La familia de José Antonio Primo de Rivera interviene antes de que entre en vigor la nueva legislación destinada a honrar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
José Antonio Primo de Rivera. Foto: Archivo Histórico Universal/REX/Shutterstock
La familia de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista La Falange de España, exhumará sus restos del Valle de los Caídos a las afueras de Madrid antes de que sean retirados en virtud de la nueva legislación diseñada para honrar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco
Primo de Rivera, que fue ejecutado en prisión en noviembre de 1936, finalmente fue enterrado en la basílica del valle en 1959. Los restos del más infame ocupante de la basílica, el general Francisco Franco, fueron retirados hace casi tres años para poner fin a lo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó como “el insulto moral que constituye la glorificación pública de un dictador”.
La semana pasada, el Senado español aprobó una ley que pretende ofrecer “justicia, reparación y dignidad” a las víctimas del conflicto y la posterior dictadura. Incluye medidas para “redefinir” el Valle de los Caídos –una fosa común que alberga los cuerpos de casi 34 mil personas de ambos bandos de la guerra civil– convirtiéndolo en un cementerio civil.
El lunes, la familia de Primo de Rivera anunció que buscaría la exhumación de su cuerpo para volver a enterrarlo, como él había solicitado, “en tierra sagrada y conforme a los ritos católicos”.
En un comunicado obtenido por el periódico español ABC, la familia señaló que la decisión significaba que las autoridades no tendrían que llevar a cabo la exhumación tal como establece la nueva ley, y añadió: “El proceso de exhumación debe ser, y será, un asunto familiar estrictamente privado para que no se convierta en un espectáculo público que pudiera conducir a enfrentamientos entre españoles”.
El gobierno español agradeció a la familia su “voluntad de proceder con la exhumación y cumplir con la ley de memoria democrática”.
La semana pasada, Félix Bolaños, el ministro del gabinete responsable de supervisar las iniciativas de España para reconciliarse con su historia, comentó que la ley era muy clara en el sentido de que no podía existir “ningún lugar destacado para las personas que estuvieron implicadas en la dictadura, o en el golpe de Estado”.
La legislación también creará un censo y un banco nacional de ADN para ayudar a localizar e identificar los restos de las decenas de miles de personas que todavía yacen en fosas sin identificar y prohibirá los grupos que glorifican el régimen de Franco.
De acuerdo con el gobierno de Sánchez, la legislación contribuirá a “fomentar un debate compartido basado en la defensa de la paz, en el pluralismo y en la ampliación de los derechos humanos y las libertades constitucionales”.
La ley, sin embargo, no tuvo un buen recibimiento por parte de la derecha española. Un senador del Partido Popular, de tendencia conservadora, acusó al gobierno de intentar “reescribir la historia”, mientras que el partido de extrema derecha Vox la calificó como un “ataque despreciable y miserable” contra la historia reciente de España.
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