El reportero colombiano que predijo su asesinato y un equipo mundial termina su trabajo

“Si van a matarme, mátenme. Pero les digo de antemano: no me silenciarán”. En una transmisión de 37 minutos por Facebook Live, el 21 de julio de 2022, el periodista independiente colombiano Rafael Moreno desafió a sus críticos, y predijo su propia muerte.

En la grabación, Moreno denuncia la supuesta corrupción existente en los alrededores de Córdoba, una de las zonas más pobres y violentas del país, y que es un corredor estratégico para el tráfico de drogas.

Moreno recita una letanía de acusaciones: contratos inflados, obras públicas sin terminar, malversación de fondos. “Están robando”, afirma. “Alguien tiene que denunciar la corrupción que hay en esta región”.

En sus reportajes –que publicó en dos páginas de Facebook– Moreno no perdonó a nadie, desde poderosos políticos locales y empresas mineras hasta grupos paramilitares y otros periodistas. Y, al parecer, sus acusaciones no pasaron inadvertidas.

En el video, Moreno lee en voz alta una nota que recientemente había encontrado en su moto, junto con una bala. “Sabemos todos tus movimientos: adónde vas, cuándo te despiertas, cuándo te acuestas… Sabemos todo de ti y no te vamos a perdonar”.

Al igual que muchos reporteros locales de Latinoamérica, Moreno no podía vivir de su periodismo, y poco antes había abierto un restaurante grill y un lavado de automóviles en la localidad de Montelíbano.

Tres meses después de publicar el video, el 16 de octubre, estaba cerrando el bar cuando un hombre que llevaba una gorra de béisbol entró al restaurante, sacó un revólver y le disparó tres veces.

Moreno murió inmediatamente. Sin embargo, gracias a los documentos que dejó, no fue silenciado.

Días antes de su asesinato, Moreno había contactado a Forbidden Stories, la organización francesa sin fines de lucro cuya misión es dar seguimiento al trabajo de reporteros asesinados, amenazados o encarcelados. Moreno se unió a la red SafeBox Network, que permite que los periodistas amenazados suban información sensible para protegerla, y empezó a compartir sus descubrimientos.

Después de su muerte, un consorcio de periodistas de todo el mundo se unió para continuar el trabajo de Moreno. Analizaron cientos de documentos, correos electrónicos y contratos públicos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información.

Además, mediante reportajes realizados en el lugar y entrevistas con docenas de fuentes, investigaron sus denuncias de que en la provincia de Córdoba existía un sistema clientelar en el que supuestamente se malversaron varios millones de dólares.

El equipo también examinó tres minas ubicadas en la región, confirmando muchas de las denuncias que Moreno había formulado, entre ellas daños medioambientales, la omisión de consultar a las comunidades indígenas y las operaciones que carecían de autorización.

The Guardian se unió a 31 medios de comunicación de todo el mundo para hacer pública la labor del consorcio y destacar las investigaciones que pudieron costarle la vida a Rafael Moreno.

‘Cualquiera podría haberlo matado’

Entre 1992 y 2022 han sido asesinados en Colombia 95 periodistas, muchos de ellos atrapados en el fuego cruzado de un brutal conflicto civil entre las guerrillas de izquierda, los grupos paramilitares de derecha y las fuerzas del Estado.

Una serie de acuerdos de paz retiraron del campo de batalla a muchas de las facciones implicadas en el conflicto, sin embargo, han surgido nuevos grupos criminales, y los reporteros del país suelen ser las personas que corren más riesgos cuando investigan el narcotráfico, la política local y la corrupción.

Según sus amigos y familiares, Moreno era implacable en su persecución de la presunta corrupción. “No dejaba de causar dificultades”, comentó Rafael Martínez, secretario del gabinete de la cercana ciudad de Puerto Libertador, y amigo desde hace mucho tiempo. “Cualquiera podría haberlo matado”.

Su última investigación se centró en las acusaciones de delitos relacionados con el medio ambiente en la cuenca del río Uré. Moreno había descubierto que alguien estaba utilizando una retroexcavadora y camiones pesados para extraer sistemáticamente arena de una playa de la cuenca para utilizarla en obras públicas.

La playa está situada junto a un parque nacional y se encuentra en una zona protegida, por lo que Moreno alegó que el proyecto carecía de un permiso medioambiental. También afirmó que el proyecto estaba vinculado a una de las dinastías políticas más poderosas de la región: la familia Calle.

Gabriel Calle, el patriarca de la familia, es un exdiputado regional y alcalde del municipio de Montelíbano que actualmente está bajo investigación por varios delitos, entre ellos irregularidades en la redacción de contratos y enriquecimiento ilícito. Él niega los cargos.

En los 10 días anteriores a su asesinato, Moreno había presentado cuatro solicitudes de libertad de información, entre ellas una en la que solicitaba documentos relativos al río Uré. La respuesta llegó dos días después de su muerte.

En una entrevista con el consorcio, Calle negó tener responsabilidad alguna en la extracción de arena, y señaló que los camiones se encontraban en una vía pública, aunque el catastro no menciona la existencia de ninguna vía pública en ese lugar.

Negó haber estado involucrado o tener conocimiento de la muerte de Moreno. “Tenía una buena amistad con Rafael, ni siquiera discutimos nunca. No me preocupaba lo que decía porque no era cierto”, explicó al consorcio.

La nueva carrera de Moreno: periodista de investigación

Moreno nació en el municipio de Puerto Libertador y, tras dejar la escuela a los 15 años, trabajó en una mina de oro, cosechó hojas de coca y cumplió con su servicio militar.

Cuando regresó a la región a la edad de 20 años, conoció a Espedito Duque, un carismático político en ascenso, y empezó a trabajar para la campaña electoral de este para la alcaldía de Puerto Libertador.

“Rafael era su mano derecha, prácticamente su jefe de comunicaciones”, comentó Maira, la hermana de Moreno.

Después de dos intentos fallidos, Duque fue elegido en 2015, y Moreno empezó a trabajar para el nuevo alcalde. Sin embargo, personas cercanas a Moreno señalan que se estaba desilusionando de su mentor político.

Moreno consideraba que los cambios que había prometido Duque estaban tardando en llegar, y creía que el alcalde recurría a los mismos funcionarios supuestamente corruptos que habían servido a administraciones pasadas.

Tras el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno colombiano y los rebeldes izquierdistas de las FARC, se había facilitado el acceso a los fondos públicos en zonas como Puerto Libertador, que se habían visto particularmente afectadas por el conflicto que duró varias décadas.

Desde 2016, se han invertido más de 100 millones de dólares en los cinco municipios que componen la región. Se destinaron estos recursos a más de 130 proyectos de obras públicas, entre ellas la reparación de calles, la educación y la atención médica, así como a infraestructuras de vivienda y energía.

No obstante, los activistas señalan que nunca se concluyeron numerosos proyectos. “Muchas de estas obras quedaron inconclusas o ni siquiera empezaron”, señaló Enyer Nieves Pinto, presidente de un grupo de supervisión civil que opera en la región.

Así pues, en diciembre de 2018, Moreno emprendió una nueva carrera profesional como periodista de investigación.

Su método era simple: entraba a una página web del gobierno en la que se listaban los contratos públicos, descargaba los documentos, examinaba minuciosamente los presupuestos y las propuestas, y después visitaba el lugar para ver si se había llevado a cabo la obra. Publicaba los resultados en sus dos páginas de Facebook: “Rafael Moreno Investigador” y “Voces de Córdoba”.

Uno de los casos implicó la remodelación del estadio municipal de Puerto Libertador, que –a pesar de contar con un presupuesto de más de un millón de dólares– quedó inconcluso.

En una región pobre, todavía atormentada por décadas de violencia, muchos vecinos se rebelaron tras las acusaciones de que se habían malversado los fondos.

Sin embargo, los reportajes de Moreno también acarrearon amenazas por parte de facciones criminales locales que habitualmente se llevan una parte de los presupuestos públicos. En 2019, una pandilla lo designó como “objetivo militar”; en 2021, fue secuestrado durante un breve período por el grupo delictivo más poderoso del país, el Clan del Golfo.

Moreno compartía periódicamente estas amenazas con la Unidad Nacional de Protección, que proporciona contramedidas que incluyen botones de pánico, vehículos blindados y guardaespaldas a los activistas y reporteros amenazados. No obstante, la protección que él recibía era irregular, y no contaba con ninguna protección el día de su asesinato.

Aun así, Moreno siguió publicando artículos y presentando denuncias judiciales y solicitudes de libertad de información.

Los socios del consorcio pudieron acceder al correo electrónico de Moreno, donde, entre los miles de mensajes y archivos adjuntos, descubrieron una denuncia formal que Moreno presentó el 5 de enero de 2021 contra Duque y sus socios, en la que alegaba “actos de corrupción, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y clientelismo”.

El documento de 21 páginas alega que amigos cercanos y familiares de Duque crearon docenas de ONG que posteriormente obtuvieron contratos con el fin de “facilitar la apropiación de recursos públicos”.

El documento nunca recibió una respuesta oficial. Sin embargo, un análisis realizado por el medio de investigación colombiano Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) muestra que al parecer, entre 2016 y 2022, la administración de Duque y su sucesor firmaron 99 contratos con 13 personas allegadas a la familia del alcalde, contratos que en conjunto tienen un valor de 3 millones de dólares.

Muchos de los contratos se concedieron con carácter de mutuo acuerdo, lo que significa que nunca se licitaron públicamente.

En un comunicado dirigido al consorcio, Duque negó todas las acusaciones de haber cometido irregularidades, señalando que las acusaciones de corrupción eran “absolutamente falsas” y añadiendo: “Es falso que yo apoyé la creación de entidades para obtener beneficios de los contratos con el municipio”.

Duque comentó: “Las acusaciones (de Moreno) eran resultado de un resentimiento, pero todas mis acciones (en el cargo) se realizaron de forma pública y los organismos de control analizaron todas las quejas”.

Negó rotundamente haber estado involucrado o tener conocimiento de la muerte de Moreno, y comentó: “Juro por Dios y por mi familia que no tuve nada que ver con el asesinato de Rafael Moreno, y necesito que sigan investigando ese cruel asesinato hasta llegar a la verdad. Porque el día de su asesinato los políticos que supuestamente eran sus amigos no lloraron, festejaron y brindaron en la calle, y nos echaron la culpa a mí y a mi familia”. Y añadió: “Que descanse en paz. Su muerte me causó un gran dolor”.

Amenazas, asesinatos y periodistas que callan

Hasta su muerte, Moreno siguió publicando actualizaciones en sus páginas de Facebook, reforzando sus acusaciones de corrupción y clientelismo. También estaba investigando un presunto caso de violación que implicaba al hijo de una poderosa figura local.
Sin embargo, las amenazas también aumentaban y, la noche del 16 de octubre de 2022, fue asesinado con arma de fuego.

Desde entonces, otros reporteros de la región se retiraron de las investigaciones. Yamir Pico, primo de Moreno y colega periodista, cerró temporalmente su medio de comunicación en noviembre después de recibir amenazas. Posteriormente lo reabrió, pero indicó que no seguiría realizando investigaciones. Otro periodista local decidió dedicarse a la cobertura deportiva y cultural. Un tercero se marchó de la región y actualmente está escondido.

Más de seis meses después de la muerte de Moreno, nadie ha sido detenido por el caso de asesinato. Duque tiene previsto volver a postularse como candidato a la alcaldía el próximo mes de octubre.

Reportaje de Paloma Dupont de Dinechin (Forbidden Stories), Andrea Rincón (Cuestión Pública), Edier Buitrago (Cuestión Pública), Claudia Duque (independiente), Juan Diego Quesada (El País), Felipe Morales (El Espectador) e Ivonne Rodríguez (Clip).