El FBI registró la casa de Trump en busca de registros presidenciales clasificados

Los investigadores federales registraron la residencia de Donald Trump de Mar-a-Lago en Florida el lunes presentando una orden que en términos generales buscaba registros presidenciales y clasificados que el Departamento de Justicia creía que el expresidente había retenido de forma ilegal, según indicaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La naturaleza criminal de la orden de registro ejecutada por los agentes del FBI, descrita así por las fuentes, sugirió que la investigación en torno a Trump constituye firmemente una investigación penal que conlleva ramificaciones políticas y legales de gran alcance para el expresidente.

Y el extraordinario registro, indicaron las fuentes, ocurrió después de que al Departamento de Justicia le empezara a preocupar –como consecuencia de las conversaciones mantenidas con los abogados de Trump en las últimas semanas– que en el complejo de Mar-a-Lago estuvieran guardando material presidencial y clasificado de forma ilegal e indebida.

La redada sin precedentes llevada a cabo por agentes del FBI en la vivienda de un expresidente fue la culminación de una larga batalla entre Trump y su desprecio explícito por la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, la cual exige la conservación de los documentos oficiales, así como por los funcionarios encargados de hacer cumplir dicha ley.

Los seguidores de Trump se reúnen tras el registro del FBI en su casa de Mar-a-Lago, video

Durante años, Trump ha ignorado el estatuto. Sin embargo, la investigación penal sobre cómo se llevó docenas de cajas de registros presidenciales y clasificados en una aparente violación de dicho estatuto cuando dejó la Casa Blanca el año pasado indica un potencial peligro legal para él por primera vez.

El estatuto que rige la eliminación o destrucción intencional e ilegal de los registros presidenciales, aunque pocas veces ha sido aplicado, conlleva penas significativas que incluyen: multas, encarcelamiento y, lo más notable, la inhabilitación para ejercer un cargo actual o futuro.

No obstante, es posible que el Departamento de Justicia no tome más medidas ahora que ha recuperado lo que, según indicaron las fuentes, son alrededor de 10 cajas de documentos que se suman a las 15 cajas recuperadas en Mar-a-Lago a principios de este año, pero aún no está claro qué es lo que hará a continuación.

El FBI obtuvo una orden de registro, lo que significa que demostró que era posible que hubiera pruebas de un delito en el lugar, algo que en este caso consistiría en la propia presencia de documentos sensibles del gobierno que el Departamento de Justicia concluyó debían estar guardados en los Archivos Nacionales.

El manejo inadecuado de materiales clasificados planteó la perspectiva adicional de que el FBI podría tener fundamentos suficientes para abrir una investigación de contrainteligencia, entre la preocupación de que personas sin autorización para ver documentos secretos podrían haber accedido a los registros.

En su aplicación de redes sociales, Trump denunció el martes el allanamiento como un “ataque coordinado” que incluía investigaciones del Congreso y federales sobre su rol en el ataque contra el Capitolio, e indagaciones a nivel estatal en Georgia y Nueva York, en momentos en que considera la posibilidad de postularse para un segundo mandato.

Al parecer, la orden de registro fue aprobada por el juez federal de Florida Bruce Reinhart. El documento adjunto a la orden, en el que se describen los “bienes que se van a incautar”, se refiere en términos generales a documentos clasificados y materiales sujetos a la Ley de Archivos Presidenciales, indicó una de las fuentes.

La operación probablemente habría requerido la aprobación de las más altas esferas del Departamento de Justicia, señalaron exfuncionarios y agentes del FBI, incluyendo al fiscal general Merrick Garland, y al director del FBI designado por Trump, Christipher Wray. Un vocero de la agencia declinó realizar comentarios.

Una de las abogadas de Trump, Christina Bobb, comentó posteriormente que la orden buscaba “registros presidenciales”. Trump no ha hecho pública su copia de la orden.

Al ejecutar la orden de registro el lunes, equipos de agentes del FBI vestidos con ropa poco distintiva se desplegaron por todo el complejo Mar-a-Lago en Palm Springs, Florida, indicaron las fuentes. Trump no se encontraba ahí cuando se llevó a cabo la redada y se enteró de ella mientras estaba en Nueva York.

Los agentes buscaron en las áreas de almacenamiento ubicadas en el sótano de la propiedad, explicaron las fuentes, antes de dirigirse a la oficina de Trump en el segundo piso de la casa principal, donde un equipo especializado en cajas fuertes abrió una caja fuerte de estilo hotelero, aunque esta no contenía registros que correspondieran a la orden judicial.

Posteriormente, los agentes del FBI registraron la residencia de Trump y su esposa, Melania, y atravesaron la puerta corrediza que separa sus habitaciones individuales, dijo una de las fuentes.

Los agentes del FBI creían que los registros que buscaban estaban en la residencia de Trump, indicaron las fuentes, en parte debido a las conversaciones que mantuvo el Departamento de Justicia con los abogados de Trump –encabezados por el exfiscal adjunto de Estados Unidos Evan Corcoran– sobre la recuperación de registros oficiales de la propiedad.

A principios de junio, explicaron las fuentes, cuatro funcionarios del Departamento de Justicia, entre ellos el jefe de contrainteligencia y control de exportaciones, Jay Bratt, fueron a Mar-a-Lago para indagar sobre el material que Trump sacó de la Casa Blanca, y se reunieron con Corcoran y Bobb.

Los funcionarios pidieron ver dónde estaban guardados los archivos de la Casa Blanca. Les mostraron el almacén del sótano donde habían colocado las cajas y, tras observar un rato, durante el cual Trump pasó a saludar, se fueron los oficiales.

Corcoran y Bobb se mantuvieron en contacto con el Departamento de Justicia durante las semanas posteriores, y acataron una carta del 8 de junio de 2022 en la que se pedía que se asegurara el almacén ubicado en el sótano con una cerradura, indicaron las fuentes.

Se tiene entendido que el Departamento de Justicia, en algún momento desde que se inició la investigación en abril de este año, pidió la devolución del material clasificado. Se cree que los abogados de Trump aceptaron e indicaron que revisarían las cajas para cumplir con la solicitud.

Sin embargo, ese canal de comunicación, por lo demás cordial, parece haberse deteriorado de alguna manera –lo cual llevó al Departamento de Justicia a tomar la agresiva medida de solicitar una orden de registro para incautar documentos–, aunque una persona cercana a Trump refutó esta valoración y la calificó como una versión incompleta.

El inventario exacto de lo que el FBI se llevó todavía no era claro a última hora del martes. Corcoran tenía en su poder el ‘recibo’ de la devolución del registro, no obstante, parece que no ha divulgado su contenido ni siquiera a algunos asociados.

Un vocero de Trump no respondió las múltiples solicitudes de comentarios. Corcoran declinó realizar comentarios.