Introducen naloxona a escondidas en la frontera, mientras México lucha contra muertes por opiáceos
José González recibe agujas nuevas en una casa de seguridad de la Zona Norte de Tijuana. Foto: The Washington Post/Getty Images

Cada día, personas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos con drogas, pero no todas van hacia el norte. Algunos van en dirección contraria con un cargamento oculto de naloxona, un medicamento que puede salvar vidas y revertir una sobredosis de opiáceos, pero que está tan restringido que es prácticamente inaccesible en México.

Este contrabando humanitario es necesario porque las ciudades fronterizas de México tienen sus propios problemas con el consumo de opioides, problemas que, según activistas e investigadores, se están volviendo más letales debido a la política gubernamental.

“México se ha visto a sí mismo durante mucho tiempo como un país de producción y tránsito, pero no como un lugar de consumo”, dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora de la Universidad de California en San Diego. “Y gran parte de la conversación sigue girando en torno a que eso es un problema de Estados Unidos, no de México”.

No hay estimaciones precisas sobre el número de consumidores de opioides en México. Una encuesta nacional en 2016 sugirió que aproximadamente 23 mil personas habían usado heroína el año anterior, pero es probable que sea una subestimación bruta del número real.

El consumo de opiáceos se concentra en lugares turísticos como Cancún y en ciudades a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y quizás especialmente en Tijuana, el nodo clave en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

El fentanilo, un potente opioide sintético, ha sustituido en gran medida a la heroína, provocando un aumento de las sobredosis y más de 70 mil muertes en Estados Unidos en 2022.

La cifra en Tijuana se desconoce, porque el servicio forense de México no siempre analiza los cadáveres en busca de fentanilo. E incluso cuando lo hace, no cuantifica la cantidad de droga en un cuerpo, lo que significa que la causa de la muerte no puede establecerse como una sobredosis.

Pero Jaime Arredondo, investigador asociado a PrevenCasa, una ONG que ayuda a los consumidores de drogas en Tijuana, calcula que cientos de personas mueren al año por sobredosis de fentanilo en la ciudad.

La situación se ha visto agravada por una política gubernamental que, además de recortar los presupuestos para servicios de reducción de daños como PrevenCasa, también ha creado escasez de medicamentos vitales para los consumidores de opiáceos.

En respuesta a la crisis del fentanilo, las autoridades estadounidenses pusieron a disposición de los consumidores naloxona sin receta. Las máquinas expendedoras de naloxona han proliferado por todo el país.

Pero en México la naloxona sigue estando estrictamente controlada, a pesar de los esfuerzos de algunos senadores del propio partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, que propusieron una ley para liberalizarla.

El presidente, conocido popularmente como AMLO, ha criticado la naloxona, preguntándose si no hacía más que “prolongar la agonía” de los adictos, y cuestionando quién se beneficiaba de su venta.

Olga Sánchez Cordero, una de las senadoras que impulsan la liberalización de la naloxona, admite que hay resistencia por parte de quienes consideran que facilita la adicción. Pero cree que esas preocupaciones son muy superiores a las ventajas: “Lo que está en juego es la vida misma”.

Las restricciones en México se han visto compensadas en parte por las personas que traen pequeñas cantidades de naloxona desde Estados Unidos, a riesgo de ser detenidas y extorsionadas por los agentes fronterizos.

The Guardian habló con varias personas implicadas en esto, todas las cuales pidieron permanecer en el anonimato. Describieron lo absurdo de entregar naloxona de contrabando a policías, bomberos y personal de emergencias mexicanos, ninguno de los cuales puede acceder fácilmente a ella por sí mismos.

“No me cabe duda de que la mayor parte de la naloxona que se utiliza en Tijuana procede de Estados Unidos”, afirmó uno de ellos. “Y también más allá de Tijuana”.

La falta de naloxona en México se ha hecho aún más peligrosa por la escasez constante de metadona, otro opiáceo que se suministra a quienes intentan controlar o abandonar una adicción.

La escasez comenzó después de que el gobierno suspendiera la producción en Psicofarma, la única empresa que fabricaba metadona en México, en febrero de 2023, alegando irregularidades en la planta.

Esto provocó el cierre de la clínica pública de metadona de Tijuana, mientras que las clínicas privadas quebraron.

Según Steffanie Strathdee, una investigadora que estudia las consecuencias, unas mil personas recibían tratamiento en estas clínicas. Muchos recayeron y fueron a comprar lo que pudieron en la calle. Hoy, eso es fentanilo, algo mucho más fuerte que todo lo anterior.

Andrea, una mujer de 40 años que habló bajo condición de anonimato, dijo que empezó a tomar metadona cuando consiguió su primer empleo formal.

“Nunca pensé que sería capaz de mantener un trabajo”, dijo Andrea. “Tener una vida como la gente normal”.

Solía ir a la clínica todas las mañanas y pagar unos pocos dólares por una dosis oral que mantenía a raya los síntomas del síndrome de abstinencia.

Un día, sin previo aviso, la clínica no tenía. Así que volvió a comprar en la calle. Su novio se la inyecta en los pies, para que nadie en el trabajo vea las marcas.

No está claro qué ocurrió con los muchos otros que se quedaron sin tratamiento.

“No había plan B: simplemente cortaron el suministro”, dice Alfonso Chávez, coordinador de PrevenCasa en Tijuana. “Hemos visto llegar a (PrevenCasa) a personas que llevaban 15 años con metadona”.

La suspensión de Psicofarma se levantó en agosto, pero sigue habiendo escasez de metadona en Tijuana. Psicofarma no respondió a preguntas escritas.

La falta de naloxona y metadona es emblemática del alejamiento del gobierno de un enfoque de salud pública hacia el consumo de drogas, y de una renovada criminalización.

Los fondos públicos para la salud y la reducción de daños se han estancado o reducido, dejando a PrevenCasa como la única organización de este tipo en Tijuana. Mientras tanto, las campañas mediáticas estigmatizan el consumo de drogas y los soldados llenan las calles de la ciudad.

“Yo voté (por López Obrador). Su discurso sobre las drogas era completamente diferente entonces”, dijo Alfonso Chávez, coordinador de PrevenCasa en Tijuana. “En cambio, hemos retrocedido 15 años”.

Pero con las elecciones nacionales de junio de 2024, existe la posibilidad de un cambio en la política.

Parece probable que Morena retenga la presidencia a través de Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México que se presenta como candidata de la continuidad. Sin embargo, hay voces divergentes dentro del partido respecto a la política de drogas, voces que podrían imponerse una vez que López Obrador deje el poder.

Una de esas voces es la de la senadora Sánchez Cordero, quien insiste en que aún quiere ver avances en las leyes para regular la marihuana y liberalizar la naloxona, que se estancaron durante el actual gobierno.

“Creo que tenemos que apostar por la prevención y rehabilitación, no por la aplicación de la ley”, dijo Sánchez. “Por una sociedad que pueda construir paz y armonía, no amenaza y represión”.

Tradudrogascción: Ligia M. Oliver

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