EU expulsó recién nacidos a México por dureza de políticas de Trump

Una investigación de The Fuller Project y The Guardian descubrió que al menos 11 mujeres migrantes fueron abandonadas en las ciudades fronterizas de México sin actas de nacimiento para sus hijos recién nacidos como ciudadanos de EU desde marzo del año pasado.

El estudio se basa en múltiples conversaciones con abogados que trabajan con migrantes que buscan asilo en la frontera y en una revisión de registros de hospital y de documentos legales. Varios recién nacidos ciudadanos de EU fueron expulsados a México porque sus madres estaban sujetas a la prohibición fronteriza de la era de Trump, una situación que la administración de Biden y Harris se ha demorado en rescindir.

Los activistas sospechan que el número de casos podría ser mayor porque la mayoría de estas “expulsiones” expeditas, como las llamó la administración, se dieron lejos del público y sin la participación de abogados.

Este patrón reciente de remoción de ciudadanos de EU sin actas de nacimiento se ha dado a causa de las políticas migratorias y prácticas de años recientes que han afectado a mujeres y niños de por sí vulnerables, dicen los activistas y los abogados.

Puedes leer: El tráfico de mujeres embarazadas de Islas Marshall a EU para ‘comprar sus bebés’

La “tolerancia cero” de la pasada administración de Donald Trump provocó que más de 5,000 niños fueran separados de sus padres y el aumento de la detención prolongada de los niños. Estas fueron las políticas más visibles, pero sólo fueron la punta del iceberg. Las agencias del ministerio del interior también detuvieron a 4,600 mujeres embarazadas entre 2016 y 2018, número que aumentó en 52% durante esos dos años. Muchas mujeres detenidas reportaron sufrir abortos e  intervenciones médicas intrusivas.

Hélène, una mujer de 23 años de Haití, tenía nueve meses de embarazo cuando cruzó a EU en julio de 2020. Estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza cuando se le rompió la fuente. Los agentes la llevaron a un hospital local en Chula Vista, California, para dar a luz. Estaba contenta cuando su niña nació porque todo había salido bien, contó a Fuller Project y The Guardian  en conversación telefónica apoyada por un intérprete.

Tres días después, las dieron de alta. Hélène recuerda que pensaba que la llevarían con su familia y que le permitirían continuar su solicitud de asilo, dijo. Pero a los 25 minutos ya estaba de vuelta en México, al mismo lugar al que había llegado unos días antes, embarazada, con el terrible calor del verano, después de un viaje de un mes y tres días. Empezó a llorar muerta de pánico. Les rogó en español a los oficiales de Aduana y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, y que la llevaran de regreso a la frontera. Sabía que la entendían, dice. Pero ellos no le respondieron.

La dejaron en el lado mexicano de la frontera San Diego-Tijuana, a un lado de la carretera. No tenía idea ni de qué hacer ni de a dónde ir. Tampoco tenía el certificado de nacimiento de su bebé. Cuando se hizo de noche ella y su bebé durmieron en la calle, al otro lado de la seguridad.

A Hélène le aplicaron la orden Title 42, que se emitió para los Centros de Control de Enfermedades y de Prevención como una de las primeras acciones del gobierno federal en contra de la pandemia del Covid-19 en marzo pasado. La regla les permite “expulsar” sumariamente a todos los migrantes que entraron a EU sin autorización, y no les da acceso a la vía legal para solicitar protección, ni siquiera a los que solicitan asilo.

Las deportaciones expeditas ya se han dado antes en la frontera pero normalmente los migrantes tenían derecho a una revisión de su solicitud de asilo y a ver a un juez de migración en caso de que se enfrentaran a algún tipo de peligro si los regresaban. La Title 42 le permite a las autoridades regresar de forma sumaria. Sin embargo, los agentes pueden hacer excepciones y permitir el acceso en caso de que haya consideraciones humanitarias o de interés público.

“Las agencias de migración tienen la autoridad de evitar que esas cosas pasen pero se rehúsan a hacerlo”, dice Luis M González, un abogado de Jewish Family Services, que ya llevó dos casos en los que las madres con sus hijos recién nacidos fueron expulsados. “Están poniendo en peligro la vida de ciudadanos de EU. En este caso, recién nacidos”.

Te puede interesar: ‘Nos da esperanzas’: migrantes varados en México ante una eventual reforma de Biden

El 2 de febrero, Joe Biden emitió una orden ejecutiva instruyendo a los funcionarios a “revisar pronto” la Title 42 entre otras políticas fronterizas. Pero los abogados están frustrados porque no se ha actuado con mayor velocidad. El 29 de enero, un panel de 3 jueces con tres jueces designados por Trump rechazó una decisión de la corte baja para impedir que la ley se aplique a menores solos.

En un comunicado el martes, Omar Jadwat, director de la American Civil LIberties Union’s Immigrants’ RIghts Project, consideró “preocupante” que las órdenes de Biden “no incluyen acciones inmediatas para rescindir  y dar marcha atrás a las políticas ilegales e inhumanas que su administración heredó y que ahora son suyas”.

Una vocera de CBP, quien solicitó que la información que ella proporcionó se atribuya a la agencia, dice que la agencia no lleva registro de cuántas mujeres con ciudadanos de EU recién nacidos fueron deportadas bajo la Title 42 y declinó a contestar otras preguntas sobre esos casos. “Por política, la CBP no comenta sobre casos individuales por razones de privacidad”, dijo vía email la vocera, que pidió que no se usara su nombre.

Agregaron que: “Los hospitales son responsables de emitir los certificados de nacimiento y la CBP no impide a los individuos, independientemente de su estatus migratorio, adquirir los certificados de nacimiento de los niños ciudadanos de EU”.

La CBP también dijo a un reportero local el año pasado que al menos a una mujer de Honduras le dieron la opción de entregar a su bebé a los servicios infantiles de EU antes de regresarla a México. 

“En realidad eso no es una opción”, dice Mitra Ebadoahi de American Civil LIberties Union of San Diego, quien junto con González de Jewish Family Services, interpuso una queja en el Departamento de la Oficina de Seguridad Nacional en contra del Inspector General el verano pasado para la investigación del caso de esta mujer hondureña.

Te recomendamos: ‘Sólo quería encontrar a mi familia’: El escándalo de los niños robados de Chile

La mujer de Honduras, su esposo y su hijo de nueve años se entregaron en la frontera a los agentes de la patrulla fronteriza en junio cuando la mujer contaba con nueve meses de embarazo. La familia ya había sido deportada a México en marzo cuando se instituyó la Title 42. Durante su estancia en México, sufrieron amenazas por parte de hombres armados y “padecieron gran inseguridad personal y material”, según la queja del 10 de julio.

La mujer ya con el dolor del parto fue trasladada a un hospital en Chula Vista, California, y su esposo y su hijo fueron regresados a Tijuana, una ciudad que el mismo departamento de estado reconoce como peligrosa por el índice de homicidios y guerras de pandillas. Dos días después también regresaron a la mujer y a su bebé a Tijuana.

En otro caso que representó González, una mujer migrante con cesárea, que es un procedimiento invasivo que tarda semanas en sanar, fue regresada a México apenas una semana después de su cirugía, con todo y su recién nacido. Gonzalez consiguió que las autoridades permitieran a las dos familias entrar a EU por motivos humanitarios.

“Ya sé que es un cliché, pero estos procesos tienen una cualidad kafkiana que acaba con la humanidad en las experiencias de los migrantes”, dice Ebadolah. “No encuentro palabras adecuadas para describir el daño que hacen”.

Natalia*, de 24 años, despierta en su departamento en Reynosa, Tamaulipas al otro lado de la frontera con McAllen, Texas, en donde dio a luz a su bebé en abril. Todo el día cuida a su bebita y a su hijo de cuatro años. Si alguna vez puede llegar a EU en el futuro, lo primero que quiere hacer es conseguir el certificado de nacimiento de su hijo, que hasta principios de enero que habló con The Guardian todavía no conseguía.

Las mujeres en su posición pueden enfrentarse a varios problemas. Se les dificulta que vacunen a sus hijos e inscribirlos en las escuelas y tampoco consiguen ayuda para comida ni otros beneficios del gobierno, dice Nicole Ramos, directora de Al Otro Lado’s Border Rights Project, una organización de servicios legales para migrantes.

“Para cualquier intento o propósito, el niño no tiene nacionalidad, lo cual le va a crear una serie de obstáculos… porque no tienen ciudadanía”, dijo Ramos, quien dice que su organización ha trabajado con nueve casos parecidos, incluídos los de Hélène y de Natalia.

En los últimos dos años, se han aglutinado los campamentos en la frontera México-EU en donde las familias permanecen en el limbo debido a las políticas fronterizas de Trump. Estas no cuentan con acceso a servicios básicos como comida, agua potable o asistencia médica.

No te pierdas: Los migrantes que Trump obligó a México a detener: la mejor fotografía de Ada Trillo

Human Rights FIrst, una organización de abogados, tiene documentados 1,300 casos de asalto con violencia, secuestro, violación y asesinato entre migrantes que permanecen bajo los Protocolos de Protección a los Migrantes, que les obliga a permanecer en México para esperar su audiencia con la corte de EU, que por el momento se encuentra suspendida a causa de la pandemia.

En este tiempo, los albergues fronterizos en México se encuentran saturados y los hospitales también. En la desesperación, muchos migrantes han tratado de cruzar a EU, pero los regresan por la TItle 42.

Todas estas políticas colocan a la gente, que ya ha sufrido bastante, en una situación de ciclos repetitivos de sufrimiento, dicen los abogados.

“Queda muy claro que la protección de los derechos de los niños es para los niños blancos y cristianos, no para los niños morenos que nacen de madres migrantes”, dice Ramos.

En enero, mientras jugaba con su bebita, Natalia dijo que le gustaría que los estadounidenses supieran que los agentes fronterizos le dijeron antes de expulsarla a Reynosa que su hija no iba a recibir su certificado de nacimiento porque era hija de migrantes sin derechos. Su hija tampoco iba a tener derechos, le dijeron.

*Los nombres se cambiaron a petición de los abogados porque ambas mujeres están escapando de la persecución.