El tráfico de mujeres embarazadas de Islas Marshall a EU para ‘comprar sus bebés’

Rolson Price todavía busca en Facebook su foto. Él la ha vista ocasionalmente, en la periferia de la foto de alguien más, reconocible al instante. 

Pero no la conoce, y concede que nunca lo hará. 

Todavía no sabe el nombre de su hija. 

Price es una de las docenas de víctimas de una extraordinaria y descarada red de tráfico de humanos que lleva años en operación en el archipiélago de las Islas Marshall y en tres estados de Estados Unidos. El plan involucra atraer a mujeres marshallesas embarazadas a Estados Unidos, con ofertas de 10,000 dólares y la promesa de una vida nueva, si dan a sus bebés, que después adoptan parejas de EU dispuestas a pagar hasta cuatro veces esa cantidad por un bebé. 

Los fiscales creen que se adoptaron al menos 70 bebés de esta manera, “vendidos” como dijo sin ambages la corte, por hasta 40,000 dólares cada uno. 

Paul Petersen, un exfuncionario electo del condado en Arizona de 45 años, se declaró culpable de tráfico de personas, de conspirar para contrabandear inmigrantes ilegales, y de fraude en una corte federal de EU. Lo sentenciaron a seis años en prisión, y se enfrenta a más tiempo por más cargos.

Pero en las Islas Marshall, las familias quedaron con daños irreparables. Padres que nunca conocerán a sus hijos, hijos que se quedan sin madres. 

‘Una bomba dentro de tu casa’ 

“Por años EU soltó bombas atómicas reales en nuestro patio trasero”, le dijo a The Guardian un reportero de Majuro con conocimientos del plan, una referencia al régimen de pruebas nucleares masivas en el siglo XX que devastó el ambiente marshallés.

“Pero esto, esto es como una bomba dentro de tu casa. En tu familia. Destruye todo”. 

Price y su hijo de ocho años Kyhon viven en Uliga, parte de la pequeña pero cercana comunidad musulmana ahmadía, en la periferia de la capital Majuro.

La suya es una existencia dura. Su casa es de piso de concreto, una sola habitación está iluminada por solo un foco y tiene un suministro intermitente de agua fría. Kyhon come la mayoría de sus comidas en la mezquita, que alimenta a familias que de otra forma pasarían hambre. 

A pesar de las privaciones de su vida familiar, hace cuatro años Price estaba emocionado por el inminente nacimiento de su segundo bebé. Él esperaba una niña. 

Le ofrecieron un trabajo temporal en una isla cercana para construir un malecón, con el dinero de tres días de trabajo en la mano, se subió a un bote hacia la isla Kumit. 

Cuando regresó su esposa se había ido, lo dejó con su hijo pequeño. “A Estados Unidos”, le dijo su familia extendida. “Solo se fue”. 

Su esposa nunca regresó. Al principio ella mandaba dinero, y se comunicaban en ocasiones, en línea a través de amigos en común, sobre lo que le podría pasar a su familia.

Pero los mensajes se volvieron menos frecuentes, luego se detuvieron. El dinero se acabó. Price está resignado: ella nunca regresará. 

“Ella obtuvo un pasaporte y se fue. Me enojé, me deprimí, pero no había nada que pudiera hacer. 

Ella quería el dinero. Por eso se fue… porque le ofrecieron dinero. 

“Pero no piensan sobre los que dejan atrás. ¿Por qué le harías eso a familias?¿Por qué él se llevaría a mi esposa y a mi bebé?”. 

‘Una empresa para vender bebés’

En una audiencia virtual en una corte de distrito en EU a principios de diciembre, la mente maestra detrás del plan ilegal de adopción de bebés marshalleses, Petersen, fue sentenciado a 74 meses en prisión y una multa de 100,000 dólares. Como parte de su acuerdo, también pagará casi 680,000 dólares de cuotas y restitución. 

En enero se enfrentará a audiencias en Utah y Arizona por cargos estatales, con el potencial para más tiempo en prisión y más multas. 

Él le dijo a la corte que sus intenciones eran buenas, y lamenta que no verá crecer a sus cuatro hijos mientras este en prisión. 

“A cualquier madre biológica que se sintió engañada, menospreciada, insultada o forzada, le dijo, ‘Lo siento’… Traté de hacer familias felices, y en eso arruiné la mía”. 

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En una entrevista, el abogado de Petersen Kurt M Altman le dijo a The Guardian: “nadie fue maltratado. Esa fue la posición del Señor Petersen todo el tiempo, y eso se ve en la evidencia”. 

Pero el juez de distrito Timothy Brooks fue duro con su condena, llamó a la práctica de Peter “un plan para enriquecerse rápido… escondido bajo el brillo de una operación humanitaria”. 

“Él convirtió lo que debería ser un tiempo maravilloso para todos en una empresa para vender bebés. No vendemos bebés. Esa es la política pública de Estados Unidos de América”. 

Los documentos de la corte que vio The Guardian detallan la naturaleza de la estrategia de adopción que él estableció: meter de contrabando a mujeres embarazadas y sus hijos no nacidos a plena vista. 

Buscar a los pobres y vulnerables

La conexión de Peterson con las Islas Marshall es de hace más de dos décadas. 

En 1998, a sus 23 años, Petersen sirvió en una misión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el archipiélago. En dos años, él aprendió el lenguaje rápido, desarrolló una compresión de la cultura marshallesa, sus fallas y puntos de presión, e hizo buenos contactos en la capital Majuro. 

A su regreso a EU, él puso una agencia de adopción, buscó usar la ventaja de los vínculos cercanos entre EU y las Marshalls. 

Los ciudadanos de las Islas Marshall, un archipiélago en el Pacífico entre Hawai y Papua Nueva Guinea, pueden viajar libremente a EU bajo un ‘convenio de asociación libre’ que firmaron las dos naciones en 1983. 

Después de años de abuso al sistema, en 2003, el convenio se enmendó para prohibir específicamente que las mujeres viajen con el propósito de adopción. 

Pero los registros de la corte muestran que todavía había un mercado de parejas sin hijos en EU que buscan bebés, que pagarían hasta 40,000 dólares a Petersen para “facilitar” su adopción, y mujeres vulnerables en las Marshalls que podrían ser atraídas con promesas de dinero y una vida nueva en EU. 

El sitio web de Petersen alegaba que él podía ayudar a parejas a adoptar niños “sin la involucración directa de… una agencia de adopción o una agencia estatal”. 

La conspiradora de Petersen, la mujer marshallesa Lynwood Jennet, también se declaró culpable de conspiración y robo. 

Jennet dijo que en los seis o siete años que trabajó con Petersen, ella buscaba mujeres pobres y sin educación, algunas trabajaban en campos de prostitución en las Marshalls. Ella dijo que también dio en adopción a dos de sus propios bebés con Petersen como su abogado. 

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Jennet dijo que ella buscaba mujeres embarazadas en las Islas Marshall y se hacía amiga de ellas con ofertas de asistencia y dinero. Ella ponía en orden los documentos de identidad y pasaportes para las mujeres, a veces en días, y viajaba con ellas a EU y las ponía en una casa de seguridad de una serie de estas en Arizona, Utah o Arkansas mientras que esperaban para dar a luz. Las casas estaban llenas, con mujeres que dormían en el suelo, a veces les quitaban sus nuevos pasaportes para que no pudieran irse. 

Jennet también ayudaba a las mujeres a inscribirse ilegalmente a Medicaid, para que el sistema de salud del gobierno de EU cubriera los costos de los nacimientos en hospitales. Una vez que naciera el bebé, Petersen le cobraba hasta 40,000 dólares a las familias de EU para “facilitar” la adopción del niño. 

A las madres biológicas les daban dinero “postparto” por uno o dos meses, y un boleto de avión para las Marshalls, o para otro lugar en EU. Pocas mujeres regresaban a las islas. A las madres biológicas les pagaban entre 7,300 y 10,800 dólares.

No hay nada que sugiera que los padres adoptivos sabían de la ilegalidad de las acciones de Peterson y las autoridades de EU dicen que no hay intenciones de invalidar o revertir ninguna de las adopciones. 

La fiscalía alega que Petersen coordinó al menos 70 adopciones ilegales, esto financió un estilo de vida lujoso: una casa en una comunidad cerrada en Arizona, propiedades para vacaciones, autos de lujo. 

El procurador de EU para el distrito oeste de Arkansas David Clay Fowlkes dice que no hay nada altruista en la práctica de adopción ilegal de Petersen, la describe como “nada más que un plan sofisticado no solo para tomar ventaja de la comunidad marshallesa, sino para quitarle a los posibles padres adoptivos grandes sumas de dinero”. 

‘Rastro de destrucción’

En las islas, el procurador general Richard Hickson dijo que Petersen, “dejó un rastro de destrucción detrás de él”. 

“Hay toda una pila de mujeres y niños marshalleses que están efectivamente sin estado en Estados Unidos”. 

Petersen “se aprovechó de mujeres embarazadas vulnerables que estaban en una situación extremadamente estresante… para su propio beneficio”, dijo Hickson. Y dejó a familias devastadas detrás. 

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En el poblado vecindario Jenrok en Majuro, Richard Lejka espera a que su abuela regrese a casa del trabajo. Él comerá cuando ella este en casa. 

Él se rindió a esperar que su madre y padre regresen. Su madre cayó en la red de Petersen. Ella se fue hace tres años. Su padre la siguió poco después con la intención de convencerla de regresar a las Islas Marshall. Ninguno ha regresado. 

Bajo el cuidado de su abuela y su familia extendida, la vida de Lejka se quedó en un tipo de estasis, una vida familiar alterada, una educación estancada, sin lugar en el mundo. 

Por meses, su familia dice que Lejka le decía a sus amigos “mi padre me va a llevar a los Estados, voy a América, voy a América”. 

Pero ya dejó de decir eso. 

En la cercana Uliga, Rolson Price sabe que hay docenas de otras familias como la de Richard, partidas irreparablemente, en duelo por vidas que no se perdieron pero que les quitaron. Él se balancea entre coraje y resignación. Dice que su esposa y Petersen son igual de responsables.

“Creo que los culpo a los dos… ella decidió irse, pero él vino a tratar de quitarme a mi bebé. Tienen que dejar de destruir familias, tienen que dejar de vender bebés”.