Violencia física, psicológica o sexual: El crimen organizado agrede a 9 mujeres cada día desde 2007

La violencia generada por el crimen organizado ha trastocado la vida de miles de mujeres en los últimos 15 años. Ellas han quedado en medio de un conflicto armado que sostienen las bandas delictivas para controlar territorios y operar sus negocios ilegales. 

Las autoridades estatales han identificado que prácticamente en todas las entidades del país el crimen organizado ejerció violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial contra las mujeres, quienes, según expertas en temas de género, son obligadas a participar en grupos delincuenciales o lo hacen por sus bajas condiciones socioeconómicas; son víctimas de ilícitos como la trata de personas, o son agredidas simplemente por ser familiares de personas involucradas en negocios ilegales.

“Estas mujeres tienden a ser criminalizadas porque la gente piensa que están dentro del crimen organizado porque quieren, pero no conocen su situación de desigualdad y necesidades. Hay mujeres que son asesinadas por el grupo al que pertenecen, siempre están en los eslabones más bajos, y hay otras que ni siquiera están involucradas, pero son secuestradas y asesinadas por grupos criminales para aterrorizar y mandar mensajes a sus enemigos”, dice María Salguero, activista y creadora del mapa de los feminicidios del país.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), creado por la Secretaría de Gobernación, ha tratado de medir este problema. Sus cifras revelan que, entre 2007 y 2021, 47,446 mujeres han sido violentadas de alguna manera por grupos delictivos. En promedio, nueve víctimas de violencia cada día.

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El 43% de estas agresiones fueron psicológicas, el 25% físicas, el 15% económicas, el 8% sexuales y el 7% patrimoniales, entre otras, de acuerdo con el banco. El Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Chihuahua y Morelos son las entidades donde más ataques contra mujeres se han reportado.

Funcionarios públicos han reconocido el problema. David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo en un evento de agosto del 2020 que entre el 50 y 60% de los homicidios dolosos de mujeres podrían estar relacionados con el crimen organizado.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, son otras funcionarias públicas que han hablado sobre este tema en varios foros de discusión.

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“Objetos del rival”

En el trasfondo de las agresiones cometidas por las bandas delictivas hay un asunto de violencia de género, coinciden especialistas. Explican que esos grupos están liderados prioritariamente por hombres, quienes ven a las mujeres como “objetos de posesión”.

“En el mundo del crimen organizado la mujer es vista como un objeto de posesión del rival”, afirma María Salguero, quien agrega que si un delincuente quiere dañar a su contrario lo hace a través de su mamá, hermana, pareja u otra familiar.

Las palabras de Salguero se materializan en algunas mantas y videomensajes presuntamente difundidas por grupos delictivos que amagan con afectar a mujeres que, de una u otra forma, están cerca de un círculo delictivo, sin la necesidad de que participen en estos.

En marzo de 2020, un grupo armado publicó un video en Facebook donde amenazaba con atacar a niños, niñas y mujeres si una persona no se entregaba. Medios de comunicación del estado de Michoacán atribuyeron el mensaje a Los Viagras y el destinatario sería un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“Conozco a toda tu puta familia, también me voy a pasar de verga, niños, niñas y mujeres, de todo me voy a llevar y en la Plaza de Cotija te los voy a dejar desbaratados si no te entregas”, exclama un hombre frente a la cámara y con un fusil en sus manos.

Otra amenaza parecida se registró en Guanajuato. En internet circula un mensaje presuntamente del CJNG dirigido al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL): “Venimos a hacer limpia a Celaya. Vamos por todas las lacras incluyendo a todas las viejas que anden con el mugroso del Marro (antiguo líder del CSRL)”.

A nivel internacional, el Protocolo Latinoamericano de Investigación del Feminicidio detecta el problema. El documento asevera que, en un contexto de conflicto armado, los feminicidios se basan en la visión de una mujer como objeto de posesión y sexual.

“No obstante, en estos contextos se produce una tercera motivación femicida que es producto de la fusión de los dos polos anteriores para dar lugar a la idea de ‘mujer como objeto de posesión contraria’, es decir, la mujer como una posesión del contrario o ‘enemigo’ que hay que atacar de múltiples formas para dañarlo o vencerlo”, dice el protocolo.

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Falta de protección

Ana María Gutiérrez González es directora de un refugio de mujeres víctimas en el estado de Morelos, el décimo en el que el Banavim ha detectado más agresiones del crimen contra las mujeres. Considera que este sector de la población ha sido olvidado.

En sus 10 años de experiencia, Gutiérrez González ha atendido cuatro casos de este tipo, pero sin éxito. La especialista reconoce que a pesar de que su refugio tiene un paradero desconocido a fin de proteger a las mujeres, las jóvenes que llegaron al lugar huyendo de una banda delictiva y no estuvieron ahí ni siquiera tres meses.

¿El motivo? Las víctimas tenían miedo de que los criminales corrompieran a la policía para conseguir su ubicación. Por eso prefirieron abandonar el refugio e irse a otro estado.

“Los casos que han llegado con nosotras es porque la fiscalía no tiene un lugar a donde enviarlas, cuando en realidad la policía debería tener un espacio seguro para ellas con vigilancia e incluso paredes blindadas. Nosotras no somos ese espacio, no tenemos esos niveles de seguridad”, lamenta.

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A pesar de que esta violencia contra las mujeres es un problema extendido en todo el país, poco se ha trabajado para resolverlo. La opinión de las expertas es que la mayor parte de las políticas públicas están enfocadas en las agresiones ocurridas en el hogar, y se han dejado de lado otras problemáticas de inseguridad.

A esto se debe sumar la revictimización que las mujeres sufren cuando, por fin de vencer el miedo a sus agresores, quieren denunciar. 

“Si hay un feminicidio y las autoridades ven que puede estar relacionado con el crimen organizado, le dan un carpetazo –critica la defensora morelense–. Pareciera que las autoridades justifican que por estar ligada al crimen mataron a una mujer. También hay servidores que preguntan: ¿Por qué se enamoró de ese delincuente? ¿Por qué estaba con ellos?”.

Contrario a la visión de las autoridades, Equis Justicia para las Mujeres ha analizado los motivos por los cuales las mujeres se integran a las bandas delictivas. Hace dos años, en su campaña #LiberarlasEsJusticia, la organización aseguró que se ven orilladas a participar en estos grupos por la falta de oportunidades de empleo, por su vulnerabilidad social o porque es un negocio familiar al que las obligan a entrar.