de la salud materna y reproductiva para evaluar mejor las repercusiones de la decisión de la Corte.

Es probable que esta orden, al igual que la anterior orden ejecutiva de Biden relativa a los derechos reproductivos, se enfrente a las críticas por no proporcionar muchos detalles sobre la forma y el momento en que se protegerá el derecho al aborto. Aunque la Casa Blanca tiene limitaciones respecto a lo que podría hacer para mejorar el acceso al aborto y los derechos reproductivos sin la intervención del Congreso, los defensores han instado a las agencias federales a que faciliten el acceso a las pastillas para abortar en los estados en los que siguen siendo legales, y a que indiquen de manera explícita a los hospitales que reciben fondos federales para programas de atención médica para personas con bajos ingresos que proporcionen medicamentos para abortar en casos de emergencia que supongan un peligro para la vida.

En julio, Biden firmó una orden ejecutiva indicando al Departamento de Salud y Servicios Humanos que “tomara medidas” para proteger el acceso a los medicamentos para abortar y que actualizara las directrices para garantizar que la atención de urgencia no se vea afectada por las restricciones al aborto. También ordenó al fiscal general y al consejero de la Casa Blanca que convocaran a los abogados privados y a las organizaciones de interés público para fomentar “la sólida representación legal de las pacientes, los proveedores y los terceros que busquen u ofrezcan legalmente servicios de atención médica reproductiva en todo el país”. Además, ordenó a las agencias que elaboraran guías para que las pacientes protejan sus datos en internet y se protejan de la vigilancia estatal y local.

La presión sobre el gobierno de Biden para que actúe ha aumentado a medida que las mujeres que viven en estados en los que el aborto está prohibido o restringido se encuentran con mayor frecuencia en situaciones peligrosas que ponen en peligro su vida, mientras que los médicos se encuentran expuestos a riesgos legales por prestar servicios de atención médica esenciales. Las pacientes también han tenido dificultades para recibir atención rutinaria en situaciones de abortos espontáneos y embarazos ectópicos.

El Departamento de Justicia anunció esta semana que demandará a Idaho por la prohibición casi absoluta del aborto en este estado, la cual entrará en vigor el 25 de agosto. “El Departamento de Justicia empleará todas las herramientas que tenemos para garantizar la libertad reproductiva”, comentó el fiscal general, Merrick Garland, a la prensa el martes.

Más del 60% de los estadounidenses están a favor del derecho legal al aborto en todos o en la mayoría de los casos, según indica una encuesta del Pew Research Center realizada en junio.

No obstante, los republicanos del Senado –que está dividido en partes iguales– ya bloquearon en mayo un proyecto de ley que habría anulado las restricciones sobre el aborto en todo el país, y están dispuestos a rechazar una medida bipartidista más limitada propuesta esta semana que garantizaría el acceso a los anticonceptivos e invalidaría las restricciones más estrictas sobre el aborto.