El gobierno de Japón es objeto de presiones para que ponga fin a la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo

Aumenta la presión sobre el gobierno de Japón para que legalice las uniones entre personas del mismo sexo, después de que un tribunal fallara que la prohibición de las mismas era inconstitucional.

Los defensores de los derechos señalaron que la sentencia que el tribunal del distrito de Nagoya dictó el martes constituía un paso adelante en la lucha por poner fin a la situación de Japón como único país del G7 que no reconoce plenamente las uniones entre personas del mismo sexo.

Se trata de la segunda vez que un tribunal de Japón dictamina que la prohibición es inconstitucional, mientras que otros dos tribunales decretaron que la prohibición concuerda con la Constitución promulgada tras la guerra, que define el matrimonio como un acto basado en “el consentimiento mutuo de ambos sexos”.

No obstante, el tribunal de Nagoya, que falló a raíz de una demanda interpuesta por dos hombres que mantienen una relación, rechazó la petición de la pareja de que el Estado les pagara a cada uno 1 millón de yenes (unos 120 mil pesos) en concepto de indemnización por negarles el derecho a contraer matrimonio.

“Esta sentencia nos ha rescatado del dolor que nos causó la sentencia del año pasado que dictaminó que no había nada malo con la prohibición, y del dolor que nos causa lo que el gobierno sigue diciendo”, comentó la abogada de la pareja, Yoko Mizushima, a los periodistas y simpatizantes afuera del tribunal.

Mizushima se refería a una sentencia dictada el año pasado en Osaka, según la cual la prohibición no era inconstitucional.

Posteriormente, un tribunal de Tokio llegó a una conclusión similar, pero indicó que la falta de protección legal para las familias homosexuales violaba sus derechos humanos.

Aunque los tribunales no pueden obligar al gobierno a tomar medidas, se espera que la última sentencia reavive el debate sobre las uniones entre personas del mismo sexo, menos de quince días después de que el gobierno presentara un proyecto de ley sobre los derechos del colectivo LGBTQ+ diseñado para evitar las críticas antes de la cumbre de líderes del G7 en Hiroshima.

El gobierno había prometido promulgar una ley para fomentar la “comprensión” hacia las personas LGBTQ+ antes de la reunión del G7, sin embargo, la oposición de los conservadores del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) lo obligó a presentar un proyecto de ley moderado un día antes del comienzo de la cumbre.

En un principio, el proyecto de ley indicaba que “la discriminación es inaceptable”, pero ahora señala que no se debería tolerar la “discriminación injusta”, una redacción que, según dicen los activistas, restó sentido a la legislación.

Aunque los conservadores del PLD que defienden los “valores familiares” se oponen a la abolición de la prohibición de las uniones homosexuales, las encuestas de opinión revelan un apoyo público al matrimonio entre personas del mismo sexo de hasta el 70%.

Más de 300 municipios de Japón permiten que las parejas del mismo sexo firmen acuerdos de asociación civil –lo que supone alrededor del 65% de la población–, aunque sus derechos son limitados.

Las parejas del mismo sexo no pueden heredar los bienes de su pareja –como la casa que pudieran haber compartido– y no tienen derechos parentales sobre los hijos que puedan tener sus parejas. Con frecuencia, las visitas al hospital solo son posibles a discreción del personal médico.

El primer ministro, Fumio Kishida, suscitó el enojo al afirmar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Japón “no era discriminatoria” y que su legalización “cambiaría radicalmente la sociedad” y cuestionaría los llamados valores familiares tradicionales.

En febrero, despidió a un alto cargo que dijo que “no querría vivir al lado” de una pareja LGBTQ+ y que “no quería ni verlos”.

Agencias contribuyeron con información.