De ‘la verdad histórica’ a la crisis de credibilidad: Ayotzinapa, la impunidad como única certeza

A dos años de cumplirse una década de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, sólo hay una certeza: la impunidad persiste. 

No hay rastro de los estudiantes, los presuntos responsables del delito siguen sin ser sancionados y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha puesto en duda los informes que los dos últimos gobiernos han elaborado en torno al caso. 

Desde 2019, al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la investigación del caso parecía avanzar. La promesa de campaña de AMLO de “concluir la investigación” se avizoraba menos lejana. El GIEI volvió a México para seguir con las indagatorias y el gobierno creó la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa para descifrar lo ocurrido, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) también instaló una unidad especial.

Hacia finales de junio de 2022 diría el presidente de México: Ayotzinapa se resuelve este año. “Hay mucho avance”. Pero todo se estancó en agosto de este mismo año, cuando la FGR ordenó cancelar 21 órdenes de aprehensión contra personas que están presuntamente involucradas en los hechos, incluidos 16 militares, y cuando Omar Gómez Trejo, el titular de la unidad especial de la Fiscalía, renunció porque agentes de investigación ajenos a su equipo intervinieron en la indagatoria sin su consentimiento.

En agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y responsable de la Comisión para la Verdad, presentó un nuevo informe sobre lo ocurrido a los 43 normalistas, reforzando la caída de la llamada “verdad histórica” dada a conocer sobre el caso durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Pero este lunes 31 de octubre, el GIEI puso en duda buena parte de esas pruebas por el actual gobierno. Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo de expertos, fue enfático en conferencia de prensa al señalar que “un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación para ello, ha conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza de los resultados de la investigación”.

Ahora mismo el estatus de la investigación en el caso Ayotzinapa parece retornar a un punto similar al que se presentó en el sexenio anterior: con una versión oficial puesta en duda y con el Grupo Interdisciplinario anunciando su salida del país por la falta de colaboración de las autoridades para resolver la desaparición de los 43 estudiantes, y ya sólo con la participación de dos de sus integrantes en los siguientes dos meses: Ángela Buitrago y Carlos Beristain.

Dos versiones desacreditadas

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Este caso exhibió la crisis de violencia en el país y tuvo un impacto a nivel nacional e internacional, reflejado en interminables protestas realizadas para exigir justicia por la desaparición de los jóvenes.

Un mes después de los hechos, el gobierno de Peña Nieto presentó la “verdad histórica”, una versión que apuntaba a que los 43 estudiantes habían sido secuestrados por el grupo delictivo Guerreros Unidos, en colaboración con policías locales del estado de Guerrero, para después calcinarlos en el basurero del municipio de Cocula y arrojar sus restos en el Río San Juan.

Los expertos del GIEI recabaron pruebas para acreditar que la verdad histórica fue construida con siembra de evidencia y declaraciones sacadas bajo tortura contra los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.

Esos actos de tortura, llevados a cabo por la antigua Procuraduría General de la República (PGR), provocaron que el juez Ventura Ramos, encargado del Juzgado Primero de Distritos de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, concediera su libertad al menos a 77 sospechosos del caso que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los jóvenes.

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Imagen tomada por un dron del momento en que la Secretaría de Marina y funcionarios de la PGR alteran el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fuente: GIEI.

La siembra de evidencia fue otra constante de la verdad histórica. En marzo de este año los expertos independientes dieron a conocer un video del 27 de octubre de 2014, donde se observa cómo integrantes de la Secretaría de Marina manipularon el basurero de Cocula, en el que supuestamente Guerreros Unidos habían calcinado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

El 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón, ex titular de la Agencia Federal de la Investigación, intervino en el Río San Juan y un día después anunció a los medios de comunicación el hallazgo de una bolsa con los restos de Alexander Mora, uno de los normalistas.

El GIEI encontró pruebas documentales para desmentir la verdad histórica y sus hallazgos fueron respaldados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), creada durante el actual gobierno y encabezada por Alejandro Encinas.

El pasado 18 de agosto, luego de tres años de investigación, el subsecretario Encinas presentó un nuevo informe sobre los hechos ocurridos en Iguala. El documento de la Covaj se basa en 467 capturas de pantalla donde se observa una conversación de WhatsApp entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, quienes se ponen de acuerdo para secuestrar a los normalistas, dividirlos en grupos, asesinarlos y esparcir sus restos en distintos puntos de la entidad con la complicidad de las Fuerzas Armadas y de las policías municipales guerrerenses.

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Las capturas de pantalla de un chat de WhatsApp presentadas por el actual gobierno federal como prueba tienen la “doble palomita” de mensaje leído, aunque esa función aún no existía cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo el GIEI. Fuente: Covaj.

Encinas dijo que esta descripción de los hechos era una versión preliminar de la conclusión definitiva del gobierno, pero el GIEI puso en duda la veracidad de este relato al señalar que hay indicios de que 181 capturas de pantalla son falsas.

El GIEI llegó a esta conclusión luego de pedir un peritaje independiente para las capturas de pantalla de WhatsApp. Los expertos dudaron de estas pruebas por la forma de escribir de las personas de la conversación; por la imposibilidad de conocer la fecha de los mensajes ni el teléfono desde el que se hicieron los screenshots; y porque las capturas de pantallas tienen elementos que aún no estaban disponibles cuando los normalistas desaparecieron, como las dobles palomitas azules o el ícono de videollamada.

A prueba el sistema de justicia mexicano

A pesar de desmentir la nueva versión oficial, el GIEI insistió en que ésta no es otra “verdad histórica”, pues hay suficientes elementos para acreditar la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de las policías municipales en la desaparición de los 43 normalistas.

Lo que no está claro hasta ahora es qué ocurrió con los estudiantes después de su detención por parte de Guerreros Unidos y dónde se encuentran. Son los enigmas que hasta ahora ni el gobierno de Peña Nieto ni el de López Obrador han resuelto y que ponen a prueba al sistema de justicia. 

“Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones”, concluyó Carlos Beristain sobre este tema en la conferencia del 31 de octubre. “México tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad política junto con la independencia y la consistencia de la investigación son determinantes para la justicia”

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