Trump pide que el juicio por documentos clasificados sea tras las elecciones de 2024

Donald Trump pidió a la jueza federal que supervisa el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago que posponga indefinidamente la determinación de una fecha para el juicio en el documento judicial presentado el lunes ante el tribunal y sugirió, como mínimo, que cualquier juicio programado no se debería llevar a cabo hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.

Los documentos que presentaron los abogados de Trump en respuesta a la moción del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que el juicio se lleve a cabo este mes de diciembre evidenciaron que el objetivo del expresidente de retrasar el proceso es la estrategia principal, ya que se podría desestimar el caso si Trump gana las elecciones.

Los abogados de Trump básicamente argumentaron en el documento judicial de 12 páginas a la jueza estadounidense de distrito Aileen Cannon en Florida que no debería molestarse en fijar una fecha provisional para el juicio hasta que terminaran las principales mociones previas al juicio porque no podían saber cuánto tiempo podría durar el proceso de descubrimiento.

“El tribunal debería, respetuosamente, antes de fijar una fecha para el juicio, conceder tiempo para que se aclaren en mayor medida la plena naturaleza y el alcance de las mociones que se presentarán”, indicó el documento.

Trump fue acusado de retención de información de defensa nacional, que incluye secretos nucleares de Estados Unidos y los planes de represalia de Estados Unidos en caso de ataque, lo cual significa que su caso será juzgado conforme a las normas establecidas en la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, o CIPA (por sus siglas en inglés).

La CIPA proporciona un mecanismo al gobierno para imputar casos relacionados con documentos clasificados sin arriesgarse a que surja el problema del “graymail“, situación en la que la defensa amenaza con revelar información clasificada en el juicio, pero los trámites que se deben seguir implican que se demore más el mismo.

El proceso incluye que el gobierno entregue a la defensa toda la información clasificada que quiere utilizar en la fase de descubrimiento, como en cualquier otro caso penal, además de la fase de descubrimiento no clasificado que se lleva a cabo en un proceso separado.

Los abogados de Trump argumentaron que el volumen del descubrimiento –el gobierno está facilitando el material por lotes debido a que hay muchas pruebas y no ha terminado de procesar todo lo que se obtuvo mediante las órdenes de registro– significaba que no podían saber cuánto tiempo duraría el proceso.

“Desde un punto de vista práctico, el volumen del descubrimiento y la logística de la CIPA por sí mismos evidencian que la fecha solicitada por el gobierno no es realista”, escribieron los abogados de Trump.

En el documento también se reclamó que la fecha del juicio propuesta por el Departamento de Justicia para diciembre no reflejaba los precedentes, como en el caso de la exanalista de la NSA, Reality Winner, que fue acusada de retener información de defensa nacional en junio de 2017 y no fue a juicio hasta octubre de 2018.

Al argumentar en contra de la fecha del juicio prevista para diciembre, los abogados de Trump sugirieron que habría problemas para seleccionar un jurado antes de las elecciones de 2024, en las que Trump es el favorito para la nominación republicana, por lo que el juicio debería posponerse hasta después de que estas terminaran.

La respuesta de los abogados de Trump no abordó la razón por la que la jueza, en lugar de proceder sin calendario alguno, no podría al menos establecer un calendario provisional que fijara a grandes rasgos la forma en que debería desarrollarse el proceso previo al juicio para los materiales clasificados y no clasificados, como es habitual.

Aunque requiere mucho tiempo, la CIPA es, en cierto modo, sencilla, y el estatuto establece que el juez debería fijar los plazos de la fase de descubrimiento clasificado al principio del proceso, en una “audiencia de la Sección 2”, que todas las partes acordaron el lunes que se podría llevar a cabo el 18 de julio.