El problema de corrupción en el muro que Trump le ‘heredó’ a Joe Biden
Obreros trabajan para reemplazar el muro metálico colocado en la administración del expresidente Barack Obama por uno más alto ordenado por el presidente Donald Trump, hoy, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). Obreros y maquinaria trabajan para reemplazar el muro metálico en la zona de Anapra, en la fronteriza Ciudad Juárez, por uno más alto ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump antes de que termine su mandato. Foto: Luis Torres/EFE.

El proyecto del muro fronterizo del expresidente Donald Trump presenta un dudoso récord como imán del crimen organizado en los sitios de construcción, y deja a la Administración entrante de Joe Biden con un caos financiero, legal y burocrático que podría tardar años en depurarse.

El muro que el expresidente Trump prometió construir en la frontera entre México y Estados Unidos ha dado pie, en algunos casos, a ilícitos cometidos por el personal de seguridad fronterizo, así como también por las constructoras en el afán de dejar la obra terminada.

En uno de los ejemplos más escandalosos, el año pasado los contratistas bloquearon las cámaras y construyeron un camino ilegal para facilitar el paso de cuadrillas de seguridad armadas mexicanas, a las que se encargó la protección de los lugares en construcción. Ninguno de los integrantes del personal de seguridad fue investigado antes de comenzar el trabajo, lo que creó riesgos para la seguridad nacional.

Los contratistas también cobraron sobreprecios por el proyecto, según alega la denuncia.

A comienzos de ese año, un agente de la Patrulla Fronteriza que trabajaba en una estación de Tucson, Arizona, fue sorprendido cuando transportaba 21 kilos de cocaína, además de pequeñas cantidades de heroína y fentanilo.

Este tipo de actividad criminal alrededor de la frontera no es del todo nuevo. El exjefe de asuntos internos del organismo estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras James Tomsheck, quien sirvió en ese cargo entre 2006 y 2014, había manifestado su preocupación por el número de agentes fronterizos que traficaban narcóticos, muchas veces en coordinación con los carteles mexicanos.

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En 2020, Tomsheck declaró a The Intercept que “La Patrulla Fronteriza trae a ese cargo una fuerte identidad paramilitar, que los lleva a pensar que no están sujetos a las mismas limitaciones constitucionales que los demás organismos de orden público”.

Actualmente, el índice de detenciones de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos es unas cinco veces mayor que en cualquier otro organismo de orden público de ese país, según reportes internos. En 2019, esa cifra alcanzó un récord de 286, el más alto de los últimos cinco años.

Análisis de InSight Crime

La iniciativa del muro del expresidente Trump parece haber fomentado el crimen organizado en la frontera. El trabajo de construcción a marchas forzadas y la veeduría del proceso de contratación de funcionarios y contratistas atrajo casos notables de actividad ilícita, cuya depuración demandará un tiempo al presidente Biden.

En una de sus primeras órdenes ejecutivas, Biden detuvo la construcción del muro. El fin de toda la construcción podría ahorrarle al gobierno estadounidense 2,600 millones, según el Washington Post. Biden puede intentar redirigir esos fondos a otros lugares y entablar un arbitraje con las empresas contratadas. Pero va a tomar algún tiempo, y todavía se desconocen los costos de detener el trabajo y si tiene la autoridad para cancelar la finalización de los tramos del muro ya financiados por el Congreso. Mientras esto no se aclare, la corrupción y la delincuencia organizada podrían seguir beneficiándose de la situación incierta del muro fronterizo.

Biden también ha indicado que su administración alejará la política estadounidense de estrategias polarizantes como la expansión y militarización de la patrulla fronteriza, y en lugar de eso se centrará en reunir las familias y crear vías para legalizar su situación.

Esa estrategia lenta y mesurada parece ser la decisión correcta. Varios expertos sostienen que el repentino incremento de los contratos en la frontera, que la administración Trump solo logró imponer mediante una orden ejecutiva en 2017, tuvo algunos efectos negativos, como la aceleración de los protocolos de investigación, necesarios para evitar la incompetencia y la susceptibilidad a la corrupción en las partes.

Si Biden recorta los números de agentes de la Patrulla Fronteriza y refuerza esos protocolos de investigación, además de detener la construcción del muro, el número de casos de corrupción y crimen organizado en la frontera deberá empezar a bajar.

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