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Caso Ayotzinapa: El Ejército ignoró advertencias sobre los cárteles antes de la desaparición de los 43
Familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos marchan en Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2022. Foto: Marco Ugarte/AP

El Ejército mexicano recibió casi una docena de denuncias sobre la actividad delictiva de los cárteles en la región en la que 43 estudiantes fueron secuestrados en septiembre de 2014, revelan los correos electrónicos hackeados de la Secretaría de la Defensa del país, sin embargo, las fuerzas armadas aparentemente hicieron poco para combatir el crimen organizado en la zona.

El secuestro y desaparición de los estudiantes, que ocurrieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, constituyeron una de las violaciones de los derechos humanos más terribles y mediáticas de la historia reciente de México, y aún no se han resuelto a pesar de años de protestas y de la incesante búsqueda de justicia por parte de los padres de los estudiantes.

En los ocho meses anteriores al ataque perpetrado contra los estudiantes, los ciudadanos de Iguala y de las localidades circundantes enviaron al menos 10 correos electrónicos al 27 batallón de infantería en los que denunciaban la presencia de grupos delictivos y la aparente complicidad de las autoridades locales. Algunos de ellos incluían fotos de presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos, al que se acusa de orquestar la desaparición de los estudiantes.

“Hombres armados regresaron para patrullar el pueblo”, escribió una persona, refiriéndose a un poblado cercano un mes antes de la desaparición de los estudiantes. “Se reúnen al lado del cementerio del pueblo, también se reúnen en la plaza de Cocula, Guerrero, sin que los molesten (los policías) ministeriales, estatales o municipales”.

En conjunto, los correos electrónicos captan el miedo y la frustración que experimentaban los ciudadanos de la región debido a la presencia de grupos delictivos violentos, así como la aparente complicidad entre el crimen organizado y las autoridades locales, además de sugerir que el personal militar local tenía un claro conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

“Existían todas estas denuncias ciudadanas sobre el aumento de los niveles de actividad delictiva ahí mismo, en esa parte de Guerrero, en las semanas y meses previos al secuestro de los muchachos, y evidentemente no se hizo nada”, señaló Kate Doyle, analista principal del Archivo Nacional de Seguridad en Washington D.C. “Los mensajes son escalofriantes porque sabemos qué pasa después”.

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Un hombre camina frente al monumento en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Ciudad de México, el 23 de agosto de 2022. Foto: Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images

Las denuncias forman parte de los más de 4 millones de correos electrónicos y documentos filtrados en septiembre del año pasado por el grupo de hackers autodenominado Guacamaya. El hackeo de más de seis terabytes de información constituye una de las violaciones más graves de la seguridad nacional mexicana.

El gobierno no negó la autenticidad de los correos electrónicos, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente hizo hincapié en que la información es “ilegal, porque no se puede extraer ni hackear información de ninguna dependencia gubernamental”.

Los correos electrónicos revisados por The Guardian corroboran los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que lleva ocho años investigando la desaparición de los estudiantes y ha destacado en repetidas ocasiones el extenso conocimiento que el personal militar de la zona tenía sobre la actividad delictiva, incluso la de la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Vigilaban a los narcos y al crimen organizado”, explicó Carlos Beristain, integrante del GIEI. La noche del ataque, no obstante, “la decisión fue no hacer nada”.

La noche que desaparecieron, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron varios autobuses para llevarlos a una protesta, una tradición generalmente tolerada. Sin embargo, en Iguala fueron atacados por agentes de la policía local que trabajaban para el cártel Guerreros Unidos, quienes obligaron a decenas de estudiantes a bajar de los autobuses y se los llevaron en medio de la noche. Solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Los investigadores independientes alegan que los militares tenían un conocimiento muy detallado de las actividades delictivas y de la complicidad entre el cártel y la policía. También tuvieron conocimiento en tiempo real del ataque mientras este se producía.
Se desconoce si el Ejército investigó o verificó las denuncias que llegaron a la bandeja de entrada del 27 Batallón de Infantería en Iguala.

No obstante, según Beristain, las acciones del ejército realizadas en los meses anteriores al ataque contra los estudiantes fueron limitadas.

“Estuvieron activos en diferentes lugares, participaron, fueron a visitar un lugar donde se registraron balaceras, sabemos que detuvieron a personas en otros lugares”, señaló Beristain. “Lo que (también) sabemos es que no hay ninguna iniciativa para desmantelar la estructura criminal en Iguala”.

En el periodo en que se enviaron los correos electrónicos, varios grupos delictivos operaban en Iguala y sus alrededores: entre ellos se encontraba el cártel Guerreros Unidos, que supervisaba una operación de traslado de heroína entre Guerrero y Chicago.

Los mensajes de texto enviados entre miembros del cártel interceptados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en aquella época sugieren que existía una colusión entre el cártel y miembros del ejército, según indican los investigadores.

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Estudiantes participan en una marcha en Ciudad de México para conmemorar el 65º mes transcurrido desde la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos, 26 de febrero de 2020. Foto: Edgard Garrido/Reuters

Aunque parece que los correos electrónicos fueron enviados a una bandeja de entrada general de denuncias, uno de ellos, enviado en mayo de 2014, está dirigido específicamente “a la atención de mi coronel José Rodríguez Pérez”, que en aquel momento estaba al mando del 27 Batallón y que fue detenido el año pasado por su aparente implicación en la desaparición de los estudiantes. Rodríguez negó las acusaciones.

Ese correo electrónico fue enviado por un representante de una empresa propietaria de una mina ubicada cerca de Iguala. Un correo electrónico posterior enviado por la misma persona contiene un documento en el que se detalla la forma en que un grupo armado “ha estado tomando el control de la localidad de Atzcala”, en el municipio de Cocula, donde se encontraron los restos de dos estudiantes.

“El pasado sábado 24 de mayo, sus miembros dispararon sus armas durante la noche simulando un enfrentamiento con un grupo rival y al día siguiente congregaron a los habitantes de Atzcala para pedirles su colaboración y sus armas”, se lee en el documento.
Según el documento, los miembros del grupo portaban armas que incluían rifles tipo AK-47 y AR-15.

En otro caso, un ciudadano escribió en julio de 2014 sobre supuestos vigilantes de cárteles que operaban en Iguala, aunque no detalla a qué grupo delictivo pertenecen.

“Ya llamé al teléfono de denuncias anónimas, sobre estos sujetos que son vigilantes”, escribió la persona. “Ahora están intimidando a los habitantes y comerciantes de la zona ofreciéndoles protección a cambio de dinero”.

El denunciante también sugiere que existe una complicidad entre las autoridades locales y los supuestos vigilantes: “Los he visto hablando con policías de tránsito y municipales, incluso con bomberos de protección civil”.

Otra serie de correos electrónicos enviados en junio de 2014 describen las actividades del cártel Guerreros Unidos en Iguala y localidades cercanas, e incluso incluyen fotos de varios individuos supuestamente involucrados con el grupo, algunos de ellos portando rifles de alto calibre.

“Ellos son los jefes de Huitzuco, Iguala y Apaxtla”, señala un correo que tiene como asunto “Guerreros Unidos”, en alusión a varias poblaciones de la zona. “Hay dos que advierten sobre las inspecciones”, escribe. “A uno le dicen Flaco, fue oficial del Ejército y ahora trabaja para la (policía) ministerial”.

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Activistas sostienen carteles para exigir justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, frente a la oficina de la fiscalía general de México en Ciudad de México, 4 de abril de 2016. Los carteles decían: ‘Vivos se los llevaron. Vivos los queremos’. Foto: Edgard Garrido/Reuters

Otro correo, enviado por la misma persona, describe un lugar “sobre la autopista” donde “secuestraron a las personas”. La persona continúa relatando que en la colonia Loma del Zapatero, en Iguala, “circula una Tacoma blanca” y añade: “nos torturaron en febrero y en el retén de Ahuehuepan nos quitaron los autos y hay mujeres uniformadas”.

En otro correo electrónico de abril de 2014, publicado anteriormente por el Archivo Nacional de Seguridad, un sujeto relata cómo integrantes de un grupo delictivo operaban “con impunidad con sus armas AK-47… frente a la policía municipal”.

La denuncia, que hace alusión a los municipios de Apaxtla, Teloloapan, Cuetzala y Cocula, indica que aunque ha disminuido la impunidad, el grupo delictivo sigue operando: “No es un cártel del narcotráfico, sino un grupo de asaltantes, ladrones y secuestradores, que instalan sus retenes para secuestrar gente”.

El correo termina detallando el lugar y la fecha en que se podría capturar a un sujeto conocido como “El Pez”, apodo que corresponde a Johnny Hurtado Olascoaga, uno de los líderes del grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana.

“Les pido por favor que lleven a cabo un operativo tierra-aire eficaz”, escribe el denunciante. “Y si no lo hacen, tampoco podemos seguir confiando en ustedes”.

El mes pasado, miembros del ejército, la Guardia Nacional y agentes de la fiscalía general de Guerrero llevaron a cabo finalmente una operación para capturar a El Pez y a su hermano, conocido como “El Fresa”. Ambos escaparon y siguen prófugos.

No se recibieron las respuestas de una serie de preguntas detalladas enviadas a la Secretaría de la Defensa.

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