Se intensifica represión en Venezuela antes de las elecciones, según grupos de derechos humanos

Grupos de derechos humanos temen a la represión, y que el gobierno de Maduro intente cerrar el escrutinio, tras la detención de una abogada y el cierre de la oficina de derechos humanos de la ONU en Venezuela.

Grupos de derechos humanos piden al gobierno venezolano que ponga fin a la represión a la sociedad civil tras encarcelar a una destacada abogada y expulsar de Caracas a una oficina de derechos humanos de la ONU por criticar su detención.

La detención de Rocío San Miguel, abogada de 57 años y experta en temas militares, ha conmocionado a los observadores, que afirman que Venezuela está entrando en una fase más oscura de opresión estatal destinada a aplastar a la oposición al gobierno en vísperas de las elecciones previstas para finales de este año.

Cuando la oficina de derechos humanos de la ONU criticó la detención de San Miguel, el gobierno ordenó a su personal que abandonara el país en un plazo de 72 horas.

“La expulsión del alto comisionado de la ONU y de su oficina es el último intento del gobierno de aislarse del escrutinio internacional sobre su historial de derechos humanos”, ha manifestado Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional para América del Sur. “La comunidad internacional no debe renunciar a centrar la atención en este asunto”.

San Miguel fue detenida en un aeropuerto de las afueras de Caracas el 9 de febrero cuando se disponía a volar a Miami de vacaciones con su hija.

Su familia no recibió información sobre su paradero durante dos días, hasta que se les comunicó que había sido juzgada por conspirar presuntamente para asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Cinco miembros de su familia, entre ellos dos exparejas, también fueron detenidos por la policía.

La familia de San Miguel afirma que no se le ha permitido asignarle un abogado que la defienda de las acusaciones.

“Limitar el derecho a la defensa jurídica ya era una práctica habitual en Venezuela”, afirma Gonzalo Himiob, abogado y miembro fundador de Foro Penal, una ONG que hace un seguimiento de los presos políticos. “Ahora existe esta nueva práctica de aislar completamente a los detenidos de sus familiares y abogados para impedir cualquier defensa”.

El gobierno venezolano ha utilizado a menudo las instituciones del Estado, en particular los tribunales y los organismos de inteligencia, para silenciar a los críticos desde que se aceleró el colapso económico del país en 2014.

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Maduro y otros altos cargos venezolanos han sido acusados por el consejo de derechos humanos de la ONU de cometer crímenes contra la humanidad, como torturas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

Con las elecciones en el horizonte, el gobierno ha comenzado a utilizar una estrategia más alarmante para estrangular el espacio cívico, afirman los grupos de derechos humanos.

Según los informes, además de utilizar acusaciones falsas de terrorismo para encarcelar a los críticos, el Estado también está acorralando a sus amigos y familiares.

En un caso, una mujer fue torturada y condenada a 30 años de prisión simplemente por compartir un taxi con alguien acusado de conspirar contra el gobierno.

“Puede que la represión se haya vuelto más selectiva, pero también es cada vez más severa”, afirmó Himiob.

Las acusaciones de conspiración iban acompañadas de una campaña “intensa y sistemática” en los medios de comunicación estatales, según Himiob.

La detención de San Miguel tomó por sorpresa a los expertos. Su alto perfil, su nacionalidad española y sus conexiones internacionales se consideraban suficientes para protegerla del gobierno autocrático de Maduro.

San Miguel también es vista como una voz política moderada y es mejor conocida por su investigación que expone la corrupción en el ejército venezolano.

“Nadie creerá que Rocío esté involucrada en este complot golpista que se ve bastante loco”, dijo Phil Gunson, analista de International Crisis Group. “Claramente esto pretende enviar un mensaje a la sociedad civil de que nadie está a salvo de estas detenciones arbitrarias”.

Los analistas dicen que Maduro está intensificando su ataque a la sociedad civil para asegurar la victoria en las elecciones “libres y justas” prometidas a la oposición a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Tres ayudantes de la líder opositora María Corina Machado fueron detenidos en enero acusados de traición, mientras que el Tribunal Supremo, afín al gobierno, confirmó la prohibición de la candidatura de Machado.

Se espera que el Congreso venezolano apruebe en breve una ley de regulación de los grupos de la sociedad civil que, según los investigadores de la ONU, supondría “un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.

“El gobierno está intentando acabar con la última resistencia en pie”, afirmó Ballesta.

Los grupos de derechos humanos están pidiendo a los gobiernos que critiquen la detención de San Miguel y la expulsión de la oficina de derechos humanos de la ONU.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró a la prensa la semana pasada que Estados Unidos estaba “profundamente preocupado” por la detención de San Miguel.

Traducción: Ligia M. Oliver

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