Escala disputa entre gobernador de Florida y Disney por ley anti-LGBTQ+

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que arrebata el control del distrito autónomo de Walt Disney World, en una medida considerada como un castigo contra la empresa por su oposición a la denominada ley “no digas gay” de DeSantis.

“Hoy, por fin, el reino corporativo llega a su fin”, dijo el gobernador en el evento de la firma de la ley en Lake Buena Vista, con su característico estilo optimista. “Hay un nuevo alguacil en la ciudad, y la rendición de cuentas será la orden del día”.

La disputa directa de DeSantis con Disney, y la legislación que prohíbe la enseñanza en los salones de clase sobre orientación sexual e identidad de género que la motivó, son dos medidas emblemáticas del republicano diseñadas para afirmar su “estatus de guerrero de la cultura”. Se espera que lleve estas credenciales a la escena nacional en las elecciones presidenciales del próximo año, en las que se enfrentaría a otro descarado republicano de Florida, Donald Trump.

El proyecto de ley otorga a DeSantis el poder de nombrar a los cinco miembros de la junta que controla los servicios gubernamentales del distrito de Reedy Creek, que abarca las propiedades del parque temático de Disney en Florida, las cuales se extienden a lo largo de 11 mil hectáreas. Con ello se pone fin a los privilegios especiales de la “Casa del Ratón”, que existieron durante más de medio siglo, concediendo a la empresa su propio departamento de policía y bomberos y autonomía sobre la zonificación y otras funciones públicas.

Disney World, con sus 75 mil trabajadores, es el principal empleador del centro de Florida. Atrajo a más de 36 millones de visitantes en 2021, según la Asociación de Entretenimiento Temático. La colisión entre una de las estrellas emergentes del cada vez más ultraderechista partido republicano y el mundialmente famoso conglomerado del entretenimiento comenzó en marzo de 2022, cuando DeSantis promulgó el proyecto de ley oficialmente titulado “Derecho de los padres en la educación”.

La ley prohibió la enseñanza de cuestiones relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual en las clases de preescolar a tercer grado, que abarcan edades comprendidas entre los cinco y los nueve años. La medida “no digas gay” formó parte de una serie de proyectos de ley similares contra la comunidad LGBTQ+ que se han extendido por Estados Unidos en medio de un ataque de la derecha contra las políticas progresistas que tachan de “woke”. La ley suscitó la indignación de los grupos LGBTQ+ y de otros colectivos de todo el país, mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, la denunció como “odiosa”.

Tras dudar en un principio en implicarse en la polémica, el entonces director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, se pronunció en contra de los cambios. Señaló que llamó al gobernador para dejar clara su desaprobación, y prometió suspender todas las donaciones políticas en Florida. Las represalias de DeSantis no se hicieron esperar. Convocó una sesión legislativa especial y pidió a la legislatura, controlada por los republicanos, que disolviera el distrito autónomo de Disney.

Como un guiño más a la naturaleza politizada de su medida, DeSantis hizo evidente la conexión entre su medida hostil contra Disney y su legislación anti-LGBTQ+. Nombró a uno de los artífices de la ley “no digas gay” como miembro de la nueva junta de cinco personas que controla los servicios en la zona de Disney. La nueva integrante de la junta, Bridget Ziegler, está casada con el presidente del partido republicano de Florida.

Fue fundadora del grupo educativo de derecha Moms for Liberty. Los otros cuatro integrantes del panel son: Martin García, un influyente abogado republicano de Tampa que donó 50 mil dólares a las arcas de la reelección de DeSantis el año pasado; Brian Aungst, abogado hijo de un exalcalde republicano de Clearwater; Mike Sasso, abogado; y Ron Peri, fundador del ministerio Gathering, que defiende el nacionalismo cristiano.

En la ceremonia que puso fin al estatus especial de Disney el lunes, DeSantis describió su medida no como una táctica de guerra cultural, sino como una cuestión de buen gobierno. “Permitir que una empresa controle su propio gobierno es una mala política, especialmente cuando la empresa toma decisiones que repercuten en toda una región”, señaló. “Esta legislación pone fin al estatus de autogobierno de Disney, hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y su parte justa de impuestos”.

Entre los oradores que participaron en el acto se encontraba un padre que criticó a Disney por pronunciarse en contra del proyecto de ley estatal sobre educación, alegando que la empresa “eligió el lado equivocado de la discusión moral”. Otra persona que se identificó como empleado de un parque temático de Disney desde hace muchos años cuestionó las políticas de la empresa en materia de vacunación.

Associated Press contribuyó a este artículo.