Simulación y falta de preparación: Los riesgos en candidaturas LGBTI+, afro y de personas con discapacidad

Era 2016 cuando Catalina Díaz Vilchis ganó su segunda medalla paralímpica de bronce en levantamiento de potencia en Río de Janeiro, justamente ocho años después de su primer metal en Atenas 2004. A cinco años de distancia, la atleta mexicana ya no piensa en la fuerza física sino en el desafío que está por venir: elaborar las leyes para aumentar la inclusión y visibilidad de las 6.1 millones de personas en México que, como ella, tienen alguna discapacidad.

El próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia del país y entre los aspirantes a una diputación federal contenderán 327 personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados: afromexicanas, con alguna discapacidad y de la comunidad LGBT+.

La postulación obligatoria para los partidos políticos de estas personas se dio por instrucción del Instituto Nacional Electoral (INE). Debieron inscribir por lo menos 15 fórmulas de candidatos con estos perfiles: 11 para que fueran votados en cualquiera de los 300 distritos electorales y cuatro más elegidos por la vía plurinominal.

De forma particular, los partidos políticos debían postular por lo menos seis fórmulas de personas con discapacidad, tres de afromexicanas y dos de la comunidad LGBT+ para ser sometidas al voto popular. Mientras que por la vía plurinominal los institutos tuvieron que postular por lo menos dos fórmulas.

Activistas consultados por La-Lista consideran que estas candidaturas son un avance en la garantía de sus derechos, pero también señalan que se corre el riesgo de que terminen siendo una simulación y los aspirantes no puedan ejecutar sus agendas. La falta de capacitación política de algunos candidatos, el poco compromiso de los partidos hacia estos sectores y la selección de candidatos solo para cumplir la instrucción del INE son algunas situaciones identificadas por los activistas que podrían afectar las candidaturas.

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“El hecho de que pueda haber representantes de nuestras causas y que sean considerados por los partidos tiene una gran implicación, pero si bien nos están dando estas candidaturas, ya en la práctica vemos que muchos partidos no son del todo sensibles al tema o solo lo hacen por llenar una cuota”, critica Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex).

Fue el pasado 15 de enero cuando el INE ordenó registrar candidatos a diputados de los sectores históricamente discriminados; sin embargo, para esa fecha los partidos políticos ya habían lanzado las convocatorias para elegir a sus aspirantes al Congreso de cara al 6 de junio. Esto provocó que los institutos políticos revisaran el perfil de sus afiliados y salieran en busca de personas interesadas en representar a las comunidades afromexicanas, personas con discapacidad e integrantes de la comunidad LGBT+.

De estos dos últimos sectores, los partidos políticos recurrieron a la sociedad civil y activistas y políticos con experiencia, como Yolanda de la Torre, quien ya ha estado en el Congreso de la Unión representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También a nivel estatal hay algunos activistas que forman parte de la Coalición Mexicana LGBT+ y ahora participan por un cargo en los congresos, por ejemplo, Mario Rodríguez Platas, candidato a la diputación del Distrito 20 local en Nuevo León; Jazz Bustamante, candidata al congreso local por el Partido de la Revolución Democrática, y Temístocles Villanueva, candidato a diputado local por el distrito 9 local en la Ciudad de México.

‘Solo están cubriendo cuotas’

No ocurre lo mismo con los otros sectores. Quienes forman parte de la población afromexicana lamentan que a menos de un mes de las elecciones no conocen quiénes serán las personas ni cuáles son las propuestas de quienes los van a representar.

“Lo mismo que le pasó a los compañeros y compañeras indígenas, en cuanto a la representación de sus poblaciones, le está pasando a las comunidades afrodescendientes: los partidos políticos solo están cubriendo sus cuotas y, en lo personal, no conocemos a ningún candidato federal, solo candidatos locales”, critica Abel Villanueva Hernández, director de Proyectos Culturales de la organización oaxaqueña México Negro.

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Según la página de internet del INE, donde los partidos políticos subieron información sobre sus candidatos, Movimiento Ciudadano es el instituto que más postulaciones de diputados pertenecientes a estos grupos vulnerables tiene, seguido de Redes Sociales Progresistas y el Partido Encuentro Solidario.

La información que los partidos políticos publicaron en la página del INE no puede ser desglosada por estado o distrito electoral ni por el perfil social de los aspirantes. Saber en dónde están los candidatos que representan a estas comunidades es complica+ado, como también lo es conocer el nombre de cada uno de ellos.

Capacitación, un reto para los aspirantes

Así como personas con una discapacidad han logrado llegar al Congreso de la Unión, desde 1982 se han presentado candidaturas de la comunidad LGBT+. En ese año, Max Mejía y Claudia Hinojosa, declarados gay y lesbiana, se postularon para la Cámara de Diputados.

Casi cuatro décadas después, 103 personas que se sienten identificadas con ese grupo social fueron seleccionados para contender por un puesto en la Cámara de Diputados.

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No obstante, aunque la cantidad de candidatos de las comunidades históricamente discriminadas es mayor a años anteriores, ahora está el reto de la capacitación y la experiencia que los aspirantes tienen para ejercer un cargo público, especialmente los integrantes de la sociedad civil que pasarán a la escena política.

“Ser activista y estar en un puesto de elección popular son cuestiones totalmente diferentes, las habilidades que se deben tener son totalmente diferentes. Por eso es muy importante la capacitación, una persona bien capacitada puede hacer grandes cosas, pero si llega una persona que no conoce cómo se maneja el Congreso federal, difícilmente va hacer algo”, opina Mariaurora Mota Bravo, cosecretaria de la Coalición Mexicana LGBT+.

Mota Bravo no solo destaca las candidaturas para San Lázaro, señala que en total en el país hay más de 100 personas que se postularon para distintos cargos. Uno de los más relevantes es el caso de la gubernatura de Zacatecas, donde Fernanda Perera Trejo, una mujer transexual, compite a nombre de Redes Sociales Progresistas.

Para personas de estos grupos históricamente excluidos, incursionar en el mundo de la política no es sencillo. Con regularidad, los partidos políticos forman a sus integrantes muy jóvenes y posteriormente los lanzan a algún cargo público. Guillermo Hernández, de Coamex, considera necesario que los institutos políticos les abran la puerta para que en futuras elecciones sus aspirantes tengan una mayor preparación.

“Hay que decirlo, por ahora muy pocos activistas son los que tienen la preparación para estar en la Cámara de Diputados y lo que nosotros no queremos es que los candidatos con discapacidad lleguen solo a ocupar una curul y levantar una mano, sino que realmente se inmiscuyan en el quehacer legislativo, en generar propuestas y, sobre todo, visibilizar la agenda de personas con discapacidad”, dice el secretario técnico de Coamex.

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Abel Villanueva, de México Negro, coincide. Reconoce que dentro de las comunidades afromexicanas hay pocas personas que forman parte de un partido político o que tienen conocimiento de cómo se maneja la administración pública. “Esto es muy bueno porque al fin nos voltearon a ver”, dice Mariaurora Bravo. Abel Villanueva agrega: “confiemos en que en un futuro encuentren mecanismos más robustos para que haya una mejor representatividad”.