La familia de Julian Assange insta a Anthony Albanese a intervenir antes de la extradición a Estados Unidos

La familia de Julian Assange afirmó que el gobierno de Albanese necesita intervenir en el caso antes de que este sea extraditado a Estados Unidos, señalando que efectivamente sería una “sentencia de muerte” para el fundador de WikiLeaks si no se produce una intervención.

La difícil situación de Assange, que se encuentra recluido en la prisión británica de Belmarsh a la espera de una apelación contra su extradición a Estados Unidos, fue planteada a la nueva embajadora de Estados Unidos en Australia, Caroline Kennedy, por el abogado australiano de Assange, Stephen Kenny.

El padre de Assange, John Shipton, y su hermano, Gabriel Shipton, acudieron al parlamento el miércoles y expresaron su preocupación por los escasos avances logrados desde las elecciones celebradas en mayo, e instaron al primer ministro, Anthony Albanese, a hacer que la cuestión sea “innegociable” con Estados Unidos.

La familia expresó su frustración ante el hecho de no haber podido conseguir una reunión con Albanese, ni con la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, ni con el fiscal general, Mark Dreyfus, a pesar de sus peticiones.

Desde las elecciones, Albanese ha indicado que el gobierno tiene la intención de llevar el asunto por la vía diplomática, diciendo que “no siempre es mejor llevar los asuntos exteriores con el altavoz”.

Gabriel Shipton comentó que en un principio se sintió alentado por los comentarios de Albanese como líder de la oposición en el sentido de que “ya es suficiente” en lo que respecta al encarcelamiento de Assange, pero que se sentía frustrado por la falta de avances desde las elecciones.

“Ya han pasado meses desde que dijo estas cosas e hizo la afirmación de que ya es suficiente, pero ¿cuándo es suficiente?”, expresó. “Julián sigue en la cárcel. Ha estado ahí durante tres años y no es un criminal convicto”.
“Podrían levantar el teléfono y llamar a Joe Biden y hacer que sea algo no negociable”.

“Somos estratégicamente fundamentales para Estados Unidos en este momento, necesitan nuestros recursos, si se convirtiera en algo no negociable, Julian estaría aquí mañana”.

Los partidarios han expresado su preocupación acerca de un informe del gobierno enviado a Dreyfus en relación con el caso, en el que se indicaba que “si es entregado, condenado y sentenciado en Estados Unidos, Assange podría solicitar, en virtud del programa ITP (transferencia internacional de presos), el cumplimiento de su condena en Australia”.

Sin embargo, las fuentes destacaron que este documento no indicaba que la transferencia de prisioneros fuera la estrategia preferida por el gobierno, y señalaron que se limitaba a exponer las condiciones de dicho proceso.

John Shipton, el padre de Assange, de 77 años, que ha dirigido la campaña para llevar a Assange de vuelta a Australia, calificó como “grotesca” la posibilidad de retrasar la intervención hasta que Assange sea juzgado y condenado en Estados Unidos. Indicó que el proceso duraría muchos años, y que podría dar lugar a que Assange permaneciera detenido durante más de 20 años desde la publicación de los telegramas diplomáticos estadounidenses por parte de WikiLeaks en 2010.

Comentó que los estadounidenses “robaron todos sus documentos judiciales y la gente nos dice ‘pongan a Julián en sus manos, estará a salvo’, es ridículo, es grotesco”.

“Es la forma más viable de que sigan de brazos cruzados y no hagan nada”, expresó.

Gabriel Shipton mencionó el testimonio de un testigo perito presentado ante la corte de magistrados de Westminster que indicó que Assange correría el riesgo de suicidarse si la extradición a Estados Unidos resultaba inminente.
“Ese escenario es una sentencia de muerte para Julian”, dijo.

Instó al gobierno australiano a adoptar una postura más firme en relación con la situación de Assange, sugiriendo que el caso estaba siendo abordado de forma diferente debido a que implicaba al aliado más cercano de Australia.

“Estamos ante esta acusación o persecución que en cualquier circunstancia normal sería considerado completamente ilegal, y si fuera Irán quien lo estuviera llevando a cabo contra alguien, o China, o Vietnam, el gobierno lo estaría denunciando”, señaló.

“No se trata únicamente de la vida de Julian y de su bienestar, es una cuestión de principios, y si Australia quiere ser el tipo de país que denuncia a las naciones por su historial en materia de libertad de prensa, sin duda podría pronunciarse mejor”.

Los Shipton comentaron que Assange no se encontraba en buen estado físico ni mental, ya que sufrió un derrame cerebral en octubre, y se teme que pueda sufrir otro. Se encuentra recluido en una celda de máxima seguridad con derechos de visita y llamadas telefónicas limitados, en lo que su esposa, Stella Moris, ha descrito como condiciones “atroces”.

Estados Unidos ha dado garantías de que, en caso de ser extraditado, Assange no será sometido a “medidas administrativas especiales” ni será recluido en una instalación de máxima seguridad, algo que el fallo del tribunal superior del Reino Unido describió como “garantías solemnes ofrecidas por un gobierno a otro”.

No obstante, a los defensores les sigue preocupando que Assange no vaya a tener un juicio justo en relación con los 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de la informática a los que se enfrenta, que conllevan una posible condena combinada de hasta 175 años de prisión.