Amagan con acciones legales por no divulgar chats de Boris Johnson sobre Covid-19

La investigación pública oficial sobre la gestión del Covid-19 por parte del gobierno amenazó a la oficina del gabinete con sanciones penales por su negativa a compartir los mensajes de WhatsApp y los diarios sin grandes ediciones que escribió por Boris Johnson durante la crisis.

La investigación emitió una notificación legal en la que solicitó las comunicaciones de WhatsApp no editadas de Johnson, sus diarios oficiales de entre enero de 2020 y febrero de 2022, junto con 24 libretas, revelando así por primera vez la magnitud de las notas que tomó el exprimer ministro mientras ocupó el cargo.

Estos incluyen los intercambios y grupos de chat mantenidos entre altos ministros del gobierno, altos servidores públicos y sus asesores durante la crisis de Covid-19, entre ellos el director médico de Inglaterra, Sir Chris Whitty, el entonces asesor científico jefe, Sir Patrick Vallance, y el exjefe del Servicio Nacional de Salud, Simon Stevens.

También incluyen sus mensajes con el exasesor del número 10, Dominic Cummings, y ministros del gabinete de aquel momento, como Rishi Sunak, Liz Truss y el entonces viceprimer ministro, Dominic Raab, el entonces secretario de Salud, Matt Hancock, así como el secretario del gabinete, Simon Case.

No obstante, tras recibir la orden legal el 28 de abril de este año, la oficina del gabinete rechazó la solicitud, que se presentó en virtud del artículo 21 de la Ley sobre Comisiones de Investigación del 2005, dos semanas después, alegando que era ilegal, según los documentos de la investigación.

Lady Hallett, presidenta de la investigación de Covid-19, rechazó la respuesta de la oficina del gabinete, y señaló que consideraba que la orden inicial se ajustaba a la ley. El incumplimiento de la orden sin una excusa razonable constituiría un delito penal, que se puede castigar con una multa de hasta mil libras (unos 20 mil pesos) o una pena de cárcel de un máximo de 51 semanas.

Johnson prescindió de los abogados que el gobierno designó para que lo representaran en la investigación de Covid-19 después de que lo remitieran a la policía, muestran los documentos. Los aliados sugirieron que Johnson perdió la confianza en la oficina del gabinete.

Sin embargo, en consonancia con la práctica habitual que se aplica a los exministros, los contribuyentes seguirán financiando su nueva representación legal.

Hallett, exjueza del Tribunal de Apelación, comentó que quería ver los mensajes aunque no resultara inmediatamente obvio que eran relevantes para la investigación, ya que podrían revelar si los ministros trataron los asuntos relacionados con la pandemia de forma inadecuada debido a que su atención estaba centrada en otra cuestión. Hallet citó la preocupación pública sobre el hecho de que Johnson no se centró en el Covid-19 a principios de 2020.

También destacó ámbitos “importantes” que la oficina del gabinete decidió en un principio que eran “inequívocamente irrelevantes” para la investigación, pero sobre los que recientemente recibió material no editado. Estos ámbitos incluían las conversaciones que mantuvieron los exprimeros ministros y sus asistentes sobre la aplicación de las normas de Covid-19 por parte de la policía metropolitana tras el asesinato de Sarah Everard.

Downing Street insistió en que el gobierno estaba facilitando “todo el material relevante” a la investigación y que ya había proporcionado más de 55 mil documentos, 24 declaraciones de testigos y ocho declaraciones de empresas. Downing Street consideraba que no tenía la obligación de revelar material “inequívocamente irrelevante”.

El vocero oficial del primer ministro señaló: “Establecimos la investigación para garantizar que las acciones del Estado durante la pandemia sean examinadas de la forma más rigurosa y llana posible para asegurarnos de que aprendemos las lecciones correctas para el futuro. El gobierno sigue comprometido a cumplir sus obligaciones con la investigación y conforme a la ley”.

Y añadió: “El principio en cuestión en este caso gira en torno a la divulgación de materiales que son evidentemente irrelevantes para el trabajo de la investigación, por ejemplo, mensajes de WhatsApp que son de naturaleza personal, que no tienen relevancia para el trabajo de la investigación, o que están relacionados con un área completamente diferente de la política”.

“Nuestra postura es que la investigación no tiene competencias para obligar al gobierno a revelar material inequívocamente irrelevante, dado el precedente que esto sentaría y su potencial impacto adverso en la elaboración de políticas en el futuro”.

En los documentos publicados el miércoles en la página web de la investigación, Hallett indicó: “El contenido íntegro de los documentos cuya presentación se solicita es de potencial relevancia para las líneas de investigación que estoy siguiendo”.

Hallett comentó que la investigación solicitó material de WhatsApp potencialmente relevante a un gran número de testigos, entre ellos responsables clave de la toma de decisiones, altos servidores públicos y asesores del gobierno.

Sugirió que si la oficina del gabinete consideraba que la petición era ilegal, debería solicitar una revisión judicial. Sugirió que el gobierno no había entendido bien el alcance de la investigación, y añadió: “Rechazo el argumento de que se emitió la notificación de forma ilegal. Por lo tanto, se desestimará la solicitud”.

Hallett, diputada de un partido independiente, comentó que los términos de la investigación eran de “gran amplitud” y que “abordaría un gran número de líneas extremadamente diversas”, entre ellas asuntos políticos “superficialmente no relacionados” que concernían a ministros y funcionarios en ese momento.

“Tales asuntos pueden adquirir mayor importancia en los casos en que me parezca, o se sugiera de otro modo, que un ministro trató los asuntos relacionados con el Covid-19 de forma inadecuada porque él o ella estaban centrados (tal vez de forma inapropiada) en otras cuestiones”, escribió.

“Por razones similares, también puedo verme obligada a investigar los compromisos personales de los ministros y otros responsables de la toma de decisiones correspondientes al periodo en cuestión. Existe, por ejemplo, una preocupación pública sólidamente establecida sobre el grado de atención que el entonces primer ministro prestó a la aparición del Covid-19 a principios de 2020”.

Rivka Gottlieb, una de las voceras del grupo Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, señaló: “Esta investigación tiene que llegar a los hechos si quiere aprender lecciones que ayuden a salvar vidas en la próxima pandemia”.

“Es indignante que piensen que pueden dictar a una investigación independiente qué mensajes de WhatsApp de Boris Johnson pueden ver. Con las revelaciones que han surgido sobre su incumplimiento de las normas de confinamiento, realmente uno teme lo peor respecto a lo que están ocultando”.