Manifestantes de Perú libran batallas campales con la policía tras la marcha de miles de personas en Lima

Una marcha proclamada como la “toma de Lima” se convirtió en una batalla campal entre manifestantes y policías antimotines en medio de lanzamientos de piedras y nubes de gases lacrimógenos en la tarde del jueves en la capital de Perú.

Miles de manifestantes de todo el país acudieron a Lima a principios de semana para participar en una marcha multitudinaria que exigía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte después de casi seis semanas de disturbios que han causado la muerte de más de 50 personas, entre ellas un agente de policía y ocho personas que murieron como consecuencia de las huelgas y los bloqueos.

En un discurso transmitido por televisión a última hora de la noche, Boluarte indicó que la policía tenía las protestas bajo control y que los responsables de la violencia y el vandalismo no quedarían “impunes”, añadiendo que “esto no es una marcha pacífica”. Boluarte señaló que “el gobierno es firme y su gabinete está más unido que nunca”.

Boluarte afirmó que las protestas no tenían “ningún objetivo social”, sino que buscaban “romper el Estado de Derecho, generar caos y desorden y tomar el poder”. Añadió que los ataques contra tres aeropuertos regionales fueron planeados con antelación y que serían castigados con “todo el rigor de la ley”.

“Al pueblo peruano, a quienes quieren trabajar en paz y a quienes generan actos de protesta les digo: no me cansaré de convocarlos a un buen diálogo, a decirles que trabajamos por el país”, expresó.

Una persona murió y alrededor de 10 resultaron heridas el jueves en los enfrentamientos con la policía en la ciudad de Arequipa, en el sur del país, según informó la Oficina del Defensor del Pueblo de Perú, cuando al parecer los manifestantes intentaron invadir el aeropuerto. Se cerraron varios aeropuertos y grandes partes del país han quedado paralizadas a causa de más de 120 bloqueos.

La indignación por el creciente número de muertes ha impulsado las crecientes protestas, que comenzaron a principios de diciembre en apoyo del destituido expresidente Pedro Castillo, pero que se han convertido mayoritariamente en una demanda de la renuncia de Boluarte, la clausura del Congreso y nuevas elecciones. Boluarte fue vicepresidenta de Castillo y lo sustituyó después de que este intentara cerrar el Congreso y gobernar por decreto el 7 de diciembre.

A primeras horas del jueves, miles de personas marcharon alrededor de la plaza San Martín de Lima, muchas de ellas sosteniendo pancartas de su lugar de origen. Las organizaciones de seguridad campesina conocidas como ronderos portaban látigos tradicionales y las mujeres indígenas vestían faldas tradicionales coloridas. Se escucharon coros de “Dina, asesina, el pueblo te repudia” entre pancartas que mostraban a la primera presidenta de Perú bañada en sangre.

“Queremos justicia, no queremos que nuestros muertos sean olvidados”, comentó Zulema Chacón a The Guardian. “Queremos fuera a esa usurpadora, ella no nos representa”.

“Ellos son los ladrones y nos mienten y mienten”, dijo Delia Zevallos, de 52 años, comerciante, refiriéndose a los legisladores del Congreso, el órgano político más despreciado de Perú. “El pueblo ha despertado, ya no somos niños, sabemos leer y escribir… y nadie puede decirnos lo que tenemos que hacer”.

Boluarte, que indicó la semana pasada que no renunciaría, se reunió a primera hora del jueves con un representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La semana pasada, la agencia de la ONU señaló que estaba “muy preocupada por el aumento de la violencia” en Perú.

Tanto el embajador de Estados Unidos como el del Reino Unido en Perú expresaron su satisfacción por la reunión y emitieron comunicados el jueves en los que llamaron a la calma y exhortaron al gobierno a buscar el diálogo.

En un comunicado en español publicado en Twitter, la embajadora estadounidense, Lisa Kenna, señaló que era “fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos y protejan a la ciudadanía”.

En un comunicado similar, su homólogo británico, Gavin Cook, pidió “investigaciones inmediatas e imparciales, medidas de rendición de cuentas y justicia para las víctimas de las denuncias de violaciones de derechos humanos”.