España convoca a una segunda reunión de emergencia por los asesinatos de otras seis mujeres

El gobierno español convocó una segunda reunión de emergencia de expertos en violencia doméstica en menos de un mes, tras los asesinatos de seis mujeres y una niña perpetrados desde principios de enero, y al tiempo que considera un plan para que las mujeres maltratadas tengan conocimiento de si sus parejas han sido condenadas por delitos violentos.

El comité de crisis se reunió por última vez tras los asesinatos de 11 mujeres en diciembre.

El lunes, una mujer de 45 años y su hija de ocho fueron asesinadas en la provincia de Valladolid, en el noroeste de España. Sus asesinatos se produjeron cinco días después de que una mujer de 38 años fuera asesinada en la provincia catalana de Lérida.

Estas últimas muertes elevan la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas a mil 188 desde 2003, año en que el gobierno comenzó a registrar este tipo de homicidios. En el mismo periodo, 49 niños fueron asesinados en agresiones de violencia doméstica. En 2022, 49 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja, mientras que 43 mujeres murieron en agresiones de este tipo en 2021.

“En lo que ha transcurrido de enero, seis mujeres y una niña de ocho años fueron asesinadas por violencia machista”, escribió en Twitter la ministra española de Igualdad, Irene Montero, en la tarde del lunes.

“El Ministerio de Igualdad convocará un comité de crisis este viernes a las 10 de la mañana para analizar cada caso detalladamente, para averiguar qué ha fallado, para mejorar la coordinación… y para garantizar que siempre llegaremos a tiempo”.

A la reunión asistirán responsables de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, así como representantes de las comunidades autónomas de España.

Ante el drástico aumento de este tipo de asesinatos, el gobierno español, encabezado por los socialistas, está analizando propuestas que permitirían que las autoridades informaran a las mujeres víctimas de violencia doméstica sobre las condenas anteriores de sus parejas.

No obstante, la fiscal de España contra la violencia de género advirtió que no se podrían emitir tales advertencias “de forma automática o generalizada”, y añadió que sería necesario considerar las circunstancias específicas de cada caso.

El mes pasado, el gobierno pidió a los tribunales y fiscales que reforzaran el uso de pulseras electrónicas para ayudar a proteger a las mujeres cuyas exparejas estuvieran sujetas a órdenes de restricción.

“Creemos que es importante promover el uso de dispositivos electrónicos, como las pulseras que alertan a las mujeres sobre la presencia de agresores”, señaló la ministra de Justicia, Pilar Llop, a finales de diciembre. “Desde 2009, cuando se introdujeron estas pulseras, ninguna mujer que usara una ha sido asesinada”. Llop indicó que también era importante hacer frente a quienes niegan el “flagelo” de la violencia de género.

No obstante, los partidos de la oposición acusaron al gobierno de no proteger a las mujeres por haber introducido una polémica legislación que ha permitido que a algunos delincuentes sexuales condenados se les reduzcan sus sentencias en apelación.

La ley española “solo sí significa sí” –que se introdujo tras la ira generalizada que provocó la violación en grupo perpetrada por la “manada” en Pamplona en 2016– ha convertido el consentimiento en un factor clave en los casos de abuso sexual.

Sin embargo, también ha modificado el alcance de las posibles penas mínimas y máximas de prisión, lo que permite que algunos delincuentes sexuales condenados apelen contra sus sentencias y las vean reducidas. A finales de diciembre, 129 agresores condenados se beneficiaron de los cambios introducidos en las sentencias.

El decano adjunto del Colegio de Abogados de Madrid comentó recientemente al periódico El País que las preocupaciones de los abogados sobre las consecuencias “indeseadas” de la nueva ley fueron ignoradas, y Alberto Núñez Feijóo, líder del partido conservador Popular, tachó la legislación de “patraña jurídica”.

La agresión ocurrida en Pamplona –conocida como el caso de la “manada” por el nombre que se dieron a sí mismos los violadores– conmocionó a España y provocó un intenso debate sobre su legislación en materia de delitos sexuales.

Se produjeron protestas en todo el país después de que los jueces que presidieron el juicio original absolvieran a los cinco acusados de violación en grupo y los condenaran únicamente por un cargo menor de abuso sexual.

En junio de 2019, el Tribunal Supremo de España anuló el veredicto del tribunal regional, dictaminó que los hombres habían cometido una violación y elevó sus sentencias de nueve a 15 años de cárcel cada uno.

En septiembre de ese año, manifestantes salieron a las calles de más de 250 pueblos y ciudades de toda España para declarar la “emergencia feminista” después de una serie de casos de violación de gran resonancia y de un verano en el que 19 mujeres fueron asesinadas por sus parejas actuales o exparejas.