Los documentos revelan un ‘tumulto’ para aprobar el proyecto de ley de Nueva Gales del Sur dirigido contra las protestas climáticas
Manifestantes protestan en apoyo de la activista climática Violet Coco, encarcelada hoy en Sídney. Foto: REX/Shutterstock

El proyecto de ley que llevó a la activista climática Deanna “Violet” Coco a ser encarcelada durante 15 meses ni siquiera había pasado por el parlamento de Nueva Gales del Sur en abril, cuando los despachos de varios ministros presionaron para que la gobernadora del estado lo aprobara.

Los documentos obtenidos por Guardian Australia revelan cómo la gobernadora, Margaret Beazley, accedió a regresar a su despacho aproximadamente a las once de la noche, tras un acto celebrado en abril, para aprobar las leyes, después de que un alto funcionario público se quejara de que le estaban “fastidiando desde todos los ángulos”.


La aprobación a última hora de la noche coronó un alocado tumulto para aprobar las leyes en el parlamento estatal tras el revuelo mediático causado por las protestas contra el cambio climático, que paralizaron el tráfico en las horas pico de Sídney e interrumpieron las operaciones en el puerto de Botany.


El proyecto de ley tardó solo dos días en ser aprobado por el parlamento de Nueva Gales del Sur con el apoyo de la oposición del Partido Laborista. Fue presentado por primera vez tan solo una semana después de que el viceprimer ministro y ministro de Policía, Paul Toole, ofreciera dos conferencias de prensa el mismo día prometiendo castigos más severos.

El gobierno también tomó la inusual medida de convocar al parlamento a una sesión extra para evitar un intento de obstrucción por parte de los Verdes.

Los correos electrónicos muestran que altos asesores de los gabinetes del primer ministro, Dominic Perrottet, de la ministra de Carreteras, Natalie Ward, y del fiscal general, Mark Speakman, intentaron acelerar su aprobación ante el gobernador.

Abigail Boyd, parlamentaria de los Verdes de Nueva Gales del Sur, señaló que las prisas por aprobar las leyes demostraban que se trataba de “una reacción instintiva”. “Fue una precipitación absoluta, la aprobaron a toda prisa en el parlamento en un par de días y es evidente que fue un auténtico tumulto”, explicó.

“Son leyes increíblemente malas. Fueron mal redactadas y aprobadas de forma precipitada por un gobierno que estaba aterrorizado por los manifestantes contra el cambio climático, pero sobre todo por los medios de choque y los periódicos sensacionalistas”.


Las leyes, que introdujeron nuevas y drásticas penas para los manifestantes que bloquearan carreteras, puentes y túneles, fueron objeto de duras críticas por parte de una coalición de sindicatos, grupos de defensa de las libertades civiles y activistas medioambientales cuando fueron aprobadas por el parlamento del estado contando con apoyo bipartidista.


Sin embargo, la condena de Coco el viernes a un mínimo de ocho meses de cárcel por una protesta realizada en abril en el puente Harbour de Sídney provocó una renovada presión para que se deroguen las leyes.


El lunes, los manifestantes se reunieron afuera del parlamento de Nueva Gales del Sur para protestar contra las leyes, mientras que la alcaldesa de Sídney, Clover Moore, calificó la sentencia como “un día triste para la expresión democrática y tendrá un efecto desalentador en el activismo climático”.


“Nuestra legislación no debería limitar las protestas ni ser utilizada para intimidar a aquellos que alzan la voz por sus comunidades y su futuro”, señaló Moore, que el mes pasado apoyó una moción en el consejo de la ciudad de Sídney en la que se pedía la derogación de dichas leyes.

“Las interrupciones del tráfico pueden ser molestas, según nos dicen, no obstante, las inundaciones o incendios peligrosos y el aumento del predominio y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático son devastadores”.

El cambio climático es el problema más urgente y amenazador de nuestra época, y la creciente penalización de quienes quieren que los gobiernos y las empresas tomen en serio esta amenaza es increíblemente problemática”.


Tanto el gobierno como la oposición rechazaron las críticas el lunes, y Perrottet señaló que la sentencia de cárcel era “agradable de ver”.

El líder del Partido Laborista de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, comentó que no se arrepentía de haber apoyado las leyes, una medida que en su momento provocó el enojo de algunos diputados ordinarios de su partido.

“Cuando se causan molestias a literalmente cientos y cientos de miles de personas con la mayor frecuencia posible en días consecutivos, se tomarán medidas legislativas al respecto”, indicó.

No obstante, Darcy Byrne, alcalde del ayuntamiento de Inner West y miembro de la izquierda laborista que se ha mostrado crítico con el apoyo de su partido a dichas leyes, señaló que existía un “gran malestar” dentro del partido en relación con el proyecto de ley.

“Esta severa pena de cárcel demuestra que las preocupaciones de los sindicatos, los activistas y los miembros del partido, expresadas hace apenas unas semanas en la conferencia del partido, eran absolutamente legítimas”, indicó Byrne.
Pidió a otros que se pronunciaran contra las “leyes reaccionarias” y se comprometieran a revisarlas en caso de que el partido formara gobierno en marzo.

En el parlamento federal, el senador independiente David Pocock, que fue detenido en 2014 por encadenarse a equipos de explotación minera en una protesta contra una nueva mina de carbón, criticó las leyes por situarse en el “lado equivocado” de la balanza entre “la importancia y el valor de la protesta y la desobediencia civil frente a los inconvenientes que pueden causar en la vida cotidiana”.

“Vemos a China e Irán con incredulidad por cómo se trata a los manifestantes en el extranjero. Pero la democracia es frágil y la nuestra no es inmune”, señaló.

“Debemos proteger nuestra capacidad de discrepar, de expresar públicamente la disidencia y, si es necesario, de protestar”.