Justicia a medias en asesinatos de periodistas: autores intelectuales quedan impunes

La noticia fue un duro golpe para Griselda Triana. Leer que la persona que ordenó el asesinato de su esposo fue liberada de una prisión estadounidense hizo que volvieran los ataques de pánico y ansiedad.

Casi lograba asumir estos trastornos como superados tras recibir tratamiento a raíz del homicidio de su compañero de vida, el periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el 15 de mayo de 2017.

Medios de comunicación reportaron la liberación de Dámaso López Serrano cinco años después del crimen: el 17 de septiembre de 2022. El “Mini Lic”, como lo conocen en el mundo del narcotráfico, es el presunto autor intelectual del asesinato de Valdez Cárdenas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) encontró testigos que señalaron al capo sinaloense de ordenar la muerte del periodista a cambio de 100 mil pesos.

Javier era un reportero reconocido a nivel internacional. Fue fundador del semanario Río Doce y escribió varios libros, entre ellos Huérfanos del narco. Los olvidados de la guerra del narcotráfico. En 2011 ganó el Premio María Moors Cabot y el Premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas. 

Su trayectoria hizo que las exigencias de justicia resonaran más fuerte. Las presiones del gremio periodístico y de la sociedad civil alcanzaron para que la FEADLE obtuviera dos sentencias condenatorias contra quienes efectuaron el homicidio. Heriberto Picos, “El Koala”, fue sentenciado a 14 años de cárcel en 2020. Un año después, Juan Francisco, “El Quillo”, recibió sentencia por 32 años.

¿Resultado justo en un país como México, donde el 97% de los asesinatos de periodistas quedan impunes, de acuerdo con cifras oficiales?

Para Griselda Triana, quien fuera esposa de Valdez Cárdenas, esto no ha sido suficiente. Lo dice porque el “Mini Lic” permanece en Estados Unidos y la FEADLE no le ha informado si será posible regresarlo a México. 

“Nosotros ya hicimos lo que nos toca”, es la respuesta que Griselda ha recibido de la fiscalía especial desde hace dos meses. La FEADLE argumenta que ya hizo el trámite de extradición de Dámaso López y ahora todo está en la cancha del gobierno de Estados Unidos.

Este año ese país hizo fuertes críticas a México por los asesinatos de periodistas, pero hasta ahora no ha facilitado las cosas para el retorno del “Mini Lic”. “Eso es hipocresía”, dice tajante la esposa del periodista asesinado.

“Los autores intelectuales son los últimos o los que generalmente nunca llegan a ser aprehendidos por las autoridades y eso es muy grave. Es muy duro para nosotros saber que este sujeto se esté paseando con total impunidad en Estados Unidos”.Griselda Triana, viuda del periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas.

El “Mini Lic” es un testigo colaborador de las autoridades estadounidenses y por eso no ha sido posible su extradición a México, según el equipo jurídico de la organización Propuesta Cívica, que acompaña el caso. El Departamento de Estado de ese país informó a los abogados de Griselda que Dámaso Lopez sigue brindando información sobre cómo operan los grupos del narcotráfico en nuestro país, en especial el Cártel de Sinaloa, al que pertenecía.

Pese a que el asesinato de Javier tuvo un impacto mediático nacional e internacional, el caso siempre enfrentó obstáculos. En un inicio “El Koala” y “El Quillo” se fueron a Baja California, mientras el “Mini Lic” se entregó al gobierno de EU un mes después del crimen.

Una vez una audiencia se canceló porque los abogados de los criminales se fueron de vacaciones. Luego llegó la pandemia de Covid-19 y todo tomó un curso lento. Estas y otras eventualidades han frenado el acceso a la justicia.

Aunque el proceso ha sido lento, Griselda sigue exigiendo castigo para todos los responsables del homicidio: “Yo invitaría a las autoridades a no perder de vista el caso de Javier, después de la liberación de Dámaso López Serrano, sólo hemos tenido un acercamiento con la FEADLE. Me entristece que a nadie más le importe lo que pasa con los asesinatos de los periodistas”.

Sin castigo

Este miércoles 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. En el caso de México, en los últimos 16 años han sido asesinados 260 periodistas y solo se han emitido nueve sentencias condenatorias contra responsables de estos crímenes. Los datos los dio a conocer hace una semana Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en conferencia de prensa.

Encinas lamentó los asesinatos, pero también presumió que en los primeros cuatro años del actual gobierno se lograron tres sentencias condenatorias, mientras que en las dos administraciones anteriores solo hubo seis. Los castigos han sido contra personas que ejecutaron los homicidios, pero no contra quienes los ordenaron.

Esta tendencia se replica constantemente. En el caso de Javier Valdez el señalado de ordenar la agresión es el “Mini Lic“, pero hay más.

Miroslava Breach, otra reconocida periodista en el estado de Sonora, fue asesinada el 23 de marzo de 2017. Hasta ahora sigue libre Crispín Salazar Salazar, líder de una agrupación delictiva conocida como “Los Salazar” y presunto autor intelectual del homicidio de la reportera. La FEADLE sólo ha conseguido sentencias de dos presidentes municipales ligados al delito.

Otro caso que ha sido parcialmente resuelto es el de Lourdes Maldonado, asesinada el 24 de enero de 2022. El pasado 27 de octubre se dio a conocer que dos personas que cometieron el homicidio fueron sentenciadas, pero hasta ahora las autoridades no han informado sobre quién fue la persona que ordenó el ataque. Maldonado denunció amenazas en su contra de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él (…) se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla”, dijo Maldonado el 26 de marzo de 2019 en la conferencia de prensa matutina.

Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica, explica que la impunidad de los autores intelectuales es generalizada. De los más de 30 casos por agresiones a periodistas (amenazas, lesiones, abuso de autoridad, secuestro, criminalización, acoso judicial) que esta asociación civil ha representado, en ninguno ha habido un castigo contra las personas que ordenan los ataques. 

En cambio, Propuesta Cívica ha logrado, en colaboración con la FEADLE, las sentencias por los homicidios de Javier Valdez y Miroslava Breach.

“La gran regla en este tipo de crímenes es que en el mejor de los casos los autores materiales sean los identificados y los aprehendidos. Una de las grandes dificultades es que en las agresiones contra periodistas hay mucha intervención de funcionarios públicos, eso representa una gran barrera porque si una autoridad local está involucrada, difícilmente la investigación tendrá resultados”. 

Mendiola destaca que ningún caso de periodistas asesinados puede salir del cajón de la impunidad mientras todos los responsables no sean llevados a juicio. “No podemos decir que los casos de Miroslava y Javier, a pesar de los avances, estén fuera de la impunidad”. 

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otra organización social que cuestiona el hecho de que las autoridades mexicanas actúen para detener a los autores materiales de los asesinatos de periodistas y no a los autores intelectuales, como una especie de conformismo que alimenta la impunidad.

“Los autores intelectuales siempre quedan fuera. ¿Por qué? Porque los autores materiales son el eslabón más fácil de detectar hasta cierto punto y aún así no son detenidos todos”, señala Balbina Flores, directora para México de RSF.

“Son los más difíciles de capturar porque son personajes que tienen niveles muy altos dentro de las estructuras criminales y porque las autoridades no pueden, o no quieren, involucrarse más allá en la investigación”.

México, más peligroso que países en guerra

Reporteros Sin Fronteras sigue ubicando a México como el país más peligroso para ejercer periodismo en el mundo. Esta organización contabiliza 27 reporteros desaparecidos y 153 asesinados. Un conteo parecido al de Artículo 19, asociación civil que ha detectado 156 homicidios de profesionales de la comunicación por su labor informativa.

Juan Vázquez, oficial de Comunicación de Artículo 19, lamenta que en México no exista voluntad política por parte de las autoridades. “Hemos visto que la FEADLE no ha hecho su trabajo en el sentido de atraer los casos de asesinatos de periodistas para investigarlos. Mientras las fiscalías estatales carecen de un protocolo para investigar estos delitos y de interés por llegar a las últimas consecuencias en cuanto a las líneas de investigación”.

Artículo 19, junto con la agencia Grey México, lanzaron la noche de este 1 de noviembre una campaña en redes sociales para despertar conciencia entre la población sobre la importancia de la labor periodística y los riesgos de ejercerla.

Durante dos semanas la asociación civil compartirá contenido en internet con el objetivo de que la población mexicana se involucre más en pedir un alto en las agresiones contra los profesionales de la comunicación.

En un comunicado de prensa sobre su campaña, Artículo 19 resalta que hacer periodismo en México es incluso más peligroso que en Ucrania o Yemen, países en guerra.

“En México nosotros registramos una agresión contra periodistas cada 14 horas”, señala Juan Vázquez sobre la gravedad del problema. “La impunidad que es del 97% es la que permite que estos crímenes continúen, si no se castiga a los autores materiales e intelectuales por igual se da a entender que en México matar a un periodista sale muy barato”.