El Departamento de Justicia pide no revelar la declaración que sirvió para registrar la casa de Trump
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un juez que no revele la declaración jurada que le dio al FBI una causa probable para registrar el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump. Foto: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez que no divulgue la declaración jurada que le dio al FBI la causa probable para registrar el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump, un hecho que agrava la desconfianza entre los principales asesores de Trump que buscan cualquier información sobre la intensificación de la investigación penal que envuelve al expresidente.

La declaración jurada no debería ser desvelada porque esto podría revelar el alcance de la investigación sobre la retención no autorizada de secretos gubernamentales por parte de Trump, argumentó el Departamento de Justicia, días después de que la orden de registro de Mar-a-Lago indicara que hacía referencia a posibles violaciones de tres estatutos penales.

Hace una semana, los agentes del FBI incautaron alrededor de 20 cajas de materiales –incluyendo documentos marcados como ultra secretos– al ejecutar una orden de registro que se refería a la Ley de Espionaje que proscribe la retención no autorizada de información de seguridad nacional que podría perjudicar a Estados Unidos o ayudar a un adversario.

“La declaración jurada serviría como guía para la investigación en curso del gobierno, proporcionando detalles específicos respecto a su dirección y probable curso”, indicó el Departamento de Justicia, añadiendo que no se oponía a desvelar tanto la carátula como la orden de sellado que no perjudicarían la investigación criminal.

Al argumentar en contra de la divulgación de la declaración jurada, el Departamento de Justicia también señaló que la divulgación podría perjudicar su capacidad para conseguir la cooperación de los testigos, no solo en la investigación relativa a Mar-a-Lago, sino también en otras que parezcan referirse al expresidente.

“La divulgación de la declaración jurada del gobierno en esta etapa también podría obstaculizar la futura cooperación de los testigos cuya ayuda puede ser solicitada conforme avance esta investigación, así como en otras investigaciones de alto perfil”, agregaron los fiscales.

La existencia de posibles testigos que aún podrían cooperar en varias investigaciones emprendidas contra Trump –al parecer, personas que tienen un conocimiento profundo de las actividades del expresidente– volvió a inquietar este lunes a sus asesores más cercanos, acentuando aún más la desconfianza dentro de su círculo político más cercano.

La falta de conocimiento sobre lo que el Departamento de Justicia pretende hacer con la investigación relativa a la retención no autorizada de documentos gubernamentales por parte de Trump ha frustrado profundamente tanto al equipo jurídico de Trump como a sus asesores a lo largo de una semana de momentos peligrosos para el expresidente.

Al menos un abogado del equipo jurídico de Trump –dirigido por el exfiscal adjunto de Estados Unidos Evan Corcoran, que también actuó como abogado del exestratega principal de Trump, Steve Bannon– convocó a un reportero que cubría la historia para que le diera alguna idea de la forma en que el Departamento de Justicia podría proceder a continuación.

Esto se sumó al ya tenso ambiente que existe dentro del reducido grupo de asesores que desempeñan funciones cotidianas relacionadas con Trump, el cual estalló poco después de que el FBI abandonara Mar-a-Lago y desató las sospechas de que una persona cercana al expresidente se había convertido en informante del FBI.

Esta especulación surgió, en parte, en medio del creciente conocimiento sobre el modo en que el FBI podría haber establecido una causa probable de que se estaba cometiendo un delito en Mar-a-Lago utilizando información nueva o reciente –para evitar que la causa probable se volviera “obsoleta”– a través de un informante confidencial.

Según múltiples fuentes cercanas a Trump, las sospechas se centraron en un principio en Nicholas Luna, el veterano asistente de Trump que se retiró de sus funciones alrededor de marzo, y en Molly Michael, la exjefa de operaciones del Despacho Oval de Trump, que todavía permanece en la nómina pero que pronto dejará su puesto.

Luna fue citado por la investigación del Congreso sobre el ataque contra el Capitolio del 6 de enero, pero no ha hablado con el FBI sobre este caso, indicó una de las fuentes. Y aunque está previsto que Michael también abandone la órbita de Trump, dijo la fuente, su salida –al igual que la de Luna– no tiene tintes de aspereza.

El foco de atención a mediados de la semana giró en torno a los empleados de Mar-a-Lago y otro personal del complejo vacacional exclusivo para miembros situado en Palm Beach, Florida, indicaron las fuentes, aparentemente en parte porque el FBI sabía exactamente qué habitaciones y en qué lugar de las mismas tenía que buscar.

No obstante, hacia el fin de semana, y tras la revelación de que el FBI extrajo de la propiedad una caja forrada de cuero y que ya conocía la ubicación de la caja fuerte de Trump, el escrutinio se desplazó una vez más hacia cualquier otra persona de la que no se hubiera sospechado todavía, incluyendo miembros de la familia de Trump, explicaron las fuentes.

Un vocero del expresidente no respondió una solicitud en busca de comentarios. Las llamadas realizadas a los abogados de Trump no fueron contestadas o pasaron directamente al buzón de voz. El Departamento de Justicia declinó realizar comentarios sobre la investigación o la solicitud presentada el lunes.

Sin embargo, la escalada de desconfianza y la especulación desenfrenada sobre la existencia de un informante han comenzado a alcanzar niveles vertiginosos, incluso para los estándares de la presidencia de Trump, la cual se caracterizó en muchos aspectos por los intereses contrapuestos y las traiciones políticas, dijeron las fuentes.

Todavía se desconoce si el FBI recurrió a informantes confidenciales, y The Guardian informó primero que el registro se produjo en parte porque al Departamento de Justicia comenzó a preocuparle que el material clasificado permaneciera en Mar-a-Lago como consecuencia de las interacciones con los abogados de Trump.

Al menos un abogado de Donald Trump firmó un documento –aparentemente falso– en el que dio fe ante el Departamento de Justicia de que no quedaban más materiales clasificados en Mar-a-Lago después de que los funcionarios federales retiraran en junio 10 cajas de registros gubernamentales, indicaron las fuentes, confirmando un artículo publicado por el periódico New York Times.