Temor de epidemia al enfermar el 80% de una tribu indígena amazónica

El escenario de la tribu indígena amazónica podría agravarse en el valle del Yavarí una región devastada por la violencia y la mala atención sanitaria.

Más de 100 indígenas de una tribu amazónica del valle brasileño del Yavarí han sido diagnosticados con síntomas gripales, lo que hace temer que la situación se convierta en una epidemia.

El valle, donde en 2022 fueron asesinados el defensor indígena Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips, alberga la mayor población de indígenas en aislamiento voluntario y de contacto reciente de todo el mundo. El pueblo korubo fue contactado por primera vez por funcionarios del gobierno en 1996, y sigue viviendo con escasa interacción con otros grupos indígenas y con las autoridades locales.

“La vulnerabilidad de esta comunidad es extremadamente alta; cualquier infección puede convertirse rápidamente en una epidemia”, afirma Manoel Chorimpa, líder local y asesor de OPI, organización dedicada a proteger a los grupos indígenas en aislamiento voluntario y a los expuestos recientemente a la urbanización.

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El personal de salud que trabaja en el territorio afirma que de las 101 personas de la comunidad korubo diagnosticadas con síntomas, 22 casos habían evolucionado a neumonía, de los cuales 15 eran menores de nueve años.

La comunidad está formada por sólo 121 personas, lo que significa que la gran mayoría se ha infectado. En 2022, la pandemia de Covid-19 también afectó a la mayoría de sus habitantes.

Para hacer frente a la dificultad de prestar asistencia sanitaria a estas comunidades, Pereira había propuesto un barco de asistencia, que se hizo realidad un año después de su muerte. Actualmente gestionada por el Ministerio de Salud, la unidad estaba destinada a cruzar el río Ituí, prestando asistencia sanitaria a las aldeas remotas de Korubo. Sin embargo, se ha instalado a orillas del río Ituí, lo que obliga a los pacientes a desplazarse hasta allí.

“Esto ya ha desvirtuado el propósito del barco”, afirma Luisa Suriani, otra asesora de la OPI. “Cuando alguien está enfermo y se dirige hacia allá, toda la familia lo acompaña, acampando en la orilla del río, lo que facilita la propagación de enfermedades”.

Uno o dos médicos trabajan en equipo de siete personas, que incluye una enfermera, un cocinero y un conductor de barco, pero hay una gran rotación de personal. “Cuando hablamos con los funcionarios de salud, nadie quería quedarse debido a sus malas condiciones de trabajo”, afirma Suriani.

Según los asesores de la OPI y un funcionario de salud, que pidió el anonimato debido a su cargo, el barco es demasiado pequeño para el equipo, que también tiene que lidiar con un calor insoportable, goteras en el techo cuando llueve y el fuerte ruido del generador alimentado con petróleo. También se han enfrentado a la escasez de suministros médicos.

Los videos que grabó un profesional local con su teléfono celular en marzo mostraban a pacientes que buscaban refugio de la torrencial lluvia bajo tiendas de plástico cerca del barco de asistencia.

“No hay un refugio decente para ellos”, dijo el trabajador sanitario. “Hubo un triaje de pacientes en estado crítico que necesitaban permanecer en el campamento. Muchos no pudieron ser atendidos adecuadamente debido a los limitados recursos y a las malas condiciones.”

Además de lidiar con los brotes de gripe, el pueblo del Yavarí ha tenido que lidiar con altas tasas de malaria y diarrea, agravadas por el hecho de que menos de una quinta parte de las aldeas tienen acceso a servicios de saneamiento. Entre 2018 y 2022, 134 personas murieron, el 34% de las cuales eran menores de un año, dijo el Ministerio de Salud.

El ministerio dijo a The Guardian que aún no se habían registrado muertes en el reciente brote, y que varios pacientes ya habían sido dados de alta en sus aldeas.

Las invasiones de mineros ilegales, madereros, pescadores, cazadores y bandas de narcotraficantes han tenido graves efectos en la salud y la calidad de vida de los indígenas que viven en la Amazonia. La situación empeoró bajo la administración del anterior presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que frenó la aplicación de la ley y recortó drásticamente los presupuestos medioambientales, lo que provocó un aumento en la deforestación y la actividad ilegal en la región.

Las esperanzas de una postura más activa hacia la protección de la Amazonia y sus pueblos nativos se reavivaron cuando el nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, asumió el poder en enero de 2023. Su administración ha creado el primer ministerio de pueblos indígenas.

Sin embargo, la realidad ha sido otra. “Da la sensación de que nada ha cambiado realmente en el valle del Yavarí desde la muerte de Bruno y Dom, a pesar de la atención mundial que ha recibido”, afirmó el defensor indígena Eliésio Marubo.

Afirma que, aparte de las esporádicas operaciones gubernamentales de aplicación de la ley para desmantelar las actividades ilegales, la población de la región ha recibido una ayuda mínima.

El propio Marubo vive atemorizado por los grupos delictivos que actúan en la zona y siempre utiliza un chaleco antibalas y un coche blindado. “No quiero creer que esto sea normal”, declaró a los congresistas brasileños el año pasado.

Un grupo de trabajo formado por funcionarios de gobierno y líderes ecologistas está preparando un plan de protección para el valle del Yavarí. El documento preliminar, obtenido por The Guardian, subraya la persistencia de la minería ilegal y la deforestación dentro y alrededor del área protegida.

La deforestación en el valle del Yavarí aumentó en más de un 30% hasta alcanzar las 99 hectáreas en 2023 en comparación con el año anterior, según Mapbiomas, una plataforma que supervisa los cambios en la tierra en Brasil.

Incluso con las presiones de la expansión agrícola y la urbanización, las tierras indígenas persisten como islas verdes en la Amazonia, y menos del 3% de la deforestación del bioma se produce dentro de estas áreas protegidas.

La preocupación más apremiante en el valle del Yavarí surge de la “invasión significativa” de pescadores y cazadores en zonas habitadas por comunidades indígenas aisladas, según el documento. Estos grupos han sido relacionados con el asesinato de Pereira y Phillips, y cinco individuos acusados del crimen están en prisión.

Varios reportajes brasileños han puesto de relieve la continua presencia de invasores en la región, ya que los indígenas tienen que navegar por las mismas rutas fluviales que los grupos delictivos para acceder a una atención médica limitada. 

Traducción: Ligia M. Oliver

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