Reforma judicial en Israel: ¿qué se votó y qué ocurrirá después?

El gobierno de extrema derecha y ultrarreligioso de Israel finalmente logró aprobar una parte de sus amplios cambios en el poder judicial.

Ahora se avecinan demandas judiciales, una huelga general y la posibilidad de que más de 10 mil reservistas militares se nieguen a incorporarse al servicio, mientras la mayor crisis interna de Israel inicia un nuevo capítulo.

¿Qué acaba de ocurrir?

Después de siete meses de debate, el gobierno logró el lunes eliminar la cláusula de “razonabilidad” que permite que el Tribunal Supremo no electo de Israel anule las decisiones del gobierno, tras una votación final de 64 votos a favor y 0 en contra. Todos los miembros de la coalición votaron a favor, mientras que los legisladores de la oposición se retiraron del pleno de la Knesset en señal de protesta.

A principios de año, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, parecía estar más dispuesto a llegar a un acuerdo con la oposición y moderar las propuestas judiciales, aunque se creía que era rehén de las exigencias de sus socios de coalición de extrema derecha, quienes podían derrocar el gobierno en caso de que no se cumplieran sus demandas.

En las últimas semanas, no obstante, el primer ministro adoptó un tono más estridente, prometiendo que la reforma judicial seguiría adelante y que “salvaguardaría, en lugar de poner en peligro”, la democracia. Como excapitán de las fuerzas especiales, parece sentirse especialmente molesto por lo que considera insubordinación en el ejército.

Israel ahora se enfrenta a una crisis constitucional sin precedentes en la que el Tribunal Supremo podría anular la legislación diseñada para limitar sus poderes, y el gobierno podría decidir no acatarla. Entre los demás acontecimientos que se prevén figuran la intensificación de las protestas en las calles y las huelgas, así como la negativa de más de 10 mil reservistas militares de incorporarse al servicio.

¿Qué más propone el gobierno?

Entre las propuestas de gran alcance del gobierno de Netanyahu figuran los planes de permitir que una mayoría simple de 61 en la Knesset de 120 escaños anule casi todas las sentencias del Tribunal Supremo y que los políticos puedan elegir a la mayoría de los jueces.

El primer ministro no encabeza los cambios, sino su colega del Partido Likud, Yariv Levin, ministro de Justicia, y el legislador del Partido Sionista Religioso, Simcha Rothman, que preside el Comité de Derecho y Justicia de la Knesset. Técnicamente, estas medidas podrían ayudar a Netanyahu a eludir la acusación en su juicio por corrupción. Él niega todos los cargos.

Levin y Rothman odian desde hace mucho tiempo al Tribunal Supremo de Israel, al que consideran demasiado poderoso y parcial contra el movimiento de colonos, la comunidad ultrarreligiosa de Israel y la población mizrajim, judíos de origen de Medio Oriente. En particular, muchos miembros de la derecha israelí nunca perdonaron al tribunal por las decisiones que tomó en relación con la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza en 2005.

¿Por qué ocurre esto ahora?

El juicio de Netanyahu provocó cuatro años de crisis política en los que Israel estuvo dividido respecto a si era apto para liderar el país. Después de cinco procesos electorales desde 2019, en los que los políticos de ambos bandos no lograron formar gobiernos estables, un bloque de partidos extremistas y religiosos liderado por el Partido Likud de Netanyahu obtuvo una amplia mayoría en las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre, y pasó a formar el gobierno más derechista de la historia de Israel.

La anexión total de Cisjordania ocupada, la derogación de la legislación a favor de la comunidad LGBTQ+, la eliminación de las leyes que protegen los derechos de las mujeres y las minorías, y la flexibilización de las normas de intervención de la policía y los soldados israelíes figuran en la agenda de la coalición.

¿Qué opinan los críticos de las medidas?

El temor a que las propuestas se traduzcan en la erosión de las normas democráticas y el Estado de derecho desencadenó el mayor movimiento de protesta de la historia de Israel, con manifestaciones semanales en Tel Aviv y muchas más afuera de la Knesset en Jerusalén. Desde enero se han organizado varios “días de interrupción”, en los que los manifestantes bloquean autopistas y el aeropuerto de Tel Aviv.

Con el paso de los meses, las protestas se han vuelto más violentas y se ha detenido a cientos de personas. El movimiento carece en gran medida de líderes, no obstante, los miembros del ejército han ejercido una presión significativa, ya que temen que la reforma judicial haga que los israelíes sean más vulnerables a ser procesados en tribunales internacionales por crímenes de guerra.

El sector tecnológico también se ha manifestado, alegando temores respecto a la inversión extranjera y el sector de las startups.

El presidente estadounidense, Joe Biden, que se describió en repetidas ocasiones como un “verdadero amigo de Israel”, se ha mostrado públicamente crítico respecto a los planes, e instó a su homólogo israelí a buscar un amplio consenso para unos cambios tan trascendentales.

¿Qué pasará después?

En junio fracasaron los meses de negociaciones de compromiso mediadas por el presidente, Isaac Herzog, y los últimos esfuerzos antes de la votación del lunes terminaron estancados.

Ahora que se eliminó la cláusula de “razonabilidad”, se espera que la coalición actúe de inmediato para restituir como ministro del Interior al desprestigiado Aryeh Deri, a quien el Tribunal Supremo prohibió ocupar un cargo en el gabinete, así como para introducir una legislación que exima de forma permanente a los hombres ultraortodoxos del servicio militar, e introducir proyectos de ley que amplíen los asentamientos israelíes y el control de la Cisjordania ocupada.

El actual periodo de sesiones de la Knesset expira a finales de julio, y el parlamento se reunirá de nuevo en octubre, después de las Altas Fiestas judías.