China amplía alcance de ley contra espionaje y expertos advierten sobre riesgos para extranjeros

China amplió drásticamente sus leyes contra el espionaje mediante enmiendas que, según advierten los expertos jurídicos, podrían aumentar aún más los riesgos que corren las personas y organizaciones extranjeras que operan en el país.

Las enmiendas fueron aprobadas por el parlamento de Beijing en la tarde del miércoles. Los cambios, que se habían anunciado desde hace mucho tiempo, amplían el ámbito de aplicación de la ley para abarcar todo aquello que las autoridades consideren relevante para la seguridad nacional, y amplían las facultades de registro y confiscación de las autoridades, así como la imposición de prohibiciones de entrada y salida del país a las personas.

Wang Aili, director de la oficina de derecho penal de la comisión de asuntos legislativos de China, señaló que la actualización, que entrará en vigor el 1 de julio, mejora las definiciones de espionaje y precisa las responsabilidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Estos cambios son los primeros que se realizan en la ley desde su promulgación en 2014, y también refuerzan su énfasis en la ciberseguridad, mediante disposiciones que incluyen la prohibición de hablar sobre las vulnerabilidades de las redes de China.

Los observadores advirtieron que la ampliación de la ley aumenta el riesgo al que se enfrentan las personas y entidades extranjeras que trabajan en China, en particular aquellas que trabajan en sectores clave de la tecnología, la investigación y la vigilancia, así como en otros sectores potencialmente delicados.

“Las enmiendas previstas a la ley de espionaje se suman a la ya de por sí impresionante amplitud de sus disposiciones”, señaló Jerome Cohen, experto en derecho chino de la Universidad de Nueva York, poco antes de que se aprobaran formalmente las enmiendas.

Gran parte de la preocupación se centra en una nueva disposición que amplía el alcance de la ley para abarcar, además de la manipulación ilegal de “secretos de Estado”, cualquier “documento, dato, material u objeto relacionado con la seguridad nacional”.

Asimismo, amplía las facultades de registro del personal de seguridad del Estado para permitir que se examine cualquier objeto que lleve una persona cuya identidad no sea clara o de la que se sospeche que realiza actividades de espionaje, así como la inspección de equipos electrónicos e instalaciones de “personas y organizaciones pertinentes”.

Los agentes de seguridad también podrán “leer o recabar documentos, datos, materiales u objetos pertinentes, y las personas y organizaciones pertinentes deberán cooperar”.

Las tensiones aumentan a medida que Beijing intercambia acusaciones de espionaje y otros agravios con Estados Unidos y sus aliados. En febrero, las autoridades estadounidenses derribaron un globo espía chino descubierto sobrevolando el espacio aéreo estadounidense. Beijing anunció la apertura de investigaciones sobre empresas estadounidenses de chips, y el presidente chino, Xi Jinping, nombró a aliados clave en cargos de seguridad nacional.

La profesora Margaret Lewis, experta en derecho chino de la Universidad de Seton Hall, comentó que la ampliación de la ley demostraba la importancia que Beijing concede a sus iniciativas contra el espionaje. “Sin embargo, solo con el paso del tiempo se sabrá qué supondrán las revisiones en la práctica”.

“No solo carece de claridad la cuestión crítica de cómo utilizarán las autoridades chinas la ley ampliada, sino que también resulta poco creíble que podremos obtener datos fidedignos sobre su aplicación. Gran parte del sistema de justicia penal de China es poco transparente, y esto resulta especialmente cierto cuando se invoca la seguridad nacional”.

Lewis explicó que los cambios se introducen precisamente en el momento en que China reabre sus puertas a los visitantes extranjeros, después de tres años del cierre de sus fronteras en virtud de la política de cero covid. “No obstante, las personas que potencialmente visitarán China se preguntan, con toda razón, cuál es el sistema político-legal al que estarán sometidas una vez se encuentren en el país. Estas revisiones no harán más que amplificar esta desconfianza”.

El jueves, la empresa estadounidense de consultoría de gestión Bain & Company confirmó que la policía china visitó sus oficinas de Shanghai e interrogó a cinco empleados. La empresa indicó que estaba cooperando con la policía, pero no ofreció más detalles.

En marzo fueron detenidos empleados chinos de Mintz Group, una empresa estadounidense de diligencia empresarial con sede en China.

También se han presentado acusaciones de espionaje y seguridad nacional contra numerosas personas extranjeras que viven en China, entre ellas dos canadienses –cuyo gobierno indicó que estaban detenidos como represalia por la detención de una ejecutiva china de Huawei– y los australianos Cheng Lei y Yang Hengjun.

Un ejecutivo farmacéutico japonés, que al parecer se relacionaba con funcionarios e industrias chinos como parte de su trabajo, fue detenido en marzo por presuntamente violar la ley de espionaje.

Un editorial posterior publicado en el periódico japonés Asahi Shimbun indicó que aproximadamente 17 japoneses en China han sido detenidos en virtud de esta ley desde 2014, y que los expatriados “comprensiblemente temen” que puedan ser arrestados por actos que no sabían que eran ilegales. “Las sedes en Japón de estas empresas están obligadas a considerar los riesgos que conlleva operar en China”.

Esta semana, la familia de un destacado periodista chino reveló que lo habían acusado de delitos de espionaje, que se cree están motivados por sus interacciones con diplomáticos y medios de comunicación extranjeros en China, así como por sus anteriores estancias de estudios en Estados Unidos y Japón.

Jeremy Daum, profesor del Paul Tsai China Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, señaló que las enmiendas codificaban ampliaciones que ya se estaban aplicando en gran medida a través de otros instrumentos jurídicos y normas, en el marco de la “visión holística” de China respecto a los riesgos relacionados con la seguridad nacional.

“La ley relativa a las ONG extranjeras, que suscitó sospechas y limitó las actividades de este tipo de organizaciones en China, probablemente es un ejemplo de que las cuestiones de seguridad nacional se anteponen a otros intereses, y ha limitado de forma considerable las oportunidades de realizar numerosos intercambios interpersonales”.